El pasado miércoles se votó la iniciativa de ley que pasa a su segundo trámite en el Congreso, con 73 votos a favor y 55 en contra, pasando ahora al Senado.
La polémica se abrió tras el cuestionamiento a los parlamentarios por sus lazos con empresas inmobiliarias, pero además por que gran cantidad de diputados cuentan con más de 5 viviendas.
Si bien este proyecto pretende incentivar la edificación de viviendas para familias que requieren subsidios estatales, es un proyecto que favorece el negocio de empresas inmobiliarias y grandes constructoras, que son la que pueden invertir en negocios de gran envergadura.
Este traje a la medida de las inmobiliarias permitirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo modificar los Planes Reguladores Comunales para crear nuevos espacios productivos permitiendo la edificación de altura y aumentando la densidad de los suelos.
Los parlamentarios fueron cuestionados por sus lazos con estas empresas y no haberse inhabilitado para votar. Sin embargo, mas allá de la inhabilitación de los parlamentarios, salta a la vista la relación que mantienen los diputados con los negocios inmobiliarios.
Los parlamentarios que figuran con participación en sociedades inmobiliarias o constructoras son Ramón Barros, Catalina del Real, René García, Pablo Kast, Sebastián Keitel, Issa Kort, Javier Macaya, Patricio Melero, Christian Moreira, Luis Prado, Diego Paulsen, Juana Santana y Matías Walker; también con participación pero que votaron en contra están Ignacio Urrutia, Boris Barrera, Natali Castillo, Sofía Cid, Jaime Mulet y Jamie Tohá. Además de una extensa lista de diputados con más de 5 propiedades.
Con esto vuelve el cuestionamiento al parlamento por las relaciones con los negocios empresariales, despertando a los fantasmas de PENTA y Soquimich, que atormentaron a la casta de políticos y parlamentarios que se hacen millonarios mediante este tipo de negocios. | 
