Hace más de dos meses que no hay sesiones. El macrismo y el peronismo, que podrían garantizar quórum, no convocan. El PTS en el Frente de Izquierda exige que el parlamento se reúna de emergencia para discutir y votar medidas ante la crisis social y económica. Aquí presentamos algunas de sus propuestas.
La caída de la actividad económica, que va a cumplir dos años consecutivos en diciembre, significa para muchos la pérdida o suspensión de sus puestos de trabajo, junto a salarios y jubilaciones que no alcanzan, mientras aumentaron exponencialmente las tarifas de servicios públicos. Sin dudas, hay un empeoramiento de las condiciones de vida. La pobreza ya supera el 35 %.
El “golpe de mercado” luego de las elecciones primarias -que implicó una devaluación de entre un 25 % y 30 %-, fue convalidado tanto por Macri como por Alberto Fernández, que consideró “razonable” un dólar a $ 60. La inflación está destrozando el poder de compra de los salarios. Lo único que parece importar para los partidos patronales es la voluntad de un puñado de especuladores y acreedores de deuda, denominados “mercados”.
Al mismo tiempo, el Congreso está prácticamente paralizado. Cambiemos y el peronismo hacen la vista gorda frente a temas urgentes que afectan al pueblo trabajador. La última sesión en Diputados tuvo lugar hace dos meses, el 26 de junio, poco después del cierre de listas. Muy difícilmente vuelva a sesionar antes de las elecciones de octubre.
Mientras más de la mitad de los asalariados no llega a cubrir la Canasta Familiar, diputados y senadores siguen percibiendo dietas cercanas a los $ 200 mil pesos mensuales, muy alejados de lo que gana cualquier trabajador. Viven como los gerentes de las grandes empresas y garantizan las leyes favorables a los grandes empresarios, banqueros, terratenientes y operadores de bolsa, entre otros.
En el contexto actual de fuerte golpe contra las condiciones de vida de las grandes mayorías, la izquierda ha planteado tres medidas de emergencia que son la anulación de los tarifazos y la vuelta a valores de 2016; que los salarios suban automáticamente al mismo nivel que los precios (indexación de salarios) y la toma de cada empresa que cierra o despida para preservar los puestos de trabajo.
Algunas de estas propuestas han sido antes planteadas en el Congreso Nacional por parte del Frente de Izquierda. Repasemos algunas.
Tarifas: El proyecto de anulación de tarifazos y creación de una Comisión para la auditoría y balance de empresas de servicios públicos concesionadas promueve que se congelen los cuadros tarifarios en energía eléctrica, transporte público, gas domiciliario, agua potable y cloacas domiciliarias, y se retrotraiga la situación de las tarifas a 2016. Esto hasta tanto una Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas compuesta por trabajadores y técnicos informe sobre los resultados de la Auditoría técnica y administrativa.
Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista. Por ello, se plantea también la nacionalización de los servicios públicos, lo cual fue acompañado de otro proyecto para la expropiación y nacionalización de la industria hidrocarburífera, bajo control de los trabajadores y el pueblo pobre. Esta medida implicaría un acto de soberanía nacional elemental, para revertir de una vez por todas las privatizaciones -que se mantuvieron desde el menemismo- y avanzar hacia una matriz energética sustentable y diversificada.
Aumento de emergencia de 30 % para salarios, jubilaciones y asignaciones: El proyecto presentado por Nicolás del Caño propone la recomposición urgente de los ingresos de los salarios de trabajadores registrados y no registrados; del sector privado y del público; las jubilaciones y los beneficiarios de Anses con un aumento del 30 %. Así también vincular los mismos con una cláusula gatillo automática frente a la inflación, de manera que por cada punto que suban los precios mes a mes, los salarios suban en igual proporción.
Esta medida busca evitar el deterioro de los salarios, las jubilaciones y las asignaciones por hijo, así como preservar el poder adquisitivo ante los embates de la inflación. Debe tenerse en cuenta que los salarios ya acumulan una pérdida de un 20 % desde 2015 a la fecha, a lo cual se agrega el profundo impacto de la devaluación reciente, cercana al 30 % en los precios.
