Luego de intensas movilizaciones en todo el territorio ecuatoriano, en contra de las medidas antipopulares del gobierno, el jefe del ejecutivo Lenin Moreno, vía decreto presidencial impuso el “estado de excepción”.
Según el documento oficial, las acciones a tomar en todo el territorio del Ecuador son:
Movilizar al ejército y a la policía contra los manifestantes, se suspenden en todo el territorio los derechos de libertad de asociación y reunión de las personas, además de limitar concentraciones en espacios públicos; igualmente, se restringe la libertad de tránsito, lo que necesariamente implica, la instalación de retenes, revisiones y detenciones arbitrarias; y se permite el uso de fondos públicos para sufragar la represión.
Este acto de autoritarismo no es más que reflejo de una profunda crisis política, social y económica en que ésta sumido el gobierno ecuatoriano, que en las últimas fechas ha perdido la legitimidad que le quedaba, por lo que recurre a la bota militar y policiaca para mantener el control sobre la población.
En este sentido, el paquete de medidas económicas tiene como fin último garantizar las ganancias de los grandes empresarios y las trasnacionales, a costa de los trabajadores y la población humilde y laboriosa.
No obstante, muchos manifestantes no se han dejado intimidar, saliendo a las calles a expresar su repudio contra el “paquetazo”, y en más de una ocasión, defendiéndose de la embestida policial. Hay carreteras y calles bloqueadas en varias ciudades, el transporte público ha iniciado un paro total de actividades y se han suspendido las clases en todo el país. | 
