El 27 de agosto el genocida Jorge “Tigre” Acosta había salido de la cárcel para pedir un préstamo en Anses. El hecho fue denunciado por la Junta Interna de ATE de esa dependencia estatal y generó un extendido repudio. Pasaron menos de veinte días de la provocativa salida a pedir un préstamo cuando los defensores de Acosta solicitaron la libertad condicional para que quien fuera amo y señor del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA pase sus días en la comodidad de su hogar.
El pedido de Acosta fue realizado ante el TOF 5, el mismo Tribunal que le otorgó el permiso de salida, privilegio que es negado sistemáticamente a procesados o detenidos por delitos comunes.
El “Tigre” Acosta está condenado a prisión perpetua, no solo por haber cometido al menos 82 delitos de lesa humanidad, secuestros, desapariciones y torturas sino también por la apropiación de bebés y por su responsabilidad en los “vuelos de muerte”.
Por supuesto, este intento de avanzar en la impunidad a los asesinos y torturadores de la dictadura, fue nuevamente repudiado.
Myriam Bregman y Liliana Mazea, ambas abogadas querellantes en juicios de lesa humanidad, se presentaron ante el TOF 5 para oponerse al otorgamiento de la libertad condicional al genocida.
En el escrito presentado, señalan que “Es importante destacar asimismo, que los delitos por los que ha sido y continúa siendo juzgado Acosta, continúan desarrollándose en el presente, toda vez que no concedió jamás a las familias de sus víctimas la información necesaria siquiera para saber dónde están las personas desaparecidas. Los delitos que rodearon la desaparición de personas (más allá de su falta de tipificación específica al momento de ser cometida), y el robo de menores y sustracción de sus identidades, son delitos cuya comisión continúa teniendo lugar en el presente, por ello mal podría considerarse que se cumplen los supuestos establecidos en el mencionado art 13 C.P.”
El artículo 13 del Código Penal establece criterios para la libertad condicional que no se cumplen en el caso del represor, que además de haber sido condenado a 35 años de prisión, tiene juicios pendientes por delitos cometidos durante la dictadura. Delitos, por los que está condenado y sigue siendo juzgado y que “continúan desarrollándose en el presente, toda vez que no concedió jamás a las familias de sus víctimas la información necesaria siquiera para saber dónde están las personas desaparecidas. Los delitos que rodearon la desaparición de personas (...), y el robo de menores y sustracción de sus identidades, son delitos cuya comisión continúa teniendo lugar en el presente”, indicaron Bregman y Mazea.
Parte de la denuncia, que Myriam Bregman realizó ante el TOF 5 y en redes sociales, es que siguen impunes crímenes perpetrados por de quien fuera ni más ni menos una pieza clave del genocidio llevado a cabo en nuestro país y en países vecinos como parte del Plan Cóndor, “encabezando el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Marina, que por citar un caso, participó de la persecución y asesinato de Susana Mata y Juan Alejandro Barry, padres de nuestra compañera Alejandrina Barry”.
Pasaron más de 16 años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y 13 del inicio de los juicios contra quienes llevaron a cabo la dictadura cívico militar y eclesiástica, sin embargo víctimas, sobrevivientes y familiares saben que la pelea contra la impunidad es y seguirá siendo una batalla permanente. Y que el único lugar para los genocidas es la cárcel.
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