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3 de septiembre de 2019 Twitter Faceboock

Crisis Política
El Líbano entre la violencia sectaria, los refugiados y la geopolítica
Omar Floyd

Las tensiones geopolíticas derivadas del enfrentamiento entre el gobierno de Trump y Hezbollah, la gestión del millón y medio de refugiados sirios, y una crisis económica derivada de problemas estructurales y sanciones internacionales, le agregan complejidad a la situación.

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En las últimas semanas, el pequeño país situado en las costas del Mediterráneo experimentó una dura crisis política que puso de relieve las profundas contradicciones que permanecen latentes detrás de uno de los sistemas políticos más complejos de Medio Oriente. Un sistema sostenido en un delicado equilibrio diseñado para evitar que afloren los conflictos políticos, sectarios y territoriales que estuvieron en la base de la Guerra Civil que desgarró al país entre 1975 y 1990.

Las tensiones geopolíticas derivadas del enfrentamiento entre el gobierno de Trump y Hezbollah, principal partido libanés calificado como “organización terrorista” por EE. UU., la gestión del problema del millón y medio de refugiados sirios (en un país con 6 millones de habitantes) y una crisis económica derivada de problemas estructurales y sanciones internacionales le agregan complejidad a la situación.

El 30 de julio pasado el Ministro de Asuntos de los Desplazados (refugiados) Saleh Al Ghareeb fue atacado por un grupo armado cuando visitaba la ciudad drusa de Aley, con dos colaboradores muertos como resultado. La ciudad es un bastión del Partido Social Progresista (PSP) de Walid Jumblatt, considerado responsable de lo que ocurra en “su territorio” incluyendo el atentado. Jumblatt es el principal referente de la comunidad drusa y uno de los pilares de la inestable alianza gubernamental que gobierna el país desde enero de este año, al interior del cual se expresan dos tendencias muy definidas y más visibles que nunca tras este episodio, que dividió con una línea de sangre a una de las comunidades consideradas más homogéneas desde tiempos de la guerra.

Sectarismo y lucha por el poder

Esta crisis enfrentó a dos de las principales familias dentro de la comunidad drusa, que es un grupo étnico caracterizado por una religión monoteísta que combina elementos cristianos, islámicos y gnósticos al cual le corresponden tres Ministerios en el sistema político del Líbano. Por un lado, el líder del PSP y de su clan familiar Walid Jumblatt, que nombró a los Ministros de Educación e Industria, y por otro su competidor en la comunidad Talal Arslan, dirigente del Partido Democrático Libanés (PDL) que designó a Ghareeb como Ministro de Asuntos de los Desplazados. Arslan basa su liderazgo en su cercanía al Gobierno sirio y al poderoso Ministro de Relaciones Exteriores Gibran Bassil, yerno del anciano presidente del Libano, Michel Aoun, junto a quien buscó explotar a su favor la crisis generada por el ataque del 30 de junio, impulsando una comisión judicial para investigar el caso, controlada por el Ministro de Justicia Albert Sarham, también opositor a Jumblatt.

Los padres de Arslam y Jumblatt lucharon codo a codo durante la Liberación del Líbano de los ocupantes franceses en 1943 y ambos estuvieron juntos en contra de la ocupación israelí de 1982. Sin embargo, se convirtieron en enemigos tras el asesinato del expresidente Rafik Al Hariri en 2005 (a manos del servicio secreto sirio) y el acercamiento de Arslam al presidente sirio Bashar Al Assad durante la guerra civil siria de 2011.

Arslam responsabilizó íntegramente a su antiguo camarada del atentado sobre Ghareeb. En declaraciones a la prensa sostuvo “esto no pasará” y amenazó con armar a sus seguidores para protegerse y vengarse si no se aclaraba quiénes fueron los instigadores de la masacre, tras la cual se encendieron todas las alertas en la ciudad de Aley, que fue testigo de feroces combates en la Guerra Civil que azotó al país hace 30 años.

Al verse acorralado, Jumblatt movió hábilmente sus fichas para permanecer en una posición de poder. El veterano dirigente, que prepara a su hijo para sucederle en el cargo de jefe del partido fundado por su padre en 1949, orientó todas sus críticas al impopular Ministro de Relaciones Exteriores Gibran Bassil, acusándolo de instigar el odio y la violencia al interior de la comunidad drusa (siendo él cristiano maronita, enemigos tradicionales de los drusos) y “manipular” a su suegro, el presidente Aoun, actuando de hecho como “Presidente en la sombra” con intención de poner al país “de rodillas frente a Damasco” (capital siria).
Tuvo a su favor a la embajada norteamericana que se pronunció por “no politizar” la investigación y hasta cierto punto a Hezbollah, con quienes mantiene contactos discretos y se mantuvieron neutrales en el conflicto. Con este partido tiene diferencias fundamentales en la política hacia Siria, pero comparte su desprecio hacia Bassil al que ambos consideran un oportunista impredecible en el que no se puede confiar.

