Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", y otros tres sospechosos de integrar el cártel Guerreros Unidos, procesados por vínculos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron liberados el pasado 30 de agosto. La orden la emitió el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, asentado en Tamaulipas.
Lograron la absolución al quedar sin efecto las pruebas presentadas por la fiscalía, ya que el juez consideró que se recabaron de forma ilegal. Bajo tortura en algunos casos y en otros por detención arbitraria.
López Astudillo había sido detenido en septiembre de 2015. En ese entonces la fiscalía había afirmado que era uno de los principales sospechosos en la desaparición de los estudiantes normalistas.
La liberación masiva de los sospechosos de ser autores materiales de la desaparición forzada de 43 normalistas y la ejecución de otros tres se debe a que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México han documentado tortura a detenidos por este caso.
Esta situación exhibe los esfuerzos de la justicia de los ricos bajo el gobierno de Peña Nieto para dejar en la impunidad el ataque contra los jóvenes que soñaban con enseñar a leer y escribir a los hijos del pueblo trabajador y que cuestionaban el vaciamiento contra las escuelas normales, formadoras de maestros, la represión y la reforma educativa.
Pero compromete también a la nueva Fiscalía de López Obrador, que aunque se llenó la boca de promesas, hasta ahora no ha presentado una sola prueba, mientras la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa parece ser sólo un gesto demagógico, pues el manto de impunidad se mantiene a casi 5 años de los hechos.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos advirtieron al gobierno del Morena que era posible que los procesos en curso quedaran sin efecto ante la liberación de los detenidos, pero no lograron que la Fiscalía moviera un solo dedo.
Esto es continuidad de la promesa de López Obrador de no perseguir ni juzgar a anteriores gobernantes, incluido Peña Nieto, uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
También es coherente con la impronta del presidente de afirmar que el Ejército, la Marina y la Policía son “pueblo uniformado”, todo para lavarle la cara a las fuerzas represivas responsables de sucesivas masacres, vinculadas con el crimen organizado y ahora remozadas para perseguir a los migrantes e impedir que avancen hacia suelo estadounidense.
Hoy como ayer, es necesario alzar la voz para gritar a los cuatro vientos que fue el Estado y avanzar en poner en pie, nuevamente, un amplio movimiento democrático que exija el fin de la militarización y juicio y castigo para todos los responsables de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. | 
