Desde la Subsecretaría del Desarrollo Regional, inicialmente pronosticaron que los trabajos de limpieza de cañerías se extenderían hasta fines de septiembre, sin embargo, la alcaldesa María Elena Ojeda anunció ayer que el servicio podría restablecerse el próximo miércoles si las muestras enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) no arrojan presencia de contaminantes.
Actualmente en el Ministerio Público está en curso una investigación penal para determinar causas y responsabilidades del suceso, el cual ocurre tan sólo dos meses después de la crisis sanitaria en Osorno que dejó a más de 200 mil personas sin el recurso vital durante 10 días, a causa del derrame de 1.100 litros de petróleo en la planta de Caipulli.
Cabe recordar que el 10 de septiembre se produjo una nueva emergencia ambiental por la rotura de una tubería de la empresa sanitaria de Los Lagos (ESSAL), que provocó el vertimiento de aguas servidas en la bahía de Ancud.
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Desde la Municipalidad de Puerto Octay evalúan una “nueva figura legal”, donde los habitantes tendrán que pagar un costo por el restablecimiento de este nuevo servicio. Mientras tanto las sospechas y responsabilidades apuntan a una empresa externa que presta servicios sanitarios a la Municipalidad.
En Chile se estima que al menos un 90% de las aguas superficiales y un 50% de las subterráneas están concesionadas a manos de privados, un hecho inédito a nivel mundial, gracias al Código de Aguas instaurado en dictadura. De ahí también la importancia de resolver el problema a nivel macroestructural de conjunto, y no en particular por cada localidad.
El Gobierno de Sebastián Piñera anunció hace algunos días un plan de inversión pública para combatir la crisis hídrica que ya se extiende a seis regiones del país. Sin embargo, el 80% de esa agua la gastan grandes empresas mineras y forestales, entonces ¿por qué todos los chilenos lo deberían costear por igual?
Si se tiene en cuenta los intereses de estas empresas y los propietarios, se vuelve necesario que las comunidades, junto a trabajadores del suministro y el conocimiento científico de expertos y universidades, cobre protagonismo para vías de resolución sustentables en el tiempo. Es decir, que estas instancias resuelvan en función de garantizar el recurso sanitarios para todos.
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Rodrigo Abarca, doctor en Geofísica y académico de la Universidad de Concepción declara que el problema mayoritario de las crisis hídricas “no es que se esté acabando el agua, sino que hay una mala gestión de ella”.
Los privados, así como el Gobierno se han mostrado impotentes para resolver las actuales crisis hídricas con una perspectiva a largo plazo, y el modelo de las sanitarias es uno de los más costosos de los países agrupados en la OCDE. Es necesario un plan de emergencia a la altura de las necesidades y desafíos.
En el actual contexto de crisis hídrica, se vuelve urgente la renacionalización de este recurso natural, y que sea administrado por trabajadores y comunidades, en función de los requerimientos de la población, con el cuidado que requiere la naturaleza, y no para las utilidades de empresarios nacionales o transnacionales. | 
