Esta Diada estará marcada por la inminente sentencia del TS y la crisis del bloque “procesista”. La CUP y la izquierda independentista deben romper con toda ilusión en reeditar una alianza con estas fuerzas y apostar por una política anticapitalista y de independencia de clase.
A escasas semanas de que se dicte la sentencia del Tribunal Supremo contra el independentismo catalán tendrá lugar la manifestación de la Diada. El movimiento democrático catalán afronta esta tradicional fecha de movilización en el mismo marco represivo instalado por el Estado desde el otoño de 2017. Pero llega también atravesado por la crisis y división en el seno de la dirección procesista y una importante desmovilización.
A pesar de esto, el Régimen del 78 mantiene abierta su crisis más allá de los esfuerzos y avances parciales hacia alguna reestabilización. El mejor botón de muestra son las dificultades para formar gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de una nueva repetición electoral. Incluso aunque finalmente el PSOE conjure este escenario, todo apunta a que el nuevo gobierno seguirá siendo un Ejecutivo con alta debilidad parlamentaria y una agenda muy poco popular; nada menos que gestionar un nuevo escenario de recesión económica internacional y crisis de la UE.
También la cuestión catalana seguirá siendo otra “patata caliente”. La represión y la política de la dirección procesista de obstaculizar que el movimiento vivido entre septiembre y octubre de 2017 llegara a un enfrentamiento abierto con el Estado, pueden haber impreso una primera derrota y cierta desmoralización. Sin embargo, el Régimen no ha recuperado desde entonces ni un gramo del consenso perdido en Catalunya, ni el pueblo catalán ha renunciado a sus aspiraciones democráticas de poder ejercer el derecho a la autodeterminación.
Este último elemento es el que permite pensar una hipótesis para recuperar la lucha democrática del pueblo catalán desde otra “pantalla”, el “posprocesismo”. Las propuestas que vienen haciendo desde quienes pilotaron la anterior, el “procesisme”, oscilan entre dos posiciones con idéntico final.
Por un lado ERC y sectores del PDeCAT añoran recuperar una cierta normalidad autonomista, volver a jugar el rol de partido bisagra en Madrid como hicieron históricamente los convergentes -aunque esta vez sólo en el “turno” progresista-, e intentar así una tregua en la represión y algún indulto en el futuro. Varios líderes de ERC justifican así apoyar con su abstención al PSOE, frente a la posibilidad de un gobierno de la derecha que aplicaría nuevamente el 155, como si los socialistas no hubieran sido parte de la represión al pueblo catalán.
Por el otro, tenemos al sector liderado por Puigdemont y Torra, más en sintonía con las entidades soberanistas, en especial la ANC, que sostienen una “hoja de ruta” tan performativa en el enfrentamiento como inocua para el Estado. Como ya demostraron en 2017, la movilización social es concebida como mera gesticulación y apoyo a las distintas guerras de símbolos y desobediencias simbólicas.
Ambas “hojas de ruta” contribuyen así a los intentos de desactivar la cuestión catalana. A su izquierda sectores agrupados en los CDR (Comités de Defensa de la República) o la misma CUP vienen realizando críticas correctas tanto al giro autonomista de ERC como a la gesticulación sin contenido de Torra, que por otra parte preside un Govern que sigue aplicando leyes neoliberales -como la actual Ley Aragonés que promueve la externalización masiva de los servicios públicos- y una política de mano dura desde los Mossos d’Esquadra contra el independentismo de izquierda y movimientos sociales como el de la vivienda.
Sin embargo la última asamblea nacional de la CUP aprobó una “refundación estratégica” que mantiene lo esencial de la política sostenida por la izquierda independentista desde el año 2012. Si bien se marcan las distancias con las viejas direcciones procesistas, sobre todo en la medida que éstas demuestran su negativa a reemprender la lucha por la república catalana, se mantiene la “mano extendida” a éstas mismas para que retomen una “hoja de ruta” basada en la desobediencia institucional y la movilización social como acompañante de la primera; cuestión que ya está más que demostrado que no quieren ni van a llevar a cabo. Incluso esta política da un paso más, abriendo la puerta a ser parte de un gobierno de coalición que asumieran esa desobediencia y una agenda de reformas sociales, dirigiéndose también al espacio de los Comunes.
Lamentablemente se pretende reeditar así lo ya ensayado en 2017 y que se demostró impotente para poner en marcha las fuerzas sociales capaces de doblarle el brazo al Estado, una movilización independiente, encabezada por la clase trabajadora y los sectores sociales, que aúne las demandas democráticas con un ambicioso programa anticapitalista para resolver los grandes problemas sociales.
Este es el reto y la oportunidad que tendría por delante la CUP y toda la izquierda independentista junto a los sectores sociales que se proponen retomar la lucha y el legado de octubre de 2017. Es necesario romper con toda política e ilusión en la alianza con los representantes históricos de la burguesía y pequeña burguesía catalana, que han demostrado sobradamente que temen más a una movilización independiente cuya dinámica pudiera poner en cuestión sus privilegios que a la represión misma del Estado.
Es urgente proponerse el desarrollo de una movilización social independiente poniendo al servicio de ésta todas las posiciones institucionales de la izquierda independentista y avanzar en constituir un polo que agrupe a todos los sectores que quieren combatir por el derecho a decidir, pero también contra la precariedad, los despidos, el problema de la vivienda o la lucha por los servicios públicos.
Algo así solo será posible desde la más absoluta independencia, no solo del bloque soberanista sino también del espacio de los Comunes, convertidos definitivamente en los leales socios del social-liberalismo. Se trata de que la “vuelta” a las calles, la lucha en los centros de estudio y de trabajo que se plantean amplios sectores del movimiento democrático catalán, se haga en base a las grandes lecciones políticas y estratégicas de siete años de “procesisme”. Y sea así la base para la constitución de un agrupamiento político de independencia de clase y con un programa anticapitalista que se prepare para disputar la dirección del movimiento democrático catalán. | 
