César Milani estaba detenido y procesado por el secuestro y torturas sufridas por Pedro y Alfredo Olivera durante la última dictadura militar. Este viernes el Tribunal Oral Federal de La Rioja lo declaró inocente en esta causa. Toda una muestra de impunidad.
El 12 de marzo de 1977, en un operativo dirigido por Milani, Pedro fue secuestrado de su casa. Días después lo dejaron en libertad y se llevaron detenido a su hijo Alfredo.
“Estuve diez días desaparecido. Después me llevan a declarar al juzgado federal, ese traslado lo hace Milani. Él ingresa conmigo a la sala del juzgado, ahí lo reconozco, era el mismo que allanó mi casa” contó Alfredo a este diario.
Las torturas que sufrió Pedro, quien murió en 1999, le produjo una hemiplejia. “Yo vinculo a Milani con todo lo que vivió mi padre, porque él se lo llevó de mi casa”, agrega.
Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país en 1979, Alfredo había sido trasladado a La Plata. Allí volvió a denunciar a Milani. Le tomó declaración el juez de la dictadura de La Rioja, Roberto Catalán. El magistrado que este viernes fue condenado a solo cuatro años de prisión, a pesar de todas las denuncias que pesan sobre él.
En 1984, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, se crea la Comisión Provincial de Derechos Humanos y Alfredo fue elegido secretario de actuación de la misma. En ese contexto volvió a denunciar a Milani. En 1985 la Comisión entrega el documento final al gobierno nacional.
La familia Olivera luchó durante 42 años para obtener justicia. Desde que Milani en 2013 es designado jefe del Ejército, volvieron a mostrar todas las pruebas y denuncias que hicieron ante la Justicia. En estos años fueron acompañados por miles de luchadores contra los crímenes de lesa humanidad, que en todo el país se pronunciaron contra César Milani.
Durante el juicio, que se llevó adelante en los Tribunales de La Rioja, la querella presentó valiosos testimonios, entre ellos declararon los hermanos de Alfredo, que ratificaron que Milani estaba al frente del operativo el día que se llevaron a su padre.
También declaró Oscar Schaller, querellante contra Milani. Este viernes, al conocerse el fallo, sus abogados, Myriam Bregman y Matías Aufieri, lo repudiaron. Ambos integran el CeProDH.
Consultado por este diario, Aufieri sostuvo que “pocos casos concentraron como el de Olivera, la cantidad de pruebas y testimonios contra Milani”. Y agregó que Oscar Schaller también testificó que Milani disponía sobre la libertad o no de quienes como él estaban secuestrados en el "Batallón 141 de Ingenieros Constructores", el regimiento donde cumplía funciones Milani.
Además, Aufieri denunció lo actuado por el Tribunal. “La inspección ocular que semanas atrás se realizó sobre ese regimiento, pese a que el Tribunal acotó la presencia de testigos y hasta del querellante Olivera, verificó la descripción del lugar y de la distribución de calabozos que hicieron los testigos. Con toda esa suma de pruebas y muchas otras más, los jueces determinaron que a los Olivera nadie los arrancó de sus casas ni los secuestró, ni los llevó bajo tortura a declarar ante un juez”.
También se refirió a los fallos que venían dictaminando los jueces. “Parte de este tribunal (Falcucci y Díaz Gavier) ya venía de absolver a ocho genocidas en Córdoba, rechazando las autorías mediatas de ellos en los hechos que se juzgaban, razonamiento que equivaldría a absolver a Videla, Massera y el resto de los altos mandos. Este fallo va a quedar en la historia por lo escandaloso y merecerá todo el repudio de los que continuamos luchando contra la impunidad bajo cualquier gobierno”, concluyó el abogado del CeProDH.
Los archivos de la dictadura, cerrados bajo siete llaves
Durante la dictadura, César Milani cumplió órdenes de los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, este último jefe del III° Cuerpo del Ejército y uno de los que más condenas recibió en los juicios de lesa humanidad.
