El 31 de julio, el Banco Central (BCRA) contaba reservas por USD 67.891 millones. El viernes pasado, informó que le quedaban USD 54.098 millones. Esta evaporación de USD 13.793 millones en un solo mes (casi todo después de las primarias del 11 de agosto) es una muestra del torbellino que atraviesa la economía después de las PASO.
La cotización del dólar frente al peso subió un fenomenal 30 % el día después de la derrota macrista. Podía habilitarse la hipótesis de que después de semejante ajuste del tipo de cambio las cosas se acomodarían. El candidato opositor, Alberto Fernández, contribuyó con lo suyo a alimentar esta expectativa al definir como “razonable” este nuevo valor del dólar (es decir bajar de un saque los salarios de los trabajadores registrados en 160 dólares mensuales promedio), después de haber disparado contra el valor “artificial” del dólar en los días previos a la ronda electoral.
No fue así. Con el correr de los días se puso en evidencia, como había ocurrido en los meses turbulentos de 2018 y en marzo/abril de este año, que no hay cotización del dólar que resulte suficiente para calmar las ansias de los especuladores de adquirir billetes verdes. Nunca están suficientemente caros. Los mismos inversores que después de las últimas tormentas financieras se volvieron a arrimar a los activos en pesos para hacer negocios arbitrando entre el valor del dólar y las tasas de interés por las nubes ofrecidas por el Tesoro con sus letras y por los bancos (que a su vez amasan rendimientos formidables con las Leliq que les entrega el BCRA a las entidades financieras), salieron en manada a partir del 12 de agosto.
El BCRA volvió a intervenir en el mercado cambiario vendiendo dólares, lo que formalmente no hacía desde hace casi un año, cuando asumió Guido Sandleris al frente de la entidad después de la renuncia de Luis Caputo. En mayo de este año Sandleris había obtenido autorización del FMI para vender dólares en caso de que fuera necesario, abandonando formalmente el requisito de que el dólar superara la banda superior de la llamada “zona de no intervención” que por entonces regía (una banda dentro de la cual el dólar debía flotar libremente sin que actuara el BCRA vendiendo ni comprando dólares). Pero hasta agosto esta posibilidad no había sido puesta en práctica; el BCRA se había contentado con actuar a través del mercado de futuros, apretar la oferta monetaria y mantener las tasas de interés en niveles altísimos para intentar moderar el valor de la divisa. Estas herramientas, en un contexto de lo que parecía ser una polarización entre “moderados” que finalmente no fue tal, contribuyeron a crear el espejismo de un panorama financiero estable en los meses previos a las elecciones, que voló por los aires el día después de la aplastante derrota de Macri.
El riesgo Macri
El riesgo país, es decir la sobretasa que pagaría el Tesoro argentino para endeudarse si pudiera hacerlo (lo cual hoy es imposible porque el acceso a los mercados de crédito internacionales está cerrado) escaló a niveles siderales después de las PASO. Ya se encontraba en 900 puntos antes de las elecciones, lo que constituye un nivel que asigna importantes probabilidades de default a los bonos del país. Pero se duplicó después de las elecciones, y continuó subiendo hasta superar los 2.500 puntos el viernes 30 de agosto. Para entonces, el ministro de Economía Hernán Lacunza, que reemplazó a Nicolás Dujovne el 19 de agosto, ya había dado a conocer el “default selectivo”, es decir la postergación de pagos para la deuda de corto plazo.
¿Por qué terminó Macri declarando este “reperfilamiento” de los pagos, que fue anunciado en simultáneo con la decisión de canjear también la deuda de mediano y largo plazo por bonos de vencimientos más lejanos, y también de negociar plazos mayores de devolución de fondos al FMI? Es decir, todo lo que hasta hace semanas el exministro Nicolás Dujove afirmaba que no era necesario.
