Encabezada por Karen Espíndola, subdirectora de la Fundación Comprometidos, una comisión de distintas mujeres y organizaciones se dirigió a entregar una petición a la Contraloría General de la República, con el propósito de iniciar una auditoría a la ley 21.030 y su implementación desde su promulgación en 2017.
Si bien la situación actual es preocupante como afirma la solicitud, que hace la justificación de la petición, “En relación con la implementación de la Ley Nº 21.030, desde la publicación y hasta marzo del 2019 el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud ha registrado que 944 embarazos califican en alguna de las causales (establecimientos públicos y privados). La causal más frecuente corresponde a la inviabilidad fetal (42,8%), seguida por la causal de riesgo vital(42,2%) y en tercer lugar la causal de violación (15%)”.
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Esto además ocurre en el marco del aumento de objetores de conciencia, que como las cifras muestran, es mayormente en la tercera causal: en caso de violación. Que en definitiva, tanto con la objeción individual como “institucional” que buscó impulsar Piñera el presidente de los empresarios, lleva el problema del aborto y la salud sexual y reproductiva al terreno moral y no a lo que es: un problema de salud pública.
Al respecto se refiere la médica Natalia Sánchez afirmando que si bien es necesario denunciar esta práctica en el sistema público de salud que impacta negativamente en la vida de decenas de mujeres, en el marco institucional que ha mantenido sin este derecho a las mujeres es paradójico solicitar una fiscalización si la figura de la objeción de conciencia que nació junto con la Ley 21.030 creada en el Gobierno de Bachelet, pero que partidos como el Frente Amplio o el Partido Comunista no buscan sobrepasar.
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