Prohibición de despidos y suspensiones: El proyecto establece la prohibición por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, de despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia. “Esta prohibición se aplicará sobre todas las trabajadoras y trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sean contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual”, indica el proyecto. Para resguardar los puestos de trabajo en las empresas que cierren, la izquierda propone su estatización y puesta en producción por sus propios trabajadores.
Otros proyectos: empleo, jubilaciones, cooperativas
Entre los proyectos económicos presentados por la izquierda puede destacarse el que refiere a la registración laboral, para terminar con el mal llamado “trabajo en negro”. O el que propone cortar de raíz la precarización que sufren miles de jóvenes, derogando la legislación de los contratos por tiempo indeterminado y el famoso período de prueba.
También desde la banca del PTS en el FIT-Unidad cuentan con un proyecto de ley estableciendo el pase a planta permanente de todas y todos los trabajadores que lo hacen en el ámbito público, para terminar con el fraude laboral en el seno del propio Estado.
En cuanto a las cooperativas y gestiones obreras, presentaron dos proyectos: uno de compras privilegiadas para cooperativas y empresas recuperadas, y otro para declarar la emergencia económica en materia de prestación de servicios públicos para cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas.
Por su parte, en relación a las jubiladas y jubiladas, que en su mayoría perciben haberes por debajo del valor de la Canasta del Jubilado, el proyecto previsional presentado por Del Caño cuestiona esta dura situación. Propone que ningún jubilado y/o pensionado perciba menos de lo que cuesta la Canasta para el sector y también busca garantizar el derecho histórico al 82 % móvil del mejor salario en actividad para jubiladas/os y pensionadas/os. Plantea asimismo que todas las personas que alcancen la edad de jubilación puedan acceder a ese beneficio, reconociendo su verdadero aporte a la sociedad trabajando afuera y en el hogar, sin importar durante cuántos períodos el empleador lo tuvo en blanco.
Así también, otro proyecto se propone derogar las jubilaciones y pensiones de privilegio para una casta especial de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos. Dos de esas leyes fueron sancionadas por los dictadores Videla y Bignone, respectivamente, y aún siguen vigentes. Asimismo, el proyecto plantea que todos los beneficiarios de las mismas pasen al régimen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones como cualquier otro trabajador.
Por último, cabe mencionar el proyecto destinado a las y los estudiantes, docentes y no docentes, para quienes se prevé una ley por un boleto educativo gratuito, para favorecer el acceso a una educación pública, gratuita, laica y de calidad.
Como ya lo señaló públicamente Nicolás del Caño, la izquierda propone que el Congreso Nacional sesione de urgencia para discutir y votar normas que eviten mayores golpes económicos contra la población trabajadora. Los proyectos antes detallados son solo algunas de sus propuestas para ese debate.
Hasta el momento, pese al creciente empobrecimiento popular, ninguno de estos proyectos fue tratado siquiera en una comisión de trabajo. Esto ocurrió por decisión política de los bloques mayoritarios. Es decir, de Cambiemos y el peronismo, fuerzas que no dudaron a la hora de votar la reforma contra los jubilados o el pago a los fondos buitre.
El Frente de Izquierda ha planteado enfrentar el brutal ataque contra el pueblo trabajador en las calles. Este jueves el sindicalismo combativo y la izquierda marcharon hasta Plaza de Mayo para denunciar los golpes económicos y exigir a las centrales sindicales un paro nacional activo de 36 horas, que sea el inicio de un plan de lucha hasta derrotar el ajuste.
Las consecuencias de la crisis nacional no pueden recaer otra vez sobre las mayorías populares, mientras una minoría compuesta por bancos, especuladores de la deuda, agroexportadores y grandes empresarios aumentan sus ganancias. De lo que se trata es de invertir las prioridades.