Todo tiene que ver con el dólar. Ya antes de la nueva corrida, estaba puesto en duda el apretado programa financiero (los recursos para pagar los compromisos de deuda) de este año pero sobre todo del próximo. Esto era así porque, en la medida en que el gobierno usara dólares este año para pagar deuda de corto plazo (si no era renovada) e intervenir en el mercado, menos le iban a quedar para el año siguiente. Para 2019, todavía quedan (en teoría al menos) desembolsos del FMI para cubrir el agujero y pagar vencimientos. Pero en 2020 el organismo aportará apenas USD 5.000 millones. Si los dólares que tiene el BCRA y el Tesoro son “quemados” ahora, ¿de dónde saldrán los que hagan falta para la deuda en el próximo mandato? La falta de respuesta a este interrogante, explica que ya antes el riesgo país estuviera altísimo. Pero lo que era una precariedad subyacente se transformó en alarma después del dólar a 60.
El peso de la deuda sobre la economía nacional (PBI) aumentó arriba de 100 %, lo cual la convierte en una hipoteca cada vez más pesada. Incluso si excluimos la parte de la deuda que el Estado argentino se debe a sí mismo (porque está en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad u otras reparticiones), la deuda ya equivale al 60 % del PBI. A medida que ajusta el dólar, se hace cada vez mayor su peso, porque la mayor parte de los pasivos son en dólares. Con el agravante de que, con muchas partidas de gasto dolarizadas o indexadas por la inflación, no hay una licuación del gasto considerable después de la devaluación. El alza del riesgo país responde más a esta precariedad de los fundamentos macroeconómicos, que a los pronósticos de los mercados sobre un default pleno o reestructuración agresiva de la deuda que podrían sobrevenir con Alberto Fernández (aunque esto también entre en la ecuación).
Pero el problema de la deuda es uno de mediano plazo, o lo era hasta hace unas semanas. El problema es que la corrida, el aumento del riesgo país y las prevenciones con el Frente de Todos, confluyeron para pegar con todo en el eslabón más débil del programa financiero: la deuda de corto plazo en letras del Tesoro. Las Letes (en dólares) y Lecap (en pesos) junto a otros títulos de menor volumen, que en los últimos meses Economía venía renovando sin problemas casi en su totalidad, pagando eso sí tasas de interés considerables. Pero el 16 y 28 de agosto, las renovaciones fracasaron. Exceptuando la parte de esas letras en manos del sector público, el resto de los inversores tomó su dinero en vez de renovar. El Tesoro puso dólares que no pudo recuperar con nuevos títulos, y pagó pesos que se fueron a comprar dólares. Si esto seguía así hasta fin de año, el riesgo era perder hasta USD 14 mil millones por pagar deuda, además de los que de por sí vende diariamente el BCRA. Esto es lo que, hasta el día martes, Macri parecía dispuesto a hacer, dejando que los dólares se fueran por la alcantarilla, sin poner restricciones para la venta de divisas ni obligar a los exportadores a que liquiden sus ventas (hoy tienen 10 años para hacerlo).
Pero el FMI metió la cola: entre las negativas de Alberto Fernández a acompañar el pedido del nuevo desembolso (por el contrario, señaló que de hacerlo el FMI estaría violando sus propios estatutos porque la plata se fuga, mostrando una preocupación por esta retracción de capitales que no evidenció cuando durante sus tiempos al frente de la jefatura de Gabinete se fueron al exterior casi USD 40.000 millones), el “vacío de poder” de esta transición sui generis donde hay un candidato ganador que aún no es electo, y la vocación incendiaria de la administración saliente de usar hasta el último dólar, empezó a hacerse posible que no llegara el desembolso de septiembre por USD 5.400 millones. Sin eso, todo el plan de Macri de llegar “con el último dólar” hasta diciembre quedaría desbaratado, porque el desembolso del FMI era clave para pagar los vencimientos de deuda en bonos, como viene haciendo el Tesoro desde junio del año pasado con plata prestada. Para “cuidar los dólares”, fue necesario el default selectivo.
