Para nadie pasó desapercibido el informe de la Cámara Chilena de la Construcción el cual determinó que los precios de las viviendas han aumentado en un 67% desde el año 2011.
Este estudio, además, mostró las dificultades para acceder a una vivienda en la ciudad de Santiago la cual quedó calificada como “severamente inalcanzable” según la llamada Escala de PIR, la cual mide los años en que una familia debe destinar su salario para el pago de una vivienda, quedando por encima de ciudades como Manchester o Dúblin en el Reino Unido.
La dificultad para acceder a la vivienda, según el informe, no está solo en Santiago, en ciudades como Temuco, Concepción, la Serena o Valparaíso también está el rango de “severamente no alcanzable”.
En virtud de lo anterior no es extraño que los arriendos de viviendas hayan aumentado a niveles que no se veían desde los años 80.
Ante estos datos es aberrante que mientras los empresarios inmobiliarios han hecho negocios enormes en base a la necesidad de la vivienda, sean miles de familias las que viven en campamentos, allegados o bien en condiciones de hacinamiento, o esperando por años subsidios.
Una fotografía de un país profundamente desigual, en donde los empresarios se hacen ricos a costa de nuestros derechos, sin que el Estado sea capaz de invertir en las viviendas de la población.
Sin embargo, podríamos ponerle fin al enorme déficit de vivienda si pudiésemos impulsar planes de viviendas sociales que estuviesen financiados por impuestos a las grandes empresas inmobiliarias, las mismas que han lucrado por años con nuestros derechos, y mediante la renacionalización de nuestros recursos naturales, con los cuales además podríamos darle solución a mas demandas, como salud, educación y pensiones.
Lo anterior ha de ser una discusión de toda la población, por lo que para impulsarlo es necesario desarrollar una Asamblea Constituyente, que de manera libre y soberana logre imponer sus mandatos en base a la movilización, la cual discuta de todos los grandes problemas de la nación y de como darles salida favorable a las familias trabajadoras, migrantes, jóvenes y pueblos originarios. | 