Ante la amenaza de que el partido de Jumblatt se retire del gabinete, dejando sin representación ministerial a la mayoría de una comunidad que según el historiador Sami Moubayed “está armada hasta los dientes y puede ser muy difícil de controlar si surge una disputa de sangre”, el jefe del Parlamento Nabih Berri, chiita del partido Amal en el cargo desde 1992 de orientación pro siria y el Primer Ministro Saad Hariri, sunita del Movimiento Futuro comprometido con una política pro occidental, dejaron a un lado sus diferencias y convocaron a una “reconciliación”, el 9 de agosto, de la cual participaron Arslam y Jumblatt, además de Aoum, Hariri y Berri. Luego de la “reconciliación” pudo volver a reunirse el gabinete, que Hariri no volvió a convocar luego del 30 de junio por temor a que hubiera episodios de violencia entre los drusos.

Tras tener el Gobierno paralizado por un mes y con un sector de la población sumamente exaltado, Aoun dio por terminada la crisis a principio de julio al señalar que “Lo que sucedió [en Aley] nunca debe repetirse” y que es necesario que esas “áreas permanezcan estables y libres de conflictos sectarios”. Durante su habitual descanso en Beitaldine, distrito de Chouf controlado por el PSP, Aoun fue recibido sorpresivamente por una delegación que le dio la “bienvenida” encabezada por la hija de Jumblatt, en un gesto que puede interpretarse como de reconciliación, pero a la vez de clara intimidación de parte de una familia muy interesada en dejar en claro “quién manda” en su territorio.

El país de los refugiados

Esta lucha ciega por el poder tiene como telón de fondo los distintos posicionamientos ante la situación de los cerca de un millón y medio de refugiados (en un país de 6 millones de habitantes) provenientes del conflicto sirio e instalados en territorio libanés, hacia los cuales las dos coaliciones que conforman el gabinete tienen estrategias distintas pero comparten un objetivo común: que no ocurra lo mismo que con los palestinos que huyeron de la limpieza étnica israelí y se arraigaron al territorio con sus familias, a pesar de las leyes discriminatorias a las que todavía son sometidos.

Las condiciones de los refugiados sirios se han vuelto más duras después de que en 2015 el gobierno cerró las fronteras, por lo cual los nuevos migrantes forzados comenzaron a establecerse de manera informal en campamentos precarios e ilegales ubicados sobre todo en el valle de Bekaa, a pocos kilómetros de Damasco. Aunque la sociedad libanesa se ha mostrado tolerante ante este fenómeno debido a los recuerdos de sus propios desplazamientos durante la guerra y a la hostilidad hacia la dictadura siria, que ocupó territorio libanés entre 1976 y 2005, los indicios de una crisis económica y las disputas sectarias impulsaron una tendencia xenófoba al interior de la coalición gobernante.

El polémico Ministro de Exteriores Bassil, decidió impulsar su carrera atacando a los refugiados, con la expectativa de ubicarse como sucesor de su suegro el presidente Aoun, de 84 años. Popularizó el lema "Líbano sobre todo", advirtió de una "conspiración internacional" para desestabilizar el país, declaró que "ya es hora de que los sirios regresen a sus hogares" y sostuvo que "la distinción genética de los libaneses" los unirá para "enfrentar el problema de los refugiados".

La campaña no se quedó en palabras, su partido convocó manifestaciones bajo la consigna "Emplea a un libanés" donde se registraron ataques contra tiendas de los sirios y comercios que contratan a refugiados, difundió carteles en los que se exige denunciar a quien emplee refugiados irregularmente y se formaron bandas armadas para imponer el cumplimiento estricto de la legislación, obligando a los sirios a destruir todas las construcciones que han hecho forzándolos a atravesar el duro invierno de las montañas en tiendas de plástico, tela y madera.

Como parte de esta política, el Ministro de Asuntos de los Desplazados (refugiados) Ghareeb se reunió con el mandatario sirio Bashar Al Assad en febrero, para discutir el traslado de contingentes sirios de nuevo a su país. Esto provocó la ira de Jumblatt, que sostiene que no deben llegarse a tratos sobre ese punto con el régimen de Damasco hasta que no existan garantías sobre la integridad de los opositores sirios. Estas diferencias provocaron una escalada de violencia en la comunidad drusa que llegó a su clímax con el atentado sobre Ghareeb el 30 de junio y desató la crisis actual.

El Primer Ministro Hariri, pro occidental y partidario de la oposición siria, no permaneció indiferente ante esta disputa y calificó de "racista" la retórica de Bassil, ministro de su propio gobierno. La actitud de Hariri es calculada en función de posicionarse políticamente, pero ha "dejado correr" los ataques racistas contra los refugiados sirios (no hubo procesos contra las bandas armadas anti inmigrantes) y trató de "contener" a los 170.000 palestinos residentes en Líbano, que también están sufriendo la escalada xenófoba y tras masivas movilizaciones realizadas en julio pasado, cuando lograron que se los considere dentro de un "estatuto especial", todavía claramente discriminatorio pero diferenciado de los sirios.

