El 17 de septiembre dará inicio la 44° Convención Nacional Ordinaria del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que se desarrollará a días de que venza la fecha de entrega del “plan de migración de personal” hacia la posible nueva compañía y a meses de que ésta deba estar operando. El debate sobre cómo enfrentar la “separación funcional” será uno de los más importantes y ocupará la atención de miles de telefonistas en todo el país.
El estado actual del conflicto
El 5 de septiembre representantes del STRM tuvieron un acercamiento con el gobierno federal, quien se ofreció como “mediador” en el conflicto como resultado de la movilización del sector de jubilados en la “conferencia matutina” de AMLO. Acción opuesta a los mítines en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) definidos por la dirección sindical, la que se vio en la necesidad de encabezarlos para no ser rebasada por este importante y combativo sector del Sindicato.
En dicha reunión los funcionarios sindicales entregaron un pliego petitorio y solicitaron la “reactivación” de la “mesa intersecretarial” que se formó a inicios de año, la cual aglutinaba a representantes de la Secretaria de Gobernación (SG), Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), IFT, Telmex y del STRM. Esto, con el objetivo de ganar apoyo del gobierno en la negociación y llevar al IFT a posponer o cancelar la “separación funcional”.
López Obrador mencionó en su conferencia, con cientos de telefonistas jubilados protestando a las afueras del Palacio, que buscará un acuerdo que no afecte la autonomía del IFT, los derechos de los trabajadores o las finanzas de la empresa.
Sin embargo, los intereses del órgano regulador parecen irreconciliables con los del STRM que busca mantener la integridad de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y de su organización, pero a su vez busca acoplarse a los intereses de Carlos Slim, en su búsqueda del triple play y de incrementar su presencia en el sector. Por lo que irremediablemente el gobierno tendrá que decidir entre consumar la medida de la “separación funcional” definida en el sexenio de Peña Nieto, o cambiar el rumbo, romper con el continuísmo respecto de los gobiernos anteriores y eliminarla de la agenda. Una decisión complicada en la perspectiva de los trabajadores dada la amistad Slim-AMLO y la condescendencia de éste con las transnacionales interesadas en este rubro.
Como planteamos en una nota anterior, las consecuencias de la decisión que tome el gobierno acerca de este conflicto generará descontento contra su administración, sea por parte de las compañías competidoras de Telmex y de organismos neoliberales como la OCDE, o por el lado de la familia Slim y del Sindicato de Telefonistas. Por lo que el bando hacia el cual se cargue, por más que su intención sea “mediar", dependerá de la presión política que ejerzan sobre él los distintos actores en pugna. Por ello hay que destacar la acción del sector de jubilados manifestándose ante el gobierno y obligándolo a responder públicamente sobre el tema por primera vez desde que tomó posesión. Algo que no había logrado el STRM con las protestas en el IFT, con amparos jurídicos, “cabildeos”, mesas de negociación, y “prórrogas" de huelga.
La Convención telefonista necesita votar un plan de acción combativo que eleve la presión política hacia el gobierno
El sector jubilado de los telefonistas ha puesto la muestra de cómo y hacia dónde el STRM debe dirigir su exigencia. En contraste con la estrategia conciliatoria que su dirección sindical ha implementando hacia los distintos gobiernos del PRI, PAN y ahora Morena, basada en buscar “alianzas" y “pactos" y mostrándose como garante de la “paz” laboral y social. Esta estrategia no solo se ha demostrado incapaz de frenar una sola de las ofensivas políticas contra el pueblo trabajador, o impotente para conquistar alguna demanda obrera o popular seria, sino que además ha resultado perjudicial para los telefonistas al llevarlos a sacrificar su autonomía e independencia políticas sometiéndose a los golpes impuestos.
Si bien es cierto que el gobierno actual goza de gran prestigio entre las masas populares y que es visto como democrático y de “izquierda", no quiere decir que “por sí solo” vaya a velar por los intereses de los telefonistas hasta el final, impidiendo la división de Telmex. También hay otros intereses muy poderosos que lo presionan y se trata de un juego de tendencias políticas que se resolverá a favor de la más fuerte. Por eso, lejos de llamar a la confianza pasiva en AMLO, o en las instituciones del régimen que históricamente ha protegido los intereses de los empresarios, el STRM debe emprender un camino de exigencia y movilización independiente con marchas, mítines, paros y hasta la huelga de ser necesario para obligarlo a hacer efectiva la cancelación de la “separación funcional”.
El arma más poderosa con la que cuenta el Sindicato es la huelga, vista no solo como un trámite legal que impide a la empresa ejecutar la división de activos, sino como un instrumento de lucha capaz de ejercer la presión que necesitan los telefonistas para obligar al gobierno y al IFT a acatar su voluntad, incluso a la misma empresa en caso de que decida ejecutar la separación sin tomar en cuenta a los trabajadores. Pero para esto los miles de trabajadores y trabajadoras que componen el STRM deben confiar plenamente en la fuerza de su unidad, en su histórica tradición de lucha y en el peso estratégico de su organización en la economía nacional, capaz de enfrentar y vencer la exigencia del Instituto y de los empresarios que están detrás de las medidas de éste.
Lejos de analizar las formas “menos perjudiciales” para los trabajadores en que la separación funcional se pueda llevar a cabo, la 44° Convención Nacional del STRM necesita discutir todas las propuestas que existan para impedirla. La integridad del CCT y del STRM dependerá de que los delegados convencionistas y los trabajadores de base de Telmex definan un plan combativo e independiente para ganar, poniendo todas las fuerzas y medios disponibles en la conquista de ese objetivo, antes que ver cómo negociar una “derrota”.
Esto implica impulsar desde ya la lucha unificada junto a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), lo cual ayudaria no solo a presionar con mas fuerza sino sobre todo a aglutinar a otros sindicatos y centrales obreras que se reivindican democraticos y combativos. De esta manera el gobierno actual - que ha dado muestras de proteger más los intereses de los empresarios, las transnacionales y de gobiernos como el de Trump, que los del pueblo pobre y trabajador - se veria arrinconado a frenar el ataque que cierne sobre el STRM. | 
