Lo afirmó Amalia Ortega, madre de Luz Gomez, víctima de una causa armada por la policía, impulsora de la marcha contra el gatillo fácil en Jujuy donde se aplica un código contravencional que refuerza el aparato represivo del estado.
Fue el martes en el marco de la quinta marcha contra el gatillo fácil y la tortura que se dio simultáneamente en distintas ciudades del país. En Jujuy junto a Amalia Ortega, familiar de víctimas de violencia institucional, movilizaron referentes de derechos humanos como Nora Ferreira, Mercha Salazar, Nancy Morales, organizaciones sociales y políticas, Andhes, ATD, FOL, La Dignidad, organización Torres, abogados del CeProDH, y el Frente de Izquierda Unidad, entre otros. También estuvo presente la madre de Pablo Oviña, quien fuese fusilado, al igual que Gonzalo Calderón, por la policía de la provincia en las tierras de Blaquier, caso que quedó totalmente impune.
Amalia Ortega, mamá de Luz Gomez, victima junto a Diego Romero de una causa armada, quien fuese la portavoz del acto leyó un documento donde afirmó:
“…Son tantos los casos de gatillo fácil y de causas armadas, son tantos los jóvenes que murieron y siguen muriendo por homicidios por miembros de fuerzas de seguridad, es decir del Estado, que ya nos es imposible redactar la lista…Estamos hablando de casi 6500 casos desde el año 1983…Estamos hablando de muertos y jóvenes encarcelados en democracia. Jóvenes muertos por fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y municipales. Fuerzas de seguridad que legalmente responden en forma directa a los gobernantes políticos y funcionarios judiciales…”
Amalia Ortega
“¿Qué clase de democracia es esta donde las fuerzas de seguridad arman causas o asesinan impunemente con anuencia y complicidad de todos los que nos gobernaron en nación y las provincias desde hace 40 años?”, enfatizó Amalia.
“…el gatillo fácil, las causas armadas a los pibes pobres y las muertes en lugares de detención son una política de estado…”
Represión y gatillo fácil en el norte del país
Los casos recientes de gatillo fácil en el norte del país como el de Silvia Maldonado, una adolescente de 17 años de Santiago del Estero, mamá de un bebé de dos años y otro de dos meses de vida, que se negó a que allanen su casa sin orden judicial y recibió un tiro en la cabeza, el de Facundo Ferreira de 12 años asesinado por la policía de Manzur en Tucumán o el de Cristian Gallardo, joven de 23 años oriundo de Embarcación, quien murió hace unos días por los golpes recibidos por la policía de Urtubey en Salta. Todos estos casos dejan reluciendo el accionar de la policía de cada provincia envalentonada con los jóvenes pobres por la doctrina Chocobar de Bullrich que está extendida como política de Estado en todo el país.
La impunidad de los asesinatos a quema ropa Pablo Oviña y Gonzalo Calderón, en Libertador Gral. San Martín, de “sonrisa” en San Pedro de Jujuy, casos en Abra Pampa, Tilcara o barrios de la capital jujeña, son ejemplos que la policía, la justicia y el estado pretenden silenciar y dejar impunes en la provincia.
El cógido contravencional votado por el PJ y Cambia Jujuy en la provincia, profundizó la política represiva hacia sectores que luchan, la juventud y los más pobres. Son constantes las denuncias de persecución policial de la policía a los jóvenes en los barrios, a quienes los levantan por portación de cara, porque están en las esquinas o en las plazas. En Palpalá las y los jóvenes son persuadidos e incluso detenidos si los encuentran en las plazas pasadas las 10 de la noche.
A través de la contravención accionan para criminalizar a los que luchan, como sucedió con los estudiantes del CEIJAs, y a Valentina Melo, estudiante solidaria de la juventud del PTS, quien afrontaron un juicio contravencional por manifestarse en una vereda por el derecho a terminar la secundaria. O como sucede con sindicatos, organizaciones sociales y políticas como el Frente de Izquierda, quienes tienen causas contravencionales, por manifestarse en el marco de un paro convocados por sindicatos provinciales, durante el inicio de las sesiones legislativas en el 2018.
La política de ajuste hacia las mayorías que pretende imponer el FMI, avalada por el macrismo, el gobierno de Gerardo Morales y la oposición peronista es un ataque a los derechos de los sectores populares que sólo pueden llevarse adelante con represión. No es casual que la mano dura sea para quienes padecen las peores consecuencias de las políticas de ajuste como es la juventud, donde 9 de cada 10 jóvenes trabajan en negro en la provincia y la pobreza supera el 30% afectando sobre todo a jóvenes y mujeres.
Por eso desde el PTS Frente de Izquierda Unidad sostenemos la responsabilidad del Estado como responsable de la política represiva a los jóvenes, los sectores populares y a los que luchan. Contra la doctrina Chocobar y la baja de la edad de imputabilidad, exigimos también la derogación del código contravencional y leyes represivas, y nos sumamos al reclamo de los familiares por juicio y castigo, y terminar con la impunidad del Estado.