Trump y Hezbollah, árbitros de la situación

Desde febrero de 2019, el Líbano está gobernado por un Gobierno de Unidad Nacional integrado por las coaliciones 14 de marzo y 8 de marzo respectivamente. La primera surgió de la "Revolución de los cedros" producida tras el asesinato del Primer Ministro Rafik Al Hariri (que dió por terminados 29 años de ocupación siria), y es dirigida por el actual Primer Ministro Saad Hariri que busca poner al país bajo la órbita occidental. La segunda se produjo en respuesta a la consolidación de la anterior, formalmente es dirigida por el presidente Michel Aoun pero su músculo principal está en la organización chiita Hezbollah, considerada terrorista por EE. UU. e Israel, cercana a los gobiernos de Siria e Irán, que es el único partido con derecho a poseer una milicia propia, cuyo poder se demostró en 2006 cuando resistió un ataque de 33 días del Ejército sionista de Israel al sur del país.

La administración Trump intentó aprovechar las contradicciones internas del Gobierno en marzo de este año, cuando el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, esperando aislar a sus enemigos pro iraníes, se atrevió a calificar de "terrorista" a Hezbollah durante una conferencia de prensa en Beirut, a lo cual el Ministro Bassil (adversario de los chiitas) se vio obligado a responder: “Hezbolá es un partido libanés y no es terrorista, además goza de gran apoyo popular y tiene diputados en el Parlamento”, dando cuenta de la voluntad de mantener el acuerdo de Unidad Nacional a pesar de las presiones.

EE. UU. no diferencia entre Hezbollah e Irán y ha aplicado sanciones directamente sobre los funcionarios y parlamentarios de la organización, extendiendo a ellos las sanciones que rigen sobre el país persa y poniendo en serios aprietos al poderoso sistema financiero libanés, banca tradicionalmente considerada segura por la resistencia palestina y libanesa, y otras organizaciones.

Por su parte, la Unión Europea, con su política de aislar internacionalmente al régimen sirio, ha mantenido "congelados" miles de millones de Euros de ayuda humanitaria que por convenios internacionales corresponden a los refugiados, la mayoría de los cuales están asentados en territorio donde es fuerte Hezbollah.

Las potencias regionales también han jugado muy fuerte tratando de orientar a su favor los desgarramientos de la política libanesa. El primer ministro Hariri fue secuestrado en 2017 por la Monarquía saudita en Riad. Según el diario norteamericano The New Yorker " estuvo bajo custodia durante once horas atado a una silla donde funcionarios saudíes lo abofetearon repetidamente" siendo obligado a renunciar públicamente acusando a "Irán y Hezbollah" de preparar un atentado en su contra. Se especula que la intención saudí fue provocar la expulsión de Hezbollah del parlamento e iniciar una guerra civil en Líbano. Sin embargo, lo escandaloso de la situación motivó la intervención del presidente francés Macron que "invitó" a Hariri (ciudadano francés además de libanés) y su familia a una reunión a París, obligando a los saudíes a liberarlo, tras lo cual recuperó su cargo y se negó a hablar de lo sucedido "para no generar caos en la región".

Israel, que ocupó regiones del Líbano en la década del 80, invadió nuevamente en 2006 y mantiene bajo su control la región de Shebaa considerada propia por el gobierno libanés, también ha tratado de desestabilizar al frágil gobierno y en los últimos días lanzó ataques con drones a posiciones de Hezbollah en el sur de Beirut, a lo cual el líder de la organización Hassan Nasrallah respondió que realizarían ataques "sorpresa" a objetivos sionistas. Estos ataques están inscriptos en el objetivo estratégico de Netanyahu de no permitir la instalación de sistemas de misiles de largo alcance que puedan penetrar a su territorio, para lo cual ha desplegado ataques "quirúrgicos" también en Siria e Irak, tratando de evitar desencadenar una guerra abierta.

Por su parte, Hariri ha volcado todos sus esfuerzos a tratar de aplacar a Trump y su política de "máxima presión". En julio de este año se entrevistó en EE. UU. con funcionarios norteamericanos procurando morigerar las consecuencias del bloqueo financiero que está provocando una seria crisis en su economía. Tras 8 años de conflicto en su frontera, con la cifra de refugiados per cápita más alta del mundo, una crisis económica en desarrollo y un delicado equilibrio sectario que debe conformar las expectativas de 16 grupos étnicos hostiles entre sí, y con fuertes fracturas internas, que la política libanesa no se transforme en un polvorín parece depender de la distensión del conflicto más general entre el bloque de Hezbollah, Siria e Irán por un lado, y el de Trump y sus aliados regionales, por el otro, algo que por el momento no aparece a la vista.

 
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