Bonos basura
Ahora el problema empieza a ser toda la deuda. Se descontaba que la categoría “SD” (default selectivo) que Standard & Poor’s asignó a la deuda argentina, sería cambiada después de que se diera a conocer el nuevo cronograma de pagos, saliendo del default pero con peor calificación para la deuda. Pero, en el entorno de las finanzas globales, el default selectivo es visto como una antesala del default general. Así lo hacía saber Financial Times el viernes, que durante ese día y el siguiente mantuvo como noticia destacada de su portada la “reestructuración” de la deuda argentina. Allí reproduce la opinión del economista de Oxford Carlos de Suosa de que la deuda argentina “es demasiado elevada para ser considerada sostenible, incluso bajo supuestos optimistas”. El diario agrega que “el próximo gobierno estará forzado a realizar una nueva reestructuración”.
Nafta al fuego
Postergar pagos de deuda para cuidar los dólares para intervenir en el mercado, difícilmente podía ser una señal que aplacara la huida de los activos en pesos que viene teniendo lugar. Tampoco era una señal alentadora para los depósitos en dólares. Según el último dato disponible (al 27/8) estos llevaban una caída de USD 3.700 millones respecto del nivel que tenían el viernes previo a las PASO. Ahora podrían acumular una reducción superior a USD 6.000 millones, lo que podrá comprobarse en los próximos días cuando el BCRA informe el detalle de evolución de los agregados monetarios. Esto explica la mayor parte de la pérdida de reservas.
A pesar de haber “pisado” parte de la pérdida de dólares que podía esperarse de acá a diciembre con el “reperfilamiento” de Letes y Lecap, de continuar la sangría de reservas perdidas por intervenir en el mercado en las últimas semanas (más de USD 2.000 millones se fueron en las subastas diarias de reservas del BCRA) ni siquiera con esto alcanza. El “ahorro” logrado por el gobierno posponiendo pagos de Letes es de USD 10.000 millones. Pero con el ritmo de intervenciones de los últimos días podría tener que gastar hasta USD 12.000 millones, que es casi la totalidad de las reservas de las que hoy puede disponer sin restricciones la entidad que preside Sandleris; el resto son préstamos o encajes de depósitos.
Por eso, después de anunciado el “reperfilamiento”, fueron necesarias nuevas medidas para tapar la salida de dólares. El viernes se estableció la necesidad de que los bancos pidan autorización para girar utilidades al exterior. Y en la última hora del día, el gobierno difundió la intención de intervenir con un “shock” el lunes para controlar el dólar. Las especulaciones indican que Sandleris podría establecer un “tapón”, como el que implemento Federico Sturzenegger en mayo de 2018. Por entonces, el BCRA realizó una oferta permanente de USD 5.000 millones de dólares, que le puso techo a la cotización de la divisa. El mismo fue levantado cuando empezó a regir el acuerdo con el FMI, porque el organismo así lo exigía, y los resultados son conocidos. Ahora, un gobierno más débil podría tener más dificultades para lograr un éxito temporal equivalente. Además, esto no evitaría que se caigan los depósitos en dólares.
El gobierno gasta los últimos cartuchos para evitar despedirse con medidas más drásticas, como la imposición de restricciones para la compra de divisas. Estas trabas fueron una de las primeras medidas que Macri eliminó cuando asumió en 2015. Despedirse aplicándolas sería una de las postales más patentes de su fracaso.
