El máximo tribunal penal del país ratificó las sentencias condenatorias para los ex jueces que había sido dictada en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, en la Megacausa Mendoza IV por los delitos de lesa humanidad que que los ex jueces de la dictadura cometieron antes y después del golpe del 76.
Fueron condenados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición agravada de tormentos, homicidio calificado, robo, abuso deshonesto, violación, allanamiento ilegal de morada, omisión de promover la persecución penal y asociación ilícita.
Genocidas condenados a perpetua, pero en sus casas
A pesar de haber sido condenados por delitos aberrantes, los jueces condenados gozarán del beneficio de prisión domiciliaria, amparados razones médicas.
Si bien el fallo es un precedente importante y que muestra el rol que jugaron jueces, fiscales y funcionarios judiciales durante la dictadura, que vayan a sus casas en lugar de a cárcel común, muestra cómo la corporación judicial sigue protegiendo a los responsables del terrorismo de estado.
Los organismos de derechos humanos durante años denunciaron que más de 400 jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial fueron parte de la dictadura. Si bien algunos fueron jubilándose o muriéndose, muchos siguen aún hoy en funciones. De todos ellos, a casi 44 años del golpe genocida, sólo 48 de ellos están imputados.
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Las cárceles están llenas de pobres con prisión preventiva por períodos larguísimos en condiciones inhumanas, sometidos a un poder estatal que dispone de la libertad según sus necesidades y criminalizando a los sectores más vulnerables.
Se estima que la población carcelaria está integrada en un 80 por ciento de varones de entre 15 a 40 años, por delitos menores como hurto. Sin embargo a los genocidas se les garantizó la impunidad durante décadas y en este como en tantos casos, se van a sus casas.
Consecuencias de la impunidad
A poco de darse a conocerse esta sentencia, falleció otro de los jueces que estaba imputado en la Megacausa Mendoza IV, Luis Miret, a raíz de un cáncer de páncreas.
Miret fue denunciado por Luz Faingold, actualmente directora de Derechos Humanos en el Gobierno de Mendoza. En el juicio, la mujer denunció que fue abusada a los 17 años en el extinto D2 -un centro clandestino de detención- y que Miret, cuando fue a visitarla como juez subrogante a su lugar de detención, le tomó declaratoria pero la dejó unos días más en manos de sus captores.
Pero el de Miret es uno de los tantos casos. Un informe de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad señala que hasta el 15 de marzo de 2019, en la Argentina hay 3.161 personas que alguna vez fueron investigadas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. De ese total, sólo 675 personas llegaron a ser procesadas.
Son 1.439 los imputados por delitos de lesa humanidad. De ese total 977 son los que están detenidos, pero 650 de ellos gozan del beneficio de arresto domiciliario.
Esa impunidad fue garantizada por todos los gobiernos desde 1983 y por todos los partidos tradicionales. | 
