Actualmente, se atraviesa una de las crisis hídricas más grandes de los últimos 70 años. Chile es el único país del mundo donde el agua está privatizada. El Código de Aguas, impuesto por la dictadura, ha permitido que el 90% de las aguas superficiales hoy estén en manos privadas.
Esta situación, ha sido mantenida por los ex gobiernos de la concertación y la derecha, y ha generado un millonario negocio con suculentas ganancias para los empresarios de la agro exportación, de las hidroeléctricas, forestal como los Matte y Angelini y de las grandes mineras de grupos económicos como la multinacional BHP o el grupo Luksic, que junto al resto de las compañías saquean el 50% del agua en el Norte de Chile.
Situación que contrasta con las cerca de 400 mil personas que reciben agua en camiones aljibes o la contaminación de arsénico del agua potable de Antofagasta, también se expresa en la crisis de las empresas sanitarias de Puerto Octay o Chiguayante, donde cientos de miles de personas quedaron sin agua por el negocio de las sanitarias.
Una vez más, el gobierno y los empresarios muestran que sus intereses son totalmente opuestos a las necesidades del pueblo trabajador y sectores populares, no es casualidad que siete de sus ministros sean propietarios de caudales a nivel nacional como Antonio Walker, ministro de agricultura, quien es dueño de más de 29 mil litros/seg de agua, en regiones de producción agrícola como Valparaíso donde encontramos situaciones críticas como la de Petorca.
Ante esta crisis, el gobierno de Piñera pretende mantener en manos de privados y de forma perpetua el agua, tal cual se consignó en el plan neoliberal de la dictadura. Por su parte, la iniciativa impulsada por Bachelet no acaba con con la privatización y el saqueo, sino que propone, como una especie de medida paliativa, que el 10% del agua que aún no se ha privatizado, se entreguen a privados en concesiones de 30 años, con la posibilidad de renovación. Ni la derecha ni la "oposición" plantean soluciones de fondo. Lo que exigen las comunidades, la población, es que el agua deje de estar privatizada.
Recientemente hemos visto millones de jóvenes en las calles denunciando como el saqueo de las grandes multinacionales están destruyendo el medio ambiente, los trabajadores que vivimos las consecuencias de esto con altas tasas de cáncer, silicosis,entre otras, debemos unirnos con las y los estudiantes, organizándonos para poner fin al código de aguas de la dictadura y la privatización. Para ello es necesaria la expropiación sin pago a las empresas que tienen el derecho sobre las aguas, avanzando a nacionalizar los recursos naturales gestionada por sus propios trabajadores, junto a profesionales, estudiantes y organizaciones socioambientales que pongan sus conocimientos al servicio de las necesidades de la población y las comunidades, única vía seria y confiable para que este vital recurso sea un derecho a disposición de las grandes mayorías y no del bolsillo de las minorías. |