La danza de la transición
Si bien para el gobierno saliente lo urgente era la deuda de corto plazo, en sus anuncios del miércoles Lacunza ató este “reperfilamiento” al envío de una ley para habilitar el canje de bonos de deuda de mediano y largo plazo. Es la que viene siendo pagada con aportes del FMI, y que los acreedores ya descontaban que debería ser reestructurada por un próximo gobierno. En su despedida, Macri apuesta a seguir siendo generoso con los bonistas, que tan buenos negocios hicieron durante su administración: lejos de proponer cualquier quita, quiere canjear los bonos actuales por otros de más largo plazo. Pero un nuevo bono, canjeado en condiciones de mercado, no solo mantendrá el capital, sino que agregará jugosos intereses, porque el país paga hoy tasas siderales. Tal como ocurrió con el “Megacanje” realizado por Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo en 2001. Es para esto que Lacunza pedirá autorización en el Congreso. Quiere comprometer al peronismo triunfante en las PASO con un canje de bonos muy generoso con los acreedores. El viernes, Alberto Fernández dio a conocer a través de una entrevista en Wall Street Journal que rechazará la propuesta. El peronismo ha mostrado que sabe ser generosos con los usureros de la deuda, pero seguramente prefiera hacerlo en sus términos y cuando ya esté en el gobierno.
Qué hacer con los dólares, y con la deuda, es lo que seguirá signando una transición turbulenta, con derivaciones sobre la inflación (y por lo tanto el costo de vida), la estabilidad financiera, y por lo tanto sobre una actividad económica cada vez más hundida. Entre el cepo que Macri busca por ahora evitar, y el vaciamiento de reservas extremo que teme heredar Alberto Fernández, están los distintos escenarios del tira y afloja entre el presidente, el candidato y el FMI que se desenvuelve con la corrida cambiaria y desplome de bonos y acciones como dramático telón de fondo.
Los problemas de Fondo
Macri logró pasar en tres años de una economía “desendeudada” (generoso regalo que le dejó el kirchnerismo a sus sucesores al precio de enriquecer a Wall Street con costosos envíos de dólares que vaciaron el BCRA y requirieron el “cepo” para sostenerse) a una crisis de deuda. Y a pesar de la masiva asistencia del FMI no pudo evitar despedirse con un default, por más “técnico” que sea. La liberalización de la movilidad de capitales y la bicicleta financiera terminaron de componer un cóctel explosivo, que explica por qué la crisis ocurrió tan rápido y fue tan violenta.
Pero como decimos en Salir del Fondo, no alcanza apelar a la “inclinación” neoliberal del gabinete macrista para explicar la crisis actual. Esta hunde sus raíces en los desequilibrios externos, que son un resultado del carácter atrasado y dependiente del capitalismo argentino, que determina que los sectores principales de la clase dominante (las empresas imperialistas que tienen posiciones preponderantes en los sectores más gravitantes de la economía como el “agropower” o Vaca Muerta, los grupos económicos nacionales, los bancos y los acreedores) fuguen buena parte de sus ganancias. Esto explica que, a pesar de las promesas de “terminar con el ajuste”, quienes se preparan para reemplazar a Macri no tengan respuestas alternativas para salir del atolladero del capitalismo argentino. Si hasta han salido a recuperar la ilusión de la “lluvia de inversiones”, uno de los pilares del relato económico de Cambiemos.
Una salida de otra clase a la crisis nacional
Aceptando, como hace el candidato del Frente de Todos, la imposibilidad de rechazar el chantaje del FMI que a lo sumo puede ser “renegociado” (y ya sabemos al precio de qué reformas puede ocurrir eso), y manifestando la disposición a “honrar” las deudas de Macri sin siquiera investigarlas, a lo sumo reestructurando para pagar un poco menos en lo inmediato a costa de agrandar la hipoteca futura, no hay ninguna posibilidad de poner fin al ajuste. Para cumplir con las demandas de los acreedores y la “normalización” de la economía que demandan los capitalistas, queda un largo tránsito de medidas agresivas contra el pueblo trabajador, ruta que ni siquiera promete evitar los descarrilamientos que ya hemos atravesado tantas veces en la historia reciente.
