Esta semana el Senado aprobó la ley corta Antiterrorista, propuesta del gobierno de Piñera que busca la modificación de parte del Código Procesal Penal con el objetivo de dar más herramientas a las fuerzas represivas al momento de investigar delitos calificados como “terroristas”.
Con un total de 32 votos a favor, seis en contra y cinco abstenciones, contando con el apoyo oficialista como de senadores de la ex Nueva Mayoría (entre ellos el ex presidenciable “del mal menor”, Alejandro Guillier), se dio paso al trámite legislativo que llevará la iniciativa primero a la comisión de Constitución del Senado.
La medida, negociada desde el gobierno por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, propone modificar el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, el cual contiene los delitos en los cuáles se pueden aplicar técnicas especiales de investigación, para agregar a las que la ley determina como delitos terroristas.
Con esto, se abre la posibilidad que los aparatos represivos y de inteligencia del Estado puedan tomar mayores atribuciones al momento de investigar estos delitos, y de esta forma, tener la posibilidad de interceptar llamadas, utilizar informantes y agentes encubiertos, hasta la toma de fotos y vídeos que puedan conducir a esclarecer los hechos.
Una situación gravísima considerando el prontuario del gobierno de Piñera (y de los gobiernos anteriores de la ex Concertación) a la hora de realizar montajes y encubrimientos de sus operativos policiales, por lo que con la Ley Corta se abriría el abanico de posibilidades para estos agentes represivos.
Claramente, la aprobación de esta Ley sigue la línea represiva del gobierno empresarial de Piñera, ya evidenciada con el aumento en la militarización de la Araucanía, cobrando la vida de Camilo Catrillanca, y con la aplicación de la Ley Aula Segura, un ataque directo a la juventud que se moviliza por mejores condiciones en su educación. Pero que no solo se ha quedado en eso, sino que también ha avanzado hacia las Universidades, con el constante ingreso de FF.EE a los recintos del Cordón Macul, como en el campus JGM de la U. de Chile o en la UMCE, y con ello lograr el control a través de una represión constante de los sectores que se movilizan y luchan frente a los ataques precarizadores de este gobierno de Derecha.
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