Ya van cinco días de incendios forestales en el Departamento de Santa Cruz. El fuego arrasó con cientos de miles de hectáreas de bosque seco en la Chiquitanía y amenaza con acabar invaluables ecosistemas como la reserva y valle de Tucavaca en Roboré. Otro de los incendios ya llegó a la frontera con Paraguay.
Recién este sábado, a días del incendio, se declaró la incontrolable situación como “desastre departamental”. Mientras la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), que fue la instancia que autorizó las "quemas controladas" -al amparo del reciente Decreto Supremo que autoriza el desmonte de bosques-, señala que se penalizará con cárcel a los responsables del fuego, la "Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas” CONTIOCAP, responsabiliza al Gobierno ya que la causa directa que provocó este desastre ambiental es la política de ampliación de la frontera agrícola y pecuaria impulsada por el Gobierno en alianza con los con sectores ganaderos, agroindustriales y colonizadores.
Recordemos que el 9 de julio, Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 3973 en el que avala el "Desmonte de Bosques" para extender la frontera agropecuaria con fines ganaderos para la exportación de carne a China. Esta medida avala el desmonte de bosques tanto en tierras privadas como comunitarias bajo la excusa de un “manejo integral de bosques y tierras”. De esta manera, la autorización de “chaqueos controlados” como denunció la CONTIOCAP es la que ha generado la actual situación de crisis ambiental con invaluables pérdidas.
Este escenario se agrava por la tardía y lenta respuesta de autoridades departamentales y nacionales que decidieron tomar cartas en el asunto cuando el fuego ya había destruido prácticamente Roboré. Como se puede ver esta situación no es un desastre “natural” sino que es absoluta responsabilidad de las autoridades departamentales y nacionales por haber autorizado los supuestos “chaqueos controlados” y darle todo tipo de ventajas a los empresarios agroindustriales y ganaderos que vienen tratando a todo el Oriente como si fuera su hacienda.
Pronunciamiento público de la CONTIOCAP
Ante el desastre de los incendios forestales, particularmente en la Chiquitanía, afectando centenas de miles de hectáreas del singular Bosque Seco Chiquitano y amenazando a invaluables ecosistemas como la reserva y valle de Tucabaca en Roboré, la COORDINADORA NACIONAL DE DEFENSA DE TERRITORIOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS Y ÁREAS PROTEGIDAS – CONTIOCAP eleva este pronunciamiento a la opinión pública:
1. La dimensión y el descontrol de estos incendios tienen una causa y unos responsables. La causa directa es la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, promovida por el gobierno central, en alianza con sectores ganaderos, agroindustriales, colonizadores afines al gobierno. Toda la devastación que se sale de control y ya tiene características de un desastre ambiental y social, es fruto de una política económica irracional de ampliación de monocultivos (soya y caña) y mayor extensión de la ganadería, que, está comprobado, no solo no resuelve los problemas de soberanía y seguridad alimentaria, sino terminan liquidando nuestra riqueza de biodiversidad y acceso sostenible a recursos vitales como el agua, inviabilizando otras actividades económicas sostenibles, y generando riqueza solo para unos pocos, y mayor pobreza para la mayoría de la población.
2. La actual situación de emergencia amerita medidas de solución urgentes. La primera, activar los protocolos de declaración de zona de desastre y gestionar inmediatamente la asistencia internacional, puesto que los recursos y logística departamental y nacional ya han sido rebasados.
3. Hacemos un llamado al gobierno central, para que atienda con toda la dedicación, logística y los recursos que exige el desastre en la Chiquitanía. Es absolutamente irresponsable que el gobierno esté sumergido en sus actividades electorales en esta situación de desastre.
4. Exigimos al gobierno central derogar la Ley 741, el Plan de Desmontes de hasta 20 Hectáreas (PDM 20) y el D.S. 3973 que legalizan quemas en un contexto de descontrol de la especulación de tierras para la ampliación de monocultivos industriales, sin evidencia alguna de sostenibilidad, y que además han debilitado, de manera irresponsable, la racionalidad de los planes departamentales de uso de suelo (PLUS).
5. Exigimos al gobierno central y a los gobiernos departamentales dejar sin efecto la ampliación de la frontera agropecuaria en tierras que deben preservar su función no-agropecuaria, asegurando los servicios ambientales necesarios que estas tierras y territorios cumplen para beneficio de toda la población actual y las futuras generaciones.
6. Hacemos un llamado a la sociedad civil para asumir una posición de defensa de las áreas protegidas, los ecosistemas, los territorios que aseguran el sostenimiento de la vida.
CONTIOCAP
“LUCHAR POR EL TERRITORIO ES LUCHAR POR LA VIDA”
Bolivia, 18 agosto 2019
| 
