El miércoles pasado Facundo Viola llegó a su casa en la localidad santafesina de Arroyo Leyes y se encontró con vidrios rotos y la entrada de su casa destrozada. Es el ataque intimidatorio número seis a este referente de un espacio de vecinos autoconvocados que denuncian desde hace años las fumigaciones con agroquímicos en la localidad, y en toda la provincia, y las múltiples consecuencias que tiene para su comunidad.
Facundo no es el único afectado. En diálogo con La Izquierda Diario hizo un repaso de la situación y reforzó una idea: los hostigamientos son sistemáticos hacia todos los vecinos y vecinas que se plantan contra este modelo productivo que lleva a un asesinato silencioso de todas las comunidades expuestas de forma voluntaria o involuntaria a los agroquímicos, que se cuelan en el ambiente, en el agua, y hasta en los genes.
Vecinos Fumigados de Santa Fe es una organización que se extendió en toda la provincia ante este problema endémico, el uso irrestricto de agrotóxicos por parte de empresarios que fumigan a distancias tan cortas que provocan enfermedades letales, contaminan el agua con sus desechos, y que plantean un futuro cada vez más sombrío para las futuras generaciones.
¿Cómo enmarcas los hechos ocurridos el miércoles pasado?
Lo que me sucede a mí le sucede a miles de vecinos en la provincia y en el país, que intentan dar algún paso más allá cuando son fumigados. Esto no tiene repercusiones en el Estado, y tampoco mucho eco en la justicia, entonces queda expuesto el denunciante como quien osó levantar la voz y no callar frente a los atropellos de los derechos más elementales como son a la vida y al ambiente sano. Después de quedar expuesto intentan disciplinarlo, hostigándolo, y también buscan aleccionar a la sociedad para que no denunciemos, como ejemplo para que a nadie más se le ocurra hacer lo mismo.
Este punto me interesa resaltar, creo que eso es lo que hace que esto valga la pena, que sirva esta vez para que se sepa que esto es mucho más grave, porque no me pasa solo a mí, le pasa a mucha gente en la provincia y en el país, y eso lo hace mucho más grave, porque multiplica por miles de casos. Tal vez el mío se visibilice mucho más por el laburo que venimos haciendo en los medios, de tejer redes, de llevar adelante un trabajo sistemático de visualización. Pero esto le pasa a muchos, por eso nuestra agrupación se llama Vecinos Fumigados de Santa Fe, porque nos interesa dar testimonio desde esa perspectiva.
¿Cuánto hace que vienen denunciando las fumigaciones con agrotóxicos en Arroyo Leyes?
Venimos denunciando las fumigaciones con agrotóxicos sin control de la población de Arroyo Leyes desde 2013, realizando acciones de diferentes tipos, charlas, encuentros, asambleas, reuniones en la comuna. A partir de 2015 avanzamos con las denuncias penales que muchas veces no tuvieron eco, incluso en muchas ocasiones no nos tomaban declaraciones desde la fiscalía. En 2016 pudimos ingresar una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Rosario a cargo del doctor Claudio Kishimoto, eso derivó en que se trasladara toda la investigación al fuero provincial, pero después todo lo que habíamos denunciado quedó desestimado.
El año pasado, cuando a mitad de año se abrió la Dirección de Investigación de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe, comenzaron a recibir nuestras denuncias. El doctor Estanislao Giavedoni es quien está a cargo de la investigación junto con la Policía de Investigaciones (PDI), y vienen haciendo algunos allanamientos y tomando algunas medidas probatorias. Esas investigaciones comenzaron a poner nerviosos a quienes fumigan, a quienes estamos tocando sus intereses, y a partir de septiembre de 2018 comenzaron a amenazarnos, a llegarnos a diversos vecinos amenazas de muerte. Y en el mes de octubre intentaron ingresar a mi domicilio rompiendo el cerco.
¿Cómo fueron los ataques previos y cómo llegan al último?
Desde ese momento (en que se activaron las investigaciones NdE) comienza una seguidilla. Ingresaron a la casa de mi compañera, sustrajeron computadoras, documentación que respalda todas las denuncias que venimos llevando adelante, material de las investigaciones, y por supuesto, nuestras herramientas de trabajo. Nos dan un golpe muy duro. A partir de ahí, dos veces más en la casa de mi compañera y otra vez en la casa de un compañero.
Luego en marzo ingresaron a mi casa, se llevaron computadoras, herramientas de trabajo, revisaron mediante el mismo modus operandi toda la casa. Después, el 2 de mayo, volvieron a irrumpir a mi domicilio, esa vez yo estaba adentro, repelí el ataque de alguna manera e identifiqué a la persona que ingresó a mi domicilio. El actual ataque se dio hace un par de días, una noche que en mi casa no había nadie. Al llegar a la mañana me encontré con los vidrios destrozados.
¿Hay alguna investigación en curso? ¿Cuál es la postura de las autoridades frente a estas amenazas a los vecinos?
Nosotros recabamos toda la información. Patentes de las camionetas que nos perseguían, las descripciones de las motos que intimidaban, los perfiles de Facebook de las personas que nos amenazaban públicamente, además la foto del que ingresó a mi casa. Lo llevé a las fiscalías y nunca imputaron o investigaron a nadie por amenazas. Siguen adelante las investigaciones por el delito ambiental, pero por amenazas nadie investiga, nadie nos brindó ningún tipo de seguridad. También nos reunimos con el secretario de seguridad de la provincia Ángel Ruani, el nos atendió siempre muy amablemente pero sin brindarnos mayores garantías al respecto de nuestra seguridad.
