El ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha iniciado el trabajo de la agenda política del gobierno para reformar ciertos aspectos del poder judicial. Esto como parte de las serie de reformas que el ministro Chadwick está impulsando.
Estas medidas buscan principalmente cambiar la forma de elecciones de fiscales y jueces, además de reformar el Consejo en Defensa del Estado. Estas medidas están a la espera de ser aprobadas por el presidente Piñera y los parlamentarios del oficialismo, para ser tramitadas en el parlamento para el segundo semestre.
Esto se produce en medio de la gran crisis que cruza al poder judicial, en torno a las elecciones de jueces, el “desastre de Rancagua”, el rol de fiscalía en casos de corrupción emblemáticos, etc. Una crisis no menor, ya que toca a uno de los principales pilares del régimen heredado de la dictadura.
Si bien las medidas aún no se conocen oficialmente, se trataría formar un comité de nombramientos de jueces, establecer estándares de probidad en el ejercicio de las funciones de los consejeros en el CDE, potenciar la función de la defensa estatal que ejerce el CDE y modificar la estructura del CDE, entre otras cosas.
Medidas que si bien buscan empalmar con la desconfianza popular hacia este sector, no resuelven el problema estructural del poder judicial. Y es que por más mecanismos reguladores, los jueces seguirán siendo una casta privilegiada, con sueldos millonarios o jubilaciones vitalicias como el CDE, todo esto mientras siguen defendiendo y aplicando el “marco legal” que justifica a este régimen empresarial heredado de la dictadura. Al contrario, es necesario que los jueces sean electos por voto popular y revocables de sus cargos, acabar con sus beneficios vitalicios y que sus sueldos sean igual a los de un trabajador calificado. | 