No obstante, Milani logró impunidad y hasta fue designado como jefe del Ejército por el gobierno que se autodefinía de los derechos humanos.
Sin embargo, si hacemos un recorrido por las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, durante sus 12 años de gestión, lo que sobresale es que, al igual que los gobiernos que lo precedieron, mantuvo los archivos de la dictadura cerrado bajo las llaves de la impunidad.
Si hubiesen entregado los archivos a los organismos de derechos humanos, en primer lugar habrían evitado que las víctimas directas y sus familiares tuvieran que testimoniar, una y otra vez, sobre lo que han padecido durante la dictadura.
También se hubiera impedido que el gobierno de Cambiemos pudiera negar los 30.000 desaparecidos, y que cuestionara la lucha contra la impunidad de los genocidas.
El gobierno de Cristina kirchner, no sólo mantuvo oculto los archivos, sino que además nombró a César Milani como jefe del Ejército, dándole la espalda al reclamo de las víctimas como las familias Olivera, la del conscripto desaparecido, Alfredo Ledo; la de los Schaller; las hermanas Matta.
No abrir los archivos de la dictadura, es una razón de Estado de todo los gobiernos. Si los abrieran tendrían que sentar en el banquillo de los acusados al propio Estado burgués; serían condenado todo el régimen político, judicial, empresarial, eclesiástico, sindical y no solo a los ejecutores: las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Además, los archivos permitirían conocer la cantidad de centros clandestinos que funcionaron dentro de las fábricas, así como el resto de los circuitos clandestinos de detención; se sabría la cantidad de desaparecidos y el destino de los niños nacidos en cautiverio y robados a sus familias biológicas.
Otras de las razones de por qué Milani obtiene este fallo de impunidad, habría que buscarlo en el modo que se diseñaron los juicios de lesa humanidad.
Los juicios que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner, luego de anuladas las leyes de impunidad, tuvieron que atravesar tortuosos procesos judiciales. Demoras por falta de personal en los Tribunales; secretarías colapsadas; dificultades para conformar muchos de los Tribunales Orales y Cámaras Federales; reiteración de juicios a personas ya condenadas; falta de salas para realizar los debates; fragmentación de las causas y elevación a juicio de pequeños tramos con pocas víctimas y pocos imputados.
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), querellante en causas de lesa humanidad, sostuvo desde un primer momento que la única manera eficaz, rápida y económica -tanto en recursos humanos y de tiempo-, era que las causas judiciales se unificasen por circuito represivo donde se pudiera juzgar a todos los represores por todos los desaparecidos. De este modo también se les evitaba a las víctimas y familiares tener que declarar ante cada represor que sentaran en el banquillo de los acusados.
Sabían bien que les llevaría años poder juzgar a todos los responsables de los 30.000 desaparecidos, si los juzgaban individualmente. A 43 años del golpe, mucho de los genocidas mueren impunes, mientras otros siguieron en actividad. Tampoco promovieron la destitución de jueces y fiscales de la dictadura, que aún están en el Poder Judicial.
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Desde la salida de la dictadura hasta hoy, cada gobierno buscó recomponer las Fuerzas Armadas. Más allá de los discursos, y algunos juicios emblemáticos, ninguno se propuso llevar adelante un profundo proceso de verdad y justicia en el que todos los culpables fueran condenados y se supiera qué pasó con todas las víctimas, incluyendo los 400 jóvenes que llevan más de cuatro décadas apropiados.
Por eso hay que ser muy claro: el Juicios a las Juntas, así como la anulación de las leyes de impunidad que permitieron los juicios de lesa humanidad, son un logro conquistado por los organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad, que hasta hoy pelean por juicio y castigo a los culpables.
La exigencia de cárcel a todos los genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos, sigue siendo una lucha del presente. La absolución de Milani requiere sostener una política independiente de todos los sectores políticos patronales que, a pesar de sus discursos, garantizaron la impunidad de gran parte de los responsables del golpe cívico-militar.
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