La policía nos tomó los datos, sacó fotos, pero nadie nos llamó a declarar sobre este hecho, nadie investiga para identificar a los atacantes. Así que estamos a la espera de que el Estado accione, algo que hasta el momento vemos muy difícil. Nos sostenemos entre vecinos solidarios, cuidándonos entre nosotros, esa es la manera que tenemos para seguir adelante.
¿Cómo responde el gobierno comunal a las crecientes enfermedades que causan los agroquímicos?
Las autoridades por supuesto que siguen haciendo oídos sordos y permitiendo algo que es inconstitucional y lesivo de todos los derechos más elementales, como son la vida y el ambiente. Además ignoran hasta un potencial riesgo, no sólo para los niños o las generaciones más jóvenes, sino las futuras, porque estos venenos son genotóxicos y el daño genético puede causar enfermedades, malformaciones y complicaciones en la salud a largo plazo, además de lo que produce en el ambiente.
Nosotros comenzamos denunciando en el año 2013 fumigaciones que eran a 2 metros de la escuela, de la ventana y la puerta de una escuela. Ahora estamos en distancias de 400 o 500 metros. Hay campos que se han convertido a la agroecología y otros que están convencidos de que no hay otra opción, ya que hay una ordenanza que les está dando plazo para, en el transcurso de algunos meses más, no permitir ningún tipo de fumigaciones en la localidad.
¿Cómo lograron esta ordenanza?
Por supuesto que todo esto es un logro de los vecinos que venimos impulsando esto, monitoreando día a día, y gestionando acciones concretas, como el apoyo a esos productores, generando cadenas de comercialización para sus productos, asistencias técnicas. Venimos en esa movida, y evidentemente a quienes ganan dinero a costa de la vida de todos, vendiendo veneno y utilizando venenos les molesta nuestro accionar.
Los vecinos venimos resistiendo, con dificultad, yendo a profesionales, tratando de paliar como se puede, y tratando de investigar y estudiar cada uno. Se va generando una conciencia creciente y cuando no tienen a los profesionales que corresponden se hacen cargo sí mismos de ver que pasa y analizar cuando se produce una fumigación, comienzan a comentarse unos entre otros "bueno, acá fumigaron y a mi hijo le pasa esto", y de esa forma se van atando cabos. Lamentablemente así de rústica y precaria es nuestra situación en este momento.
Las autoridades provinciales implementaron el ordenamiento territorial a través de una ordenanza consensuada con la comuna local, donde nosotros participamos formalmente como vecinos autoconvocados, pero luego fuimos desplazados. La ordenanza salió con una serie de determinaciones que para nosotros no son de ninguna forma aceptable, como por ejemplo permitir que las fumigaciones persistan por 3 años más, que es el plazo definitivo para reconvertir a la agroecología los campos. A pesar de que es un elemento favorable a largo plazo, por el momento venimos insistiendo en que se aplique el principio precautorio de la Ley General de Ambiente que dice que ante la posibilidad de que se dé un daño grave o irreversible esto se detenga, y esa es nuestra postura como vecinos fumigados.
¿Qué acciones e investigaciones impulsaron? ¿Qué es lo que han detectado?
La Universidad Nacional del Litoral ha detectado en nuestra comunidad altos índices de discapacidad por encima del promedio en el año 2010. Patologías poco frecuentes en niños, como son los niños azules en el año 2016, esto lo relevó la Facultad de Ciencias Médicas. Aguas contaminadas por residuos de fertilizantes, también detectado por un equipo académico en el año 2014, además de todos los estudios de la doctora Fernanda Simoniello de la Facultad de Ciencias Bioquímicas que hablan del alto riesgo de contraer cáncer, leucemia, abortos espontáneos, en todas aquellas personas que están expuestas involuntaria o voluntariamente en el cinturón frutihortícola santafesino.
Todo esto le sucede a nuestros vecinos y compañeros, las compañeras teniendo abortos espontáneos, los vecinos más cercanos muertos de cáncer o leucemia muy jóvenes, hasta niños de dos o tres meses, hijos de agricultores, muertos de forma súbita. Pájaros muertos y perros enfermos cada vez que fumigan muy cerca de los campos.
Los sistemas médicos se resisten a relacionar o a investigar la posible relación de lo que puede producir una fumigación con agrotóxicos cerca de las personas, niños sobre todo, y las patologías que se generan en la localidad. Es evidente que hay relación para los vecinos, aunque los sistemas médicos de alguna forma y quienes están a cargo en la localidad tratan de que esa información no se indague profundamente.
Hemos propuesto campamentos sanitarios, hemos hecho las gestiones ante el decano de la Universidad Nacional de Rosario, pero el presidente comunal de nuestra localidad se negó a firmar los documentos de acuerdo, a pesar de que esto no tiene costo para el gobierno local. Esto hubiera permitido relevar verdaderamente y dilucidar cuáles son los compromisos que implican estas fumigaciones sin control de la población. Se niegan a implementar un dispositivo epidemiológico de amplia magnitud, como lo que nosotros proponemos. | 
