Poco antes, Iglesias había insistido en un Ejecutivo con ministros de Unidas Podemos. En una entrevista televisiva dijo que ya había aceptado “suficientes humillaciones”, como el veto personal para que entrara en un Gobierno de coalición, y recordó que con el Partido Socialista (PSOE) tiene “experiencia” de “promesas y palabras bonitas” que a la postre “no se cumplen”.
Pero tras la investidura fallida el pasado julio -entonces el PSOE ofreció una vicepresidencia y tres ministerios, aunque con poca o nula incidencia política-, por más que Iglesias insista, la posibilidad de un gobierno de coalición se frustró definitivamente. Recordemos que, tras el fiasco de 2016, esa fue la segunda investidura fallida de Sánchez propiciada por el voto de Podemos y sus confluencias.
Con la presentación del documento programático “Propuesta abierta para un programa común progresista”, que ya desde el título indica su objetivo, Sánchez pretende conquistar el voto de los 42 diputados de Unidas Podemos -y los del PNV, PRC y ERC- y desencallar la investidura para evitar nuevas elecciones el 10 de noviembre.
Para ello Sánchez propuso a Iglesias “un riguroso sistema de control de cumplimiento del acuerdo de Gobierno” y que Unidas Podemos ocupe “responsabilidades capitales” en ámbitos como el fiscal, el jurídico o el energético, en “órganos e instituciones del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros”.
Los equipos negociadores de los dos partidos se reunirían el próximo jueves 5 de septiembre y no está descartado que Iglesias acepte el pacto. Por lo pronto ya adelantó que lo que había escuchado sobre el documento “no suena mal” y prevé responder este miércoles, aunque insiste en que “la coalición es la única garantía”.
Un programa a la medida del IBEX35
Con supuestas “aportaciones” de decenas de colectivos sociales, según el Gobierno, el programa presentado por Sánchez pareciera incluir algunos guiños para persuadir a Iglesias y los suyo, como blindar constitucionalmente las subidas de pensiones y eliminar definitivamente la reforma del PP, mejorar las prestaciones por hijo para los hogares en situación de pobreza o prohibir el corte de suministros básicos de luz, agua y gas cuando el impago “se deba a pobreza sobrevenida o a personas en situación de vulnerabilidad”.
Sin embargo, en lo esencial el programa no tiene grandes novedades respecto al que Sánchez presentó en las generales de abril e incluso en algunos casos se retrocede del acuerdo presupuestario de 2019 pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
No hay ningún fuerte impuesto a los bancos, como defendía Sánchez antes de la moción de censura a Rajoy, o los multimillonarios beneficios de las eléctricas. Tampoco un incremento del 1% en el Impuesto de Patrimonio para grandes fortunas de más de 10 millones de euros.
En el tema de la vivienda, no habrá una limitación del precio del alquiler sino solo estudiar "nuevas opciones de carácter normativo" para limitar las subidas abusivas. Tampoco se prohibirán los desahucios sin alternativa habitacional.
El documento reafirma la negación del derecho a decidir del pueblo catalán declarando abiertamente que “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución”. El PSOE siempre estuvo en contra de cualquier consulta, fiel a su estirpe “constitucionalista”, pero hasta ahora no lo había plasmado explícitamente en su programa electoral. Todo un guiño sí, pero a la Monarquía y los poderes fácticos del Régimen del 78, a pocas semanas de que se conozca la sentencia del juicio al procés en el que los principales líderes políticos independentistas catalanes serán condenados por haber osado a ejercer su derecho a decidir.
No habrá derogación de la reforma laboral. Sólo se propone “analizar” si se revisan o no algunos aspectos de la última reforma del PP y la elaboración de un nuevo Estatuto de Trabajadores. Mucho menos se plantea derogar las anteriores reformas de Zapatero que instalaron la precariedad laboral como base de funcionamiento del capitalismo español. Al contrario, Sánchez se propone llevar a cabo nuevas reformas antiobreras: en el programa de reformas remitido a Bruselas por el Gobierno en funciones en mayo de este año se incluía la implantación de la denominada “mochila austriaca”, un sistema en el que el coste del pago de la indemnización por despido se transfiera, en su totalidad o en parte, del empresario al trabajador.
En materia de inmigración, tras el escándalo del Open Arms y la desidia xenófoba mostrada por el Gobierno, se incluye una mención explícita a la labor de Salvamento Marítimo. Pero esta es una medida completamente hipócrita en el marco de un sistema de políticas migratorias racistas y criminales, como la mantención de los CIEs, las vallas y las concertinas, o la creación de nuevas “cárceles racistas” como el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) inaugurado por Interior hace pocos días para alojar a las personas rescatadas poco antes por Salvamento Marítimo.
