En un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), se detalla quiénes son los que están siendo investigados, tanto en esta etapa de instrucción como de elevación a juicio.
Son un total de 48 personas, que en más del 50 % eran jueces o juezas durante la dictadura; el 20 % tenían cargo de secretarios; el 19 % eran fiscales y el 8 % defensores oficiales.
De los imputados tan sólo once fueron condenados, de los cuales ocho se desempeñaban como jueces al momento de los crímenes.
El total eran 59 pero la impunidad garantizada por todos los gobiernos hizo que murieran imputados pero impunes 11 integrantes del Poder Judicial, responsables de delitos de lesa humanidad.
Juicios a cuentagotas, impunidad corporativa
Salta, La Rioja, Mendoza y Chaco son algunas de las provincias en las que se están desarrollando o recién terminaron debates orales y públicos con ese objeto.
En salta, ante el Tribunal Oral Federal N° 2 comenzó hace pocos días el juicio contra el ex juez federal de esa provincia Ricardo Lona, acusado de los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone.
La imputación señala que su accionar garantizó la impunidad a los autores y partícipes del hecho, en el que resultó asesinado un hombre y herida una mujer testigos del ataque.
Hace unas semanas terminó el juicio por los delitos sufridos por 14 víctimas en La Rioja. Una de las condenas recayó sobre el ex juez federal Roberto Catalán, nombrado como juez Federal de La Rioja por Videla en 1976.
Catalán fue hallado culpable de encubrimiento y condenado a cuatro años de prisión (se dio por cumplida su pena por el tiempo que pasó en prisión preventiva), pero fue absuelto por el secuestro y cautiverio de Alfredo Olivera y Verónica Matta.
El juicio se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, el mismo que dejó absuelto al genocida Milani hace unas semanas en la misma causa que a Catalán.
En San Juan está siendo juzgado Juan Carlos Yanello, quien era fiscal federal y llegó al debate oral acusado de ser partícipe primario de homicidio agravado (13 casos), privación abusiva de la libertad (65), tormentos agravados (63), robo y violación (2) cuando ejercía el cargo. Esta causa es la conocida como Megacausa III, que tiene 35 acusados.
El julio comenzó en Chaco ante el TOF de Resistencia, el juicio al exfiscal federal Domingo José Mazzoni y un oficial penitenciario. Se los imputa por cinco hechos de privación ilegal de la libertad y cuatro por imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político; a ello se le suma incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad e incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento.
En este proceso estuvieron vinculados -con procesamiento firme- el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el también ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron impunes antes del inicio del debate.
El Ministerio Público Fiscal había señalado en su requerimiento de elevación a juicio que los entonces funcionarios judiciales habrían ofrecido “el aporte necesario para que el personal policial y/o militar pueda llevar adelante la ejecución de los delitos”. Esa “inacción de la Justicia Federal de Chaco”, consistente en no realizar las investigaciones respecto de las denuncias que llegaban a su conocimiento, dio “un marco de impunidad”.
Los privilegios y la impunidad del Poder Judicial
El Poder Judicial ha sido partícipe de la dictadura genocida y sus integrantes responsables de crímenes de lesa humanidad, y en la inmensa mayoría de los casos han conservado impunidad.
Además mantienen privilegios con ingresos altísimos por los que ni siquiera pagan ganancias. Para ejercer su poder y disfrutar de sus privilegios, nadie los vota.
Su designación es un poder del presidente, con el acuerdo de la Cámara de Senadores, previa selección que confecciona el Consejo de la Magistratura. Ese Consejo (que tampoco está compuesto por voto popular), es el que se encarga de controlar a los jueces, imponer sanciones y llevar adelante su destitución.
Su mandato es vitalicio. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales inferiores de la Nación “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”, así lo establece la Constitución Argentina.
¿Buena conducta?. Pero allí siguen, porque la Constitución, ese cuerpo legal cuya última reforma fue producto de un acuerdo entre peronistas y radicales en 1994 (quienes le concedieron la posibilidad de reelección a Carlos Menem), así lo dictamina.
Después de casi 44 años del golpe genocida, sólo 48 jueces, fiscales y funcionarios judiciales están imputados por delitos de lesa humanidad.
La corporación judicial ha garantizado la impunidad para la mayoría de los genocidas, incluídos sus integrantes.
El Frente de Izquierda plantea que la elección de los jueces debe ser por voto directo de la población, y sus cargos revocables, además del fin de sus privilegios empezando por que cobren lo mismo que un trabajador o una maestra.
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