La masacre de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es la muestra más reciente de papel que juegan las fuerzas armadas en la crisis de violencia por la que atraviesa el país. Impunidad, corrupción y un llamado a la intervención del FBI rodean este caso de ejecuciones extrajudiciales en la 4T. |
- El pasado 5 de septiembre, la Policía de Tamaulipas reportó haber librado un enfrentamiento con el crimen organizado, Como trofeos, presentó armas, un vehículo blindado y ocho cadáveres.
- Días después, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó que el Ejercito y la Policía habían protagonizado un auténtico montaje. Los presuntos criminales no eran si no pobladores secuestrados y ejecutados aquél 5 de septiembre.
- Ante la denuncia, la Fiscalía estatal -aprovechando para destacar su "autonomía"-, abrió una carpeta de investigación.
- Por su parte, la dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas suspendió temporalmente a los elementos implicados en la masacre.
- El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, "sugirió" a la Fiscalía solicitar la "asistencia técnica" del Buró Federal de Investigaciones (FBI) así como de otras agencias internacionales. Esto con el fin de "dar más transparencia" a las investigaciones. Presionado por el escándalo, aseguró que su gobierno atendería las recomendaciones emitidas por la CNDH.
- El Comité de Derechos Humanos, por su parte, solicitó que fuera la Fiscalía General de la República quien atrajera el caso. Aseguró que el FBI no tendría por qué investigar, al tiempo en que reconoció que no confían en el gobierno de Cabeza de Vaca.
- Mientras tanto, testigos, familiares y sobrevivientes se han enfrentado al hostigamiento de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Estatales de Tamaulipas. El Comité de DDHH local documentó que al menos 10 vehículos policiacos y elementos del Ejército rodearon la casa de uno de los testigos clave del caso e impidieron que éste se presentara a declarar.
Ese caso, que no tardó en ser comparado con la masacre de Tlatlaya, podría consolidarse como el primer caso reconocido de ejecuciones extrajudiciales en la administración de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario, por su parte, encabezó este lunes el desfile militar del 16 de septiembre, el cual contó por primera vez con la participación de la Guardia Nacional. Ratifica así el presidente su respaldo a unas Fuerzas Armadas cuestionadas por un largo historial de auténticos crímenes que, a pesar del descrédito, forman hoy parte clave de la política de seguridad de la "cuarta transformación".
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