Este martes 13 de agosto, en la Carrera de Derecho de la UMSA, se llevó a cabo el "Foro contra la persecución política y sindical" que contó con la participación del Rector Waldo Albarracín, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto SITRSABSA, Grover Muñoz, así como su Secretario de Conflictos, Elio Aduviri. También participaron representantes de ADEPCOCA, Lizeth Limachi y Diego Gutiérrez de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Lic. Hernán Clavel, docente de la carrera y abogado laboralista. |
El evento organizado por la Corriente Estudiantil OCTUBRE fue la primera respuesta de solidaridad estudiantil con la lucha que vienen llevando adelante las y los trabajadores aeroportuarios de SABSA así como los productores de coca de los yungas paceños de ADEPCOCA.
El Foro inició con la intervención del Rector de la UMSA, Waldo Albarracín, quien se solidarizó con los perseguidos y procesados, y afirmó que para él el régimen actual es de una dictadura disfrazada de formas democráticas y llamó a unirse e impedir que el desconocimiento de los resultados del 21F se consumen. Por su parte, Hernán Clavel hizo una detallada exposición sobre la naturaleza anti obrera y neoliberal de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y de varias disposiciones laborales que fragmentan la unidad de las filas de los trabajadores y desconocen derechos constitucionales. En sintonía con esto, los abogados de la APDHB, Lizeth Limachi y Diego Gutiérrez, plantearon la gravedad de la situación al observar que ni estando próximos a las elecciones nacionales el Gobierno intenta tener cuidado y mantener las formas democráticas, dejando un serio interrogante sobre cuál será el comportamiento del MAS si llega a ganar las elecciones de octubre. Concluyeron sus intervenciones poniéndose a disposición para colaborar con los difíciles procesos que están enfrentando los dirigentes perseguidos.
Los dirigentes de los yungas denunciaron que en este momento están enfrentando 280 procesos penales además de que nueve dirigentes se encontrarían presos. Así mismo denunciaron que se encuentran en estado de emergencia y de vigilia permanente ya que están sufriendo un acoso y hostigamiento permanente por parte de las fuerzas policiales asentadas en las tres provincias en conflicto así como en su sede de la ciudad de La Paz (Villa Fátima). Tanto el secretario de defensa de las tres provincias como los abogados de Derechos Humanos, denunciaron la irregularidad de los procesos armados como la facilidad con que el ministerio Público "fabrica" pruebas para detener, procesar y encarcelar a los dirigentes. Esto queda muy bien graficado, como denunció uno de los dirigentes de ADEPCOCA, no solo en lo que fue la ilegal detención y encarcelamiento de Franklin Gutiérrez que lleva ya un año preso, sino también en la reciente detención y encarcelamiento -en la ciudad de Oruro-, a Sergio Pampa, quien fue acusado de asesinato sin pruebas y sobre la base de declaraciones de militantes afines al MAS, siendo que se encontraba en un lugar distinto al de los hechos.
Por otro lado, los dirigentes aeroportuarios señalaron que por haber exigido el incremento salarial aprobado el 1ro de Mayo por el Gobierno, la empresa SABSA al mando del ex ministro de Obras Públicas y actual Gerente de la empresa, Milton Claros, han iniciado dos procesos penales distintos contra los once dirigentes del sindicato del Aeropuerto de El Alto. Las acusaciones son las de haber “atentado a la seguridad de los servicios públicos” con penas que van hasta ocho años de cárcel. Esta acusación por parte de la gerencia peca de falsedad absoluta ya que como expresaron los dirigentes y los medios de prensa en su momento, las protestas realizadas por las y los trabajadores no solo que se realizaron fuera del aeropuerto o en áreas aledañas, sin ni siquiera volquear las rutas, pero sin embargo, la fiscalía acepta esta falsa denuncia para facilitar la tarea de judicializar el derecho a la protesta y la organización sindical. Así como de “daño económico al Estado”, por haber hecho uso del “fuero sindical” garantizado en los derechos políticos de la Constitución Política del Estado. La causa de esta última acusación se sustenta en el hecho de que el sindicato no tendría la resolución ministerial que formaliza el reconocimiento estatal a la función sindical, es decir, es el Estado el que no emite la resolución y es el mismo Estado el que acusa para perseguir a los dirigentes.
Cerró el evento, Carlos Cornejo, estudiante de derecho y militante de la corriente estudiantil OCTUBRE quien señaló que este fenómeno de judicialización de la política y persecución sindical es un fenómeno que recorre todo el continente y que la clave pasaba en forjar mayor unidad entre los sectores en lucha y perseguidos, unidad que debe ser construida de manera independiente de la influencia del oficialismo pero también de la oposición de derecha, ya que son estos últimos quiénes empezaron con la fragmentación y precarización de las y los trabajadores con leyes que hoy el MAS profundiza y extiende a otros sectores. Concluyó llamando a la solidaridad y a organizar nuevas y más acciones para defender a los perseguidos. |