Nada de esto puede sorprender a nadie. Los programas electorales en manos de los partidos capitalistas son por definición documentos diplomáticos repletos de promesas que son inmediatamente abandonadas una vez acceden al poder.
Pero en este caso lo son aún más. Porque lo que no dicen las 370 medidas del PSOE es que su compromiso no está con las expectativas de millones que, tras años de gobierno de la derecha, ajustes antipopulares, pobreza y precariedad laboral, esperan recuperar algo de lo perdido, sino con los grandes capitalistas, los bancos, los dictados de la Unión Europea y el pago de la deuda. Un compromiso tanto más pernicioso cuando las previsiones económicas preanuncian una nueva recesión y la economía española comienza a mostrar nuevos síntomas de enlentecimiento.
Lejos de las lecturas superficiales o directamente interesadas en presentar un escenario de normalización institucional, crecimiento económico y retorno del “Estado de Bienestar”, lo que viene es exactamente lo contrario: inestabilidad política, crisis económica y nuevos ajustes contra el pueblo trabajador.
La bancarrota de la izquierda “malmenorista”
Las negociaciones de investidura han ocupado el centro de los debates políticos de los últimos dos meses. Si gobierno de coalición, gobierno a la portuguesa o gobierno con figuras independientes. En cualquiera de los casos se ha naturalizado la idea de que todas ellas son variantes más audaces o más moderadas de un futuro gobierno progresista o de izquierdas. Pero con o sin Podemos, de la mano del PSOE no habrá ningún gobierno progresista sino un nuevo ejecutivo al servicio del IBEX35. O, si se quiere, un gobierno “progresista neoliberal”, un oxímoron que describe bastante bien a los gobiernos capitalistas que tienen la misma capacidad de atacar a la clase trabajadora y las libertades democráticas que la derecha, pero cuentan con una mejor envoltura para hacerlo.
Iglesias dice que está dispuesto a "asumir una humillación" personal, por el veto de Sánchez a su entrada al Gobierno como ministro, pero “no a que se humille a 3,7 millones de habitantes” que votaron a Podemos. Pero la humillación para los millones que depositaron la confianza en Unidas Podemos en las últimas elecciones no es que Pedro Sánchez no acepte formar un Gobierno de coalición. Lo verdaderamente humillante es que se siga confiando en que con el PSOE puede hacerse algo que merezca llamarse “progresista”, mientras se desarma a la mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares ante los ataques que se avecinan.
Del mismo modo, las voces que desde Izquierda Unida y Anticapitalistas piden un gobierno a la portuguesa, proponiendo un acuerdo en torno a bases programáticas para investir a Sánchez -coincidiendo en este punto al 100% con la política del PSOE-, lejos de representar una posición de “izquierda” ante la capitulación de Iglesias no es más que otra manera de lavarle la cara al Partido Socialista.
Ambas posiciones (gobierno de coalición o pacto programático y voto desde afuera) difieren en un terreno táctico, no estratégico; y esto es así porque comparten una matriz común: consideran que garantizar un gobierno de los neoliberales progresistas del PSOE es un “mal menor” preferible ante el avance de la derecha.
Pero, como escribimos en otro artículo de Izquierda Diario, “toda política de ‘mal menor’ lleva implícita una resignación de programas, objetivos y aspiraciones, a cambio de un sostenido conformismo. Es decir, una predisposición a comerse un sapo tras otro. Y eso es lo que proponen hoy las diferentes corrientes de Unidas Podemos”.
Si algo ha demostrado la historia reciente es que cada vez que gobernó el PSOE se aplicaron recortes antipopulares, se promulgaron nuevas leyes contra los trabajadores, se profundizaron las contrarreformas laborales, avanzaron las privatizaciones o se recortaron de pensiones. Si de este entuerto surge un nuevo Gobierno "socialista", no será una excepción.
Para esa perspectiva debería prepararse la izquierda, en vez de convertirse en un apéndice del PSOE en el gobierno. Como en Portugal, en el Estado español los trabajadores necesitarán romper los pactos de “paz social” impuestos por las burocracias sindicales y desarrollar la movilización y autoorganización, junto al conjunto de los movimientos sociales como el movimiento de mujeres, por la vivienda, contra la represión y contra el racismo.
Por esto, frente a una izquierda que, por una vía u otra, se resigna ante el “mal menor” y se subordina a los neoliberales del PSOE, hace falta construir una izquierda revolucionaria de los trabajadores y trabajadoras, que se proponga una perspectiva independiente de todos los capitalistas y se prepare para enfrentar los ataques que vienen.
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