Esta sentencia marca un antecedente jurídico importante en el proceso de criminalización de las protestas sociales en Perú, ya que hasta la fecha ningún líder de los conflictos sociales había sido sentenciado por haber liderado o sido vocero de estos procesos de lucha. Llama poderosamente la atención que las ONGs, que dicen defender los Derechos Humanos como la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos CNDDHH, no denuncien este hecho.
Recordemos que el “Aymarazo” se dio en el año 2011 en Puno, el mismo año que se desarrolló el “Congazo” en Cajamarca. Ambos fueron conflictos socio-ambientales en oposición a las instalaciones de mega proyectos mineros. En Puno, el conflicto se desarrolló en mayo luego de darse la promulgación del Decreto Supremo N°083 a finales del segundo Gobierno del entonces presidente Alan García, quien autorizó las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito.
En esa lucha, Walter Aduviri lideraba el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, a través del cual los pobladores y campesinos de esta región altiplánica cuestionaban las actividades extractivas de la minería, ya que consideraban que estas perjudicaban sus actividades agropecuarias y además generaban la contaminación de sus aguas. Los pobladores realizaron muchas acciones para presionar al Gobierno central y a la empresa minera a fin de que desistan en sus pretensiones de instalar el proyecto minero ya señalado, sin embargo, la acción más contundente se desarrolló el 26 de mayo, cuando los manifestantes, ante las negativas de las autoridades locales y nacionales, incendiaron los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Es a partir de este hecho que ha Aduviri se le inicia un proceso judicial para sancionar su participación en esta protesta social.
Walter Aduviri, el año 2018 fue elegido Gobernador Regional de Puno, una de las regiones más pobres del Perú. Su triunfo electoral, sin lugar a dudas, es un reconocimiento popular a la lucha que lideró el año 2011. Por esa razón, desde que inició su mandato fue muy incómodo para el Gobierno y más ahora que en la macro región sur se han empezado a desarrollar una serie de conflictos sociales, como los del valle de Tambo, Moquegua, el corredor minero, entre otros, que cuestionan el accionar de los megaproyectos mineros y la política de reactivación económica del presidente Martín Vizcarra que le concede una serie de beneficios al gran capital minero.
Por esa razón y más allá de nuestras diferencias políticas, no podemos dejar de solidarizarnos con Walter Aduviri y rechazar esta sentencia judicial que lo que busca en realidad es crear los precedentes jurídicos necesarios para poder encarcelar a quienes impulsen la movilización social para rechazar los intereses de las grandes empresas de la megaminería y de los gobiernos pro patronales. |
