Muy orgullosos, en la Policía Municipal de Chacao emitieron un tuit donde señalaban: “Más temprano, retiramos a indigente que no justificaba su presencia en la Urbanización La Floresta”, seguido de la etiqueta #OrdenYSeguridad, adjuntando dos imágenes donde se ve a un policía “pegando contra la pared” a una persona que llevaba consigo una bolsa grande, tipo saco. Luego de esto, lo “retiraron” de las calles de la urbanización.
Uno de los usuarios de la red respondió: “¿Desde cuándo y con base en qué ley está un ciudadano obligado a justificar su presencia en un espacio público?”. Por lo visto, para la alcaldía de Chacao y sus policías, los derechos “ciudadanos” no son para todos, el derecho elemental a transitar por la calles de la ciudad está restringido para algunos, que deben “justificar” su presencia. Quizás, todos somos ciudadanos, pero unos son más ciudadanos que otros.
Como, además de pobre, la persona objeto de la arbitrariedad policial era de piel morena, desde el usuario @unplebeyomas se preguntaron: “Señores de @policiachacao ¿qué requisitos se necesitan para “justificar” la presencia en su municipio? Color de piel? Estatura mínima? Tarjeta de crédito?”.
Aquí la arbitrariedad policial llega al nivel de aplicar una segregación territorial, la prohibición, por la vía de los hechos, de transitar por determinada zonas de la ciudad a determinado tipo de personas: en este caso, pobres, negros y, posiblemente, en situación de calle. Que esto ocurra como política de Estado, oficial, en este caso de una alcaldía, es una muestra más de cómo las llamadas “políticas de seguridad ciudadana” tienen un claro carácter de clase, y al mismo tiempo un indicativo del nivel de hostilidad contra aquellos a quienes el mismo sistema económico y social arroja al “margen”.
¿Qué podría estar haciendo una persona pobre con una bolsa grande con diversos objetos, caminando por las calles de una urbanización de clase media acomodada como La Floresta? Desde “siempre” –es decir, en ese pasado previo al chavismo que hoy algunos pretender pintar con un pasado feliz e idílico–, la desigualdad propia del capitalismo venezolano ha arrojado franjas de personas pobres que visitan las zonas acomodadas para pedir ropa usada o buscar en la basura cosas que se pueden reparar o reusar. En esta crisis brutal, de la que obviamente son responsables los gobiernos del chavismo, los niveles de pobreza y miseria se han elevado drásticamente, y es común las personas (tanto adultos como niños) que piden comida o alguna ayuda, incluso no solo en zonas de clase media sino más populares.
Recientemente, a partir del creciente fenómeno de la xenofobia en Europa, ante las olas de inmigrantes pobres, se viene usando un término para definir con mejor precisión este hecho. No se trata solo de fobia a los inmigrantes o extranjeros en general, puesto que los Estados exhiben orgullosamente las cifras de los miles de turistas que visitan sus países, o reciben con los brazos abiertos a los empresarios y banqueros de otros países. La fobia es específicamente hacia los inmigrantes pobres, por lo cual el problema clave no es que vengan de otro país, sino que sean pobres. Esto es lo que se denomina hoy “aporofobia”, fobia a los pobres.
Estas políticas de “seguridad ciudadana” bien podrían entrar en esa categoría, no ya hacia inmigrantes sino una aporofobia interna, un nivel de discriminación que, obviamente no es nuevo, pero que peligrosamente se tornaría política oficial.
Como muchos estudiosos del tema constatan, por lo general los sujetos de las políticas restrictivas y punitivas de “seguridad” son personas racializadas y definidas por su origen social, por su condición socioeconómica.
Este carácter de clase de las políticas de “seguridad ciudadana” no es exclusividad de partidos de la derecha –como es el caso del alcalde de Chacao–, sino que es una realidad brutalmente clara en la política del gobierno nacional, que se dice de izquierda y “revolucionario”. Sin nada que envidiarle a una política de seguridad de derecha, el gobierno de Maduro ha desarrollado al extremo las políticas orientadas a impartir terror y ajusticiamientos en los barrios, mediante los cuerpos policiales, como operativos de “seguridad ciudadana”.
El sometimiento de barrios enteros a estados de sitio con enormes despliegues policiales, los allanamientos de viviendas sin ningún tipo de procedimiento legal y los asesinatos a mansalva –sobre todo de jóvenes–, son parte de las políticas de este gobierno, instaurando, de hecho, la pena de muerte para los habitantes de los sectores populares, en medio de las más absoluta impunidad. El nivel de indefensión de los habitantes de los barrios ante la violencia policial es trágico.
Este episodio de discriminación de la Policía de Chacao se inscribe en esa lógica más general que comparte el conjunto del arco político dominante. |
