El pasado 11 de septiembre el Ministro de Defensa, Alberto Espina mencionó unas declaraciones que llamó la atención en el mismo contexto de la conmemoración del Golpe: "Las Fuerzas Armadas y sus comandantes en jefe están empeñados en que las FF.AA. sean un factor de unidad, no pertenecen a ningún sector político y como factor de unidad deben representar las distintas diversidades de la sociedad chilena, pero bajo los objetivos que son sus misiones".
Pero lo cierto es que no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas gozan de privilegios que se instalaron a partir de la dictadura militar de 1973.
Desfile de la corrupción y los privilegios
De la población chilena sólo el 0,3 % son militares. Los hombres se jubilan a los 53 años y las mujeres a los 50. La pensión promedio es de 886 mil pesos. Mientras que la mayoría de la población, la trabajadora, tiene como edad de jubilación los hombres 65 años y las mujeres 60. Y la pensión promedio no supera los 190 mil pesos.
Es más, en dictadura, el año 1975 la junta militar decreta la ley 13.196, llamada “Ley reservada del cobre”, que obliga a Codelco a entregar el 10% de las ventas anuales a las FFAA, sin mediar impuestos, con un monto mínimo de 90 millones de dólares que alcanzaría para más de 20 hospitales completamente equipados y poder financiar la educación gratuita para todos los estudiantes de las universidades estatales.
Por otro lado, el fraude en el Ejército (Milicogate) ha marcado nuevos cómputos tras descubrirse en agosto de 2015, cuando la institución estaba bajo el mandato del general (r) Humberto Oviedo. Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. A la fecha van más de 200 millones de dólares en el fraude.
Y siguiendo con el historial de privilegios e impunidad, los violadores de DD.HH. presos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, acusados de asesinato, desapariciones y tortura, reciben pensiones millonarias que superan en algunos casos los 3 millones de pesos. | 
