El jueves 5 se realizó una nueva marcha convocada por la familia de Micaela Solano. Esta vez en la capital jujeña, la movilización estuvo acompañada por vecinos y vecinas de Monterrico, así como por las organizaciones de mujeres, disidencias, de DDHH y sociales, como Ailén Chambi, Pan y Rosas, Aukasisa, Plenario de Trabajadoras, Area Interdisciplinaria de Género FHyCS-UNJu, CeProDH, CLADEM y ANDHES, FOL, Colectiva Feminista en Movimiento, entre otras.
La joven de 14 años desaparecida el 20 de agosto, y cuya búsqueda va generando más bronca que certezas.
Ayer por la tarde, la familia acompañada por las organizaciones de derechos humanos y de mujeres presentaron una nota al Fiscal General Lello Sánchez, solicitando el acceso a la causa y denunciando la ausencia de la participación como parte necesaria en la investigación de un Fiscal, pese a encontrarse allí, el funcionario no salió a recibir la presentación.
Desde el momento en que su madre y hermana tuvieron conocimiento de su desaparición, cuando el colegio les comunicó su ausencia, más de 6 horas después de que ello ocurriera, comenzaron a chocarse con todo tipo de obstáculos por parte de los organismos del Estado.
Una denuncia que tardó más de 3 horas en ser recepcionada en la Brigada de Monterrico, que luego fue girada a la Brigada de Investigaciones de San Salvador, cuyo principal responsable, comisario Cuellar, sólo se limitó a acumular las únicas pruebas de la causa, las que fueron aportadas por la propia familia.
La Jueza de Menores, Pilar Medina, quien intervino en la causa le comunicó a la familia que “había agotado los recursos” para dar con el paradero de Micaela, ello pese a no haber mostrado absolutamente ninguna de las medidas adoptadas.
Actualmente, 16 días después de haber realizado la denuncia, la familia continúa sin saber qué investigación se ha llevado adelante, debiendo soportar todo tipo de maltrato no sólo de parte de la policía involucrada en la causa, quien le negó reiteradas veces el acceso a las actuaciones sino del propio secretario del Ministerio de Seguridad, comisario general Rubén Tejerina, quien se reunió con la madre al sólo efecto de intentar frenar las movilizaciones que viene convocando por la desaparición de su hija.
El caso de Micaela es una clara muestra de un accionar de la policía al igual que los organismos del Estado que destilan todo su desprecio por la vida de las mujeres jóvenes de la clase trabajadora, pero también una razón más para continuar organizadas y fortaleciendo la pelea por su aparición. |