Un fallo con varias lecturas en pleno proceso electoral pero con una certeza irrefutable: durante dos años, el juez Lleral y la fiscal Ávila solo se abocaron a satisfacer la demanda del Poder Ejecutivo.
Cuando el juez federal de Rawson Gustavo Lleral decidió cerrar la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado, el 29 de noviembre del año pasado, el ruido que hicieron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sus funcionarios y la caterva de “periodistas” y medios aliados de Cambiemos fue casi insoportable.
Sobre todo para la familia del joven artesano, que sufrió el escarnio público de parte de las espadas oficialistas y del ejército de trolls comandado por el jefe de Gabinete Marcos Peña.
A quienes solo buscaban salvarle el pellejo a Gendarmería y a los funcionarios involucrados en la represión a la comunidad mapuche en la Patagonia no los sensibilizó siquiera que los Maldonado se quedaran sin respuestas acerca de cómo, cuándo y dónde murió Santiago.
A esa misma gente, este viernes no le cayó nada bien, que en un fallo unánime ordenó que Lleral reabra la causa y siga investigando hasta poder responderle con certezas a las querellas todo lo que le reclamaron durante más de un año.
El fallo respondió a las apelaciones que hicieron tanto los familia Maldonado como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asosiación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, todos en calidad de querellantes.
Los Maldonado tenían razón
La lectura de las 18 hojas del fallo firmado por los jueces Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez permite afirmar que era cierto lo que siempre denunciaron la familia de Santiago y los organismos de derechos humanos: que lejos de buscar la verdad y la justicia, los funcionarios judiciales a cargo de la causa solo se abocaron a satisfacer las demandas del Poder Ejecutivo.
Que Bullrich haya salido rápidamente a saludar el fallo por Twitter, destacando que “la cámara ratificó que no hubo desaparición forzada en el caso Maldonado”, habla más de su asco y bronca que de otra cosa. “Ahora se investigará el abandono de persona: los últimos que lo vieron fueron sus compañeros”, agregó la ministra dando un indicio de por dónde irá ahora la coartada oficial (al menos en el tiempo que les queda de gobierno).
Si bien los jueces de Comodoro Rivadavia afirman que tanto su par Gustavo Lleral como la fiscal de Esquel Silvina Ávila realizaron “una ardua labor investigativa” que permitiría descartar que la Gendarmería desapareció forzadamente a Maldonado, en su fallo ordenan reabrir la investigación por razones que, en sí mismas, terminan poniendo en cuestión todas las conclusiones a las que llegaron esos mismos funcionarios.
El tribunal afirma que, pese a la resolución adoptada por Lleral el 29 de noviembre de 2018, “la investigación no se encuentra agotada”. Y destaca que “no puede soslayarse que ha existido un formal ofrecimiento de pruebas por parte de los querellantes” que “no mereció pronunciamiento fundado” por parte del juez.
En ese sentido, cuestionan que Lleral no haya atendido los requerimientos respecto a ampliar pericias y obtener más medidas de prueba, tanto en lo que hace a los resultados de la autopsia del cuerpo de Santiago como a las circunstancias en las que se dieron su desaparición (la represión de Gendarmería y el ingreso a los tiros a la Pu Lof de Cushamen) y el hallazgo del cadáver.
Ante esas falencias investigativas, la Cámara justifica que tanto las querellas como parte de la sociedad hayan elaborado “diversas hipótesis, que ante la ausencia de noticias sobre su paradero aportaban motivos para sospechar de algún accionar ilegítimo por parte de personal de Gendarmería”.
Dejando casi en ridículo a Lleral, el tribunal define como “contradictorio” el argumento utilizado por el juez para cerrar la causa de forma “prematura”. Textualmente dicen que “luce contradictorio que para rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella el a quo (el juez) haya argumentado que su producción ‘demoraría injustificadamente la respuesta judicial que la sociedad y la Familia Maldonado está esperando’, cuando justamente es la familia la que pretende la exhaustividad investigativa”.
Reabrirla e investigar
A sus consideraciones generales, Suárez, Corchuelo de Huberman y Leal de Ibarra le suman la orden de satisfacer las demandas de las querellas a las que durante meses Lleral y la fiscal Ávila les dieron la espalda.
Una de esas demandas tiene que ver con los resultados de la autopsia al cuerpo de Santiago. Los jueces les dan la razón a las querellas cuando dicen que hay “ciertos puntos del informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación en aras a despejar cualquier duda razonable y a favorecer el derecho a la verdad”.
