La Fiscalía Federal N°1 de Rosario, a cargo del fiscal Guillermo Lega, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que están imputados 19 policías, por el delito que contempla el art. 142 del Código Penal: Desaparición forzada. En tanto, el fiscal pidió el sobreseimiento de otros doce imputados, entre ellos el Director de Asuntos Internos de Santa Fe.
En su pedido de elevación a juicio sostiene: "La conducta ilícita desarrollada por los aquí procesados no solamente implicó la privación ilegal de la libertad, sino que además, por su intermedio, se sustrajo a la persona del derecho a la jurisdicción, del derecho a su integridad física, psíquica y moral, como a su vez como del derecho de sus familiares y de la sociedad toda de conocer su destino y el devenir del porqué de su muerte y el cómo sucedió. Así se produce una multiplicidad de víctimas que es una nota distintiva de este tipo delictivo".
La desaparición de Franco
La desaparición forzada de Franco Casco ocurrió el 6 octubre de 2014. Cerca de las 17.30 horas ese día Franco de 20 años de edad, salió desde donde estaba alojado en Rosario hacia la Estación de Trenes Rosario Norte, para regresar a Buenos Aires, donde residía su familia.
Cerca de la estación fue detenido por agentes de la Comisaría 7ma. de la policía de Santa Fe y llevado a la comisaría séptima, donde fue visto por última vez. Su cuerpo apareció sin vida en el Río Paraná casi un mes después.
Las autopsias y demás pruebas permitieron establecer que murió antes de ser arrojado al río, con un tiempo de inmersión compatible con la fecha de su desaparición.
Su mamá en ese momento denunció que vio en fiscalía dos fotos de su hijo con el rostro completamente desfigurado a golpes en la misma comisaría y por otro lado, que la firma de la salida en libertad por falta de antecedentes del libro de guardia, no era la de su hijo.
Encubrimiento político y policial
La investigación mostró como Franco Casco fue trasladado a la Comisaría 7ma, donde fue aislado en un calabozo con condiciones de encierro inhumanas, denominado "la Jaulita", donde el personal de esa dependencia encerraba a los jóvenes que detenía por averiguación de antecedentes.
Numerosos y coincidentes testimonios de presos alojados en esa comisaría dieron cuenta de que pudieron hablar con Franco, escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio, "tras lo cual se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención", señala el fiscal en el pedido de elevación a juicio.
La Policía provincial le mintió a su familia, diciéndoles que lo había aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad y que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, aunque aseguraron que luego fue liberado. Sin embargo, nunca llegó en tren desde Rosario, ciudad a la que había viajado a visitar a una tía a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa.
Frente a las movilizaciones y búsqueda de Franco, la Comisaría cometió una serie de irregularidades para fraguar los hechos, modificando los datos personales del joven su apellido, número de documento y domicilio.
El dictamen fiscal pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la dependencia policial y tomara conocimiento de que su hijo había sido detenido, ya que de no haberse producido esa circunstancia "nunca se hubiese descubierto que Franco Ezequiel Casco había sido privado de su libertad", hecho que a la fecha se encuentra fehacientemente acreditado.
Después de casi cinco años de su desaparición la fiscalía pide la elevación a juicio, cuando desde un primer momento fue más que claro que la desaparición y posterior muerte de Franco, son responsabilidad de la policía y sus encubridores políticos y judiciales. | 