El camino para evitar otra catástrofe no pasa por seguir poniendo las exigencias de los acreedores como prioridad, sino todo lo contrario. La deuda no puede ser lo que ordena la política económica imponiendo para ello el ajuste. Es necesario rechazar el programa de austeridad que vigila el Fondo Monetario y el chantaje de la deuda. Mantenerse en el negocio de la deuda, reestructurando para seguir pagando, solo sirve a los intereses de los sectores del empresariado más concentrado y del capital financiero internacional. Pero para los trabajadores y el pueblo que venimos soportando desde hace décadas los costos que acarrea pagar la deuda, no hay motivos para seguir haciéndonos cargo de esta imposición. Es necesario repudiarla y terminar con todas las medidas de austeridad que acarrea intentar cumplirla, y que como estamos viviendo no evita el default, por ahora “selectivo”.
Declarar el no pago de la deuda, es inseparable de la nacionalización de todo el sistema bancario, expropiando a los bancos privados para formar un banco estatal único. Las entidades financieras cumplen un papel clave en la transferencia hacia “guaridas fiscales” de los activos financieros no declarados ante las autoridades fiscales de personas ricas y grandes empresas, que se agudiza en tiempos de crisis. Está ampliamente documentado el proceder en el país de los bancos HSBC, Citibank y Río durante la crisis de 2001. No existe manera de parar la sangría de la riqueza nacional y el ahogo financiero, sin poner fin a este rol de los bancos privados. La concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado, puede transformarse, en manos de un gobierno de los trabajadores, en una poderosa herramienta para poder generar crédito barato para la vivienda popular, para el pequeño comercio, talleres y pequeñas firmas. También puede permitir la decisión democrática de la clase trabajadora y los sectores populares de cuáles son los criterios y prioridades del crédito, para poder canalizarlo hacia inversiones que respondan a las necesidades de infraestructura y vivienda que vienen largamente postergadas. También permitirá asegurar el valor de los depósitos para los pequeños ahorristas, a diferencia de lo que ocurre siempre en las crisis y “defaults” cuando terminan saqueados por los bancos. Los sectores de la clase trabajadora empleados en el sector financiero están llamados a jugar un rol protagónico en esta nacionalización de los bancos. Son quienes conocen y pueden desmontar las tramoyas del vaciamiento, quienes hoy son llevados a poner la cara cuando sus patrones quieren distraer a los pequeños ahorristas para no darles sus depósitos, mientras contribuyen al desfalco realizado por los grandes inversores.
El monopolio estatal del comercio exterior, permitiría asegurar la disponibilidad de las divisas que hoy manejan discrecionalmente un puñado de firmas (solo 50 empresas manejan más del 60 % de las exportaciones). En tiempos como el actual apuestan a la especulación contra la moneda y profundizan la manipulación de operaciones que hacen siempre. Las divisas son claves para el desenvolvimiento de la economía, y por eso el comercio exterior es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos privadas. Además de permitir definir las prioridades a establecer en las compras al exterior, de acuerdo a las necesidades de la producción y las inversiones en infraestructura más urgentes, y apropiar la renta agraria que hoy se lleva el agropower (junto con la expropiación de los grandes terratenientes), este monopolio permitiría aplicar políticas de precios sostenes para los pequeños productores, priorizando economías regionales (Mendoza, Alto Valle de Río Negro, etc.).
Estas medidas que planteamos son fundamentales para frenar el saqueo y reorganizar la economía en favor de los intereses de las grandes mayorías. La lucha por este programa implicará avanzar en la organización independiente de la clase trabajadora y el pueblo pobre, echando a la burocracia de los sindicatos, y asumir, a partir de la propia experiencia, el objetivo de conquistar un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo. Sabemos que hoy las grandes mayorías no comparten aún esta perspectiva, por eso planteamos la necesidad de imponer una Asamblea Constituyente, libre y soberana, para discutir las salidas, desnudar los acuerdos y disputas entre Macri, Fernández y el FMI que se desarrollan contra el pueblo trabajador y pelear por esta alternativa. |
