Tras la muerte de tres militares en El Estor, Izbal, Jimmy Morales, presidente guatemalteco, decretó el estado de sitio en seis departamentos del país. Se prepara represión contra el pueblo campesino. Nexos entre militares y crimen organizado y búsqueda de control de territorio donde se explota níquel.
El estado de sitio se decretó para 22 municipios de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
Según Morales, un grupo de campesinos atacó una patrulla militar y ocasionó el fallecimiento de tres militares que en teoría buscaban una avioneta cargada con drogas que se había estellado en la región.
El mandatario guatemalteco, muy cuestionado, decretó el estado de sitio que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de acción, locomoción, manifestación, reunión y portación de armas por 30 días. El gobierno podrá hacer detenciones e interrogatorios con vía libre a defensores ambientalistas y líderes locales.
Se trata de una restricción a las libertades individuales de los pobladores de la región y habilita al presidente, como comandante general del Ejército, a asumir todos los poderes. Este decreto debe ser aprobado por el congreso guatemalteco.
Mapa de Guatemala con departamentos
Versiones opuestas
La versión gubernamental indica que el Ejército detectó el ingreso en espacio aéreo de Guatemala de una avioneta no identificada que buscaba una pista clandestina en Izabal, ante lo cual se montó un operativo para interceptarla.
La nave, por causas no explicadas aún, no logró aterrizar y buscó continuar el viaje hacia el el departamento de Retalhuleu (Costa sur-occidental), y cayó a tierra.
Algunos campesinos, a quienes Morales acusa de estar vinculados con el narcotráfico, habrían atacado a los militares, los habrían desarmado y asesinado a tres. Otros dos uniformados están desaparecidos. Como si fuera poco, el mandatario afirmó que los supuestos asesinos operaron "en contubernio con pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos". Un burdo intento de criminalizar la protesta social.
El gobierno de Morales busca reactivar la compra de vehículos y armas para las fuerzas represivas, con la excusa de que “han tenido que perseguir aviones cargados de droga con camiones. Quizá ahora se entienda la necesidad de dotar al Ejército de las capacidades para proteger nuestro espacio aéreo, mar y tierra”.
Sostuvo que existe una “pelea asimétrica” entre la logística utilizada por el crimen organizado y los recursos del Estado, y que hay poblaciones que ponen a mujeres y niños como barricadas humanas para que no puedan llegar a las pistas clandestinas.
Jimmy Morales en conferencia de prensa
Por su parte, los campesinos refutan esta versión. César Montes, excomandante guerrillero, declaró en una entrevista radial que la violencia inició cuando uno de los militares amenazó ante un grupo de pobladores que cuestionaban su presencia en el lugar y disparó al aire. Los campesinos eran más numerosos, tenían escopetas de caza y machetes, se defendieron de los uniformados y tres de éstos últimos resultaron muertos.
Se suma a esto el cuestionamiento popular de vínculos entre el ejército, el gobierno y el crimen organizado.
Territorio en disputa
Según Gustavo Berganza, sociólogo entrevistado por El País, Izabal es una región fronteriza donde el crimen organizado opera sin restricciones. En esa misma zona, no por casualidad, operan industrias extractivas de níquel y hay conflicto con los campesinos del lugar. “En ese contexto, interpreto el estado de sitio como un intento del Estado [guatemalteco] por tomar el control del lugar, que es una tierra de nadie”, afirmó.
Por su parte, Jordán Rodas, procurador de derechos humanos, consideró muy grave la muerte de los militares. Pero apuntó también "Espero que el estado de sitio no sea un pretexto para abusar del poder. Lamentablemente, el Estado solo tiene presencia en las comunidades rurales con su cara represiva, cuando ha sido incapaz de brindar educación, salud vivienda o nutrición. Así, en muchos lugares solo se conoce esa cara del Estado. Espero que el uso de la fuerza por parte del Gobierno no sea desproporcionada y que no se convierta, de ahora en adelante, en una práctica cotidiana".
Se trata de la segunda ocasión en la cual Morales decreta estado de sitio. La primera vez fue en 2017, ante una disputa por límites fronterizo entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento San Marcos, colindante con México.
El mandatario guatemalteco llega al final de su gobierno con sospechas de corrupción, nexos con el crimen organizado y el rechazo de 76% de la población según una encuesta reciente.
Con información de Prensa Libre, Nómada, La Hora y El País
