Unas 100 familias decidieron durante la mañana del lunes ocupar terrenos cercanos al ferrocarril en el barrio Spurr en reclamo de una casa propia. Los vecinos no bajaron los brazos luego del desalojo y detención hace un tiempo de 19 personas del primer grupo. Se organizaron y volvieron a reclamar, esta vez al municipio: se encontraron con la indiferencia de los funcionarios y la negativa a darles una respuesta y por eso decidieron comenzar nuevamente la ocupación y delimitación de los terrenos.
Bahía Blanca es conocida por tener uno de los porcentajes más altos de desocupación cercana al 9%, sin contar los que hacen changas o que ya no buscan trabajo porque no encuentran. Quien todavía trabaja lo hace precarizado (1 de cada 3) o directamente en negro sin ningún derecho (1 de cada 4). Si a esto le sumamos que 11 mil familias (unas 50 mil personas según medios periodísticos) tienen problemas de vivienda, la situación se torna insostenible.
«¿Por qué hay que pagar un alquiler de 6 mil pesos o más, para vivir en una pieza o casa que muchas veces no tienen lo mínimo indispensable?»
¿Como pretenden el intendente y los concejales oficialistas y opositores que cobran sueldos millonarios, que una familia que necesita 32 mil pesos para llegar a fin de mes pueda vivir con un sueldo de 12 o 13 mil pesos, o directamente de changas? ¿Por qué hay que pagar un alquiler de 6 mil pesos o más, para vivir en una pieza o casa que muchas veces no tienen lo mínimo indispensable?.
A minutos del barrio Spurr y esta dura realidad, el puerto de Ingeniero White exporta por año 15 millones de toneladas de cereales y productos varios, que dejan 2 mil millones de dólares de ganancia neta. Esta cantidad inmensa de dinero equivale a construir aproximadamente entre 50 y 60 mil viviendas, más de 5 veces la necesidad habitacional de la ciudad.
El Secretario de Gobierno municipal Fernando Compagnoni dijo que hay “que defender la ley”, dando a entender que van a usar la fuerza para desalojar. El Estado debe garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los que reclaman en este momento. Las familias deben recibir el terreno con su correspondiente escrituración y los materiales necesarios para construir las viviendas.
Hay que impulsar en toda la ciudad un plan de construcción de viviendas y servicios básicos, que solucione el problema habitacional y le de trabajo a los miles de desocupados. Que sean los propios vecinos y los trabajadores involucrados los que administren y controlen los recursos utilizados. El dinero necesario debe salir de tasas e impuestos extraordinarios a las enormes ganancias de las empresas del puerto y polo petroquímico.
El gobierno municipal es responsable de cualquier medida represiva o judicial contra las familias de Spurr. Llamamos a todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas de los trabajadores a rodear de solidaridad a estas familias y apoyar su reclamo.