Esos puntos refieren a “la data de la muerte” de Santiago, a “la presencia de polen” en el cadáver, al “informe de diatomeas” (algas) en el organismo y a “la peritación del bastón y los billetes” que estaban en las ropas de Santiago.
En ese marco ordenaron que se convoque a dos peritos para que amplíen sus informes ante las partes. Se trata de la doctora Inés Maidana (quien realizó el estudio de las diatomeas existentes en el organismo de Santiago) y la licenciada en Geología y Palinología Leticia Povilauskas (quien analizó el polen hallado sus ropas).
Povilauskas es quien afirmó en su informe que “bajo ningún punto de vista los granos de polen encontrados en las muestras peritadas” pueden permanecer “adheridos a las prendas sumergidas en el lugar del hecho” por “un período de tiempo prolongado”. Para la especialista (una eminencia en la materia) todas las condiciones geográficas y climatológicas “hacen que el polen se desprenda fácilmente de las ropas” por lo que no deberían hallarse en materiales que hayan estado allí más de “20-30 días”. Santiago estuvo desaparecido 78, desde el 1° de agosto al 17 de octubre de 2017.
Los jueces también ordenan que se periten objetos hallados entre las ropas de Santiago, como un bastón retráctil y billetes, que Lleral directamente desechó como pruebas.
Y para dejar más en evidencia la no investigación, ordenan algo que de tan elemental parece haber pasado desapercibido para muchos (menos para las querellas): la reconstrucción del hecho.
“A efectos de apreciar determinadas circunstancias fácticas que permitirán descartar o corroborar las hipótesis que se plantean, ordenaremos se disponga la realización de la reconstrucción virtual del escenario de los hechos en tres dimensiones, con realidad aumentada, a partir de los datos objetivos colectados en la investigación”, dice el fallo de la Cámara.
Tiempos políticos
Que la Cámara de Comodoro Rivadavia haya ordenado todas esas cosas habla de lo bochornoso que fue la “investigación” encarada por el juez Lleral, quien apareció en medio del proceso judicial en reemplazo de Guido Otranto, el juez de Esquel que desde el primer día se había puesto obscenamente del lado del Gobierno y actuó codo a codo con funcionarios del Ministerio de Seguridad.
En ese sentido, la aparición del fallo puede pensarse como un nuevo intento de parte del Poder Judicial por congraciarse con la oposición al Gobierno nacional en tiempos de campaña y de un casi seguro cambio de personal en la Casa Rosada.
Pero eso no significa que el tribunal no “les tire una soga” a Bullrich y sus secuaces. Porque si bien la orden de reabrir la causa puso los pelos de punta de la ministra, los mismos jueces dejan abierta la posibilidad de que se investigue por “abandono de persona” a las propias víctimas de la represión de Gendarmería, es decir a quienes estuvieron con Santiago en el piquete de la ruta 40 y quienes corrieron desesperadamente junto a él escapando de la balacera de los uniformados.
“Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”, dicen los jueces.
Pero agregan luego que “se investigó una única hipótesis delictiva -aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”. Nuevamente, la amenaza del Estado sobre las comunidades mapuches, esta vez en clave criminal.
“Es una resolución que no nos sorprende. La estábamos esperando en medio de las elecciones y de la reunión que Sergio Maldonado iba a tener en estos días con la CIDH”, expresó la abogada de la querella Verónica Heredia este viernes en Radio Caput. La letrada agregó que es “una pequeña victoria en medio de tanta crueldad. Santiago no se murió, eso es una mentira”.
A partir de ahora se abren varios interrogantes. Entre ellos si va a ser el mismo juez Gustavo Lleral el que se haga cargo de investigar. Eso sería literalmente una tomada de pelo para toda la sociedad. También, si quien tome la causa imputará por encubrimiento a Patricia Bullrich, a su exjefe de Gabinete Pablo Noceti, al exsecretario del Ministerio Gonzalo Cané y al conjunto de gendarmes que tuvieron responsabilidad directa en la muerte de Santiago.
Y otro gran interrogante es si el Poder Judicial se animará a darle curso al pedido expreso de los Maldonado: que una comisión conformada por expertos y personalidades independientes sea finalmente la que se haga cargo de llegar a la verdad en el caso, con plenas facultades y recursos para investigar, a fin de dar una respuesta clara e indubitable sobre las razones de este crimen de Estado.
Mirá el documental de La Izquierda Diario sobre el caso
