Tras cursarse multas a las instituciones correspondientes en 2012, el 2015 pasan a juicio los actores individuales de los hechos, quienes son 10 ex-ejecutivos de las farmacias los que pasan a juicio oral como imputados por colusión entre diciembre del 2007 y abril del 2008, por haber faltado a la libre competencia y subir coordinadamente los precios a más de 200 medicamentos de uso popular.
Los acusados son los ejecutivos de Salcobrand, Roberto Belloni, Ramon Ávila, Mehilin Velazquez, Claudia Carmona y Judith Carreño. De Farmacias Ahumada a Sergio Purcell y Ricardo Ewertz. Y de Cruz Verde a Ricardo Valdivia y Cristián Catalán. Además, de Mario Zemelman de Laboratorio Medipharm.
Así, aunque la Defensa pidió suspender el proceso aludiendo a que el caso había sido juzgado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el año 2012 y que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema, Fiscalía a cargo exigió 5 años de cárcel para los imputados, en donde la defensa solicitó dejar fuera los e-mail de los imputados, pero esto es rechazado.
A esto, en Marzo del 2015 la ex-presidenta Bachelet presenta un proyecto de ley para que las penas a la colusión sean de 5 a 10 años de cárcel, mientras se continúa el proceso penal. En Julio del mismo año, la decisión de la corte se divide, en que no se puede sancionar ya que no hay figura penal de colusión, y por otro lado, un juez quien menciona si es posible acreditar la coordinación de los precios, y en donde se falla a absolver, es decir, quitar los cargos a los imputados.
Posteriormente, en Mayo del 2018, Piñera designa a un multado por colusión de farmacias como presidente de Codelco, Juan Benavides, quien fue director de Farmacias Ahumada y quien parlamentarios de la DC se limitaran a presentar una solicitud de impugnar el nombramiento, y en donde el gobierno y el senador Andrés Allamand (RN) salieran en su defensa.
Frente a esto, cabe cuestionar la fiabilidad a las instituciones actuales, en su manejo y efectividad, en donde los gobiernos correspondientes han manteniendo la impunidad con una ley al servicio de los intereses de los grandes capitalistas, y a costa de los derechos del conjunto del pueblo trabajador.
Esto vuelve necesario y de primer orden, confiar en las fuerza de los trabajadores en las calles, con métodos históricos, como son las marchas y paralizaciones. |
