Este lunes el colectivo de abogades La Ciega de La Plata informó que finalmente la jueza de Garantías Marcela Garmendia resolvió que “no se encuentra acreditada la comisión de ningún delito” por parte de los jóvenes senegaleses Diaw Ibrahima y Dieng Thierno, por lo que dispuso sobreseer a ambos trabajadores ambulantes. También al joven Luciano, un argentino que salió en defensa de ambos laburantes africanos cuando la Policía decidió detenerlos ilegalmente.
Si bien se conoció ayer, el fallo de Garmendia tiene fecha 27 de septiembre, es decir más de dos meses después de que los tres jóvenes fueran detenidos por la Policía Bonaerense en pleno centro de La Plata.
Como informó oportunamente este diario, el 24 de julio efectivos de la Policía metieron en un patrullero a Ibrahima y a Thierno, los condujeron a la tenebrosa Comisaría Novena y les armaron una causa penal por “resistencia a la autoridad”. Lo mismo hicieron con Luciano, un joven platense que intentó solidarizarse con los vendedores y terminó encausado por “hurto en grado de tentativa”.
Conocido el fallo absolutorio de la jueza Garmendia, el colectivo La Ciega destacó que queda demostrado que el “megaoperativo” realizado en el centro platense a fines de julio “encubrió prácticas discriminatorias hacia el conjunto de habitantes senegaleses, dando rienda suelta a innumerables decomisos irregulares, maltratos, requisas y detenciones arbitrarias con un fuerte sesgo racista y xenófobo”.
La magistrada dio una definición muy clara que fundamenta su resolución: “no existió una intimación concreta, notificada y fehaciente en las actuaciones municipales de carácter administrativas en las cuales se comunicara a los aquí imputados que debían acatar la orden de secuestro de la autoridad”. Es decir, fueron avasallados violentamente por los funcionarios.
Y además consideró “que el modo en que reaccionaron los imputados Diaw Ibrahima y Dieng Thierno ante la presencia de personal municipal es atendible teniendo en cuenta que los mismos no hablan el idioma español”. O sea, no hicieron más que responder a una descriminación racial.
Para les abogades de La Ciega, “esta decisión desnuda y pone en cuestión el carácter ilegal de los operativos desarrollados”. Y agregan que este hecho “no parece ser noticia para el diario El Día, que desde aquel mes de julio editó decenas de artículos estigmatizando a lxs trabajadorxs senegalesxs, dando sustento discursivo a su persecución y hostigamiento, y asumiendo en definitiva el rol de vocero oficial del intendente, del Ministerio de Seguridad provincial y de la Cámara Argentina de Comercio”.
“Que cesen en sus actitudes racistas”
En diálogo con La Izquierda Diario Damián Brumer, abogado de La Ciega, dio un panorama más general acerca de la situación de la comunidad senegalesa en la capital bonaerense.
Aparte del caso de Ibrahima y Thierno, ustedes vienen tomando la causa en general de esta comunidad africana
Sí. Hace unas semanas presentamos un amparo colectivo, desde Colectivo La Ciega en conjunto con más de 90 senegaleses (lo cual le da una importancia significativa) a favor del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación hacia todos los senegaleses que viven y trabajan en La Plata. Pedimos que la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de la provincia cesen en sus actitudes racistas hacia esta comunidad.
¿En qué contexto se dan esas actitudes?
En el marco de las órdenes de servicio dictadas por el Ministerio, a pedido de la Municipalidad, para levantar a todos los manteros de la zona, operativos que se profundizaron desde el 21 de julio, comenzando en la Plaza San Martín y extendiéndose hacia otras calles y avenidas del centro.
¿Qué pasó con el amparo que presentaron?
Está radicado en el Tribunal Federal 2 de La Plata, a cargo del doctor Alberto Recondo, y actualmente esté en tramite. Como medida precautelar el juez pidió informes a la Municipalidad y al Ministerio provincial para que den explicaciones y expliciten los motivos que sustentan esas órdenes de servicio que se impartieron desde julio y que habilitan tanto a Control Urbano como a las fuerzas de seguridad de la provincia a desarrollar los operativos que ya conocemos.
Además de Ibrahima y Thierno, ¿saben de más causas contra senegaleses?
Sí. Hay causas penales en trámite. La mayoría son iniciadas a instancias de la Policía Bonaerense y se genean luego de operativos que, en un primer momento, desarrolla Control Urbano pero que al tener acompañamiento de la Policía se acusa a los chicos de cometer el delito de “resistencia a la autoridad” o el delito penal de “daños”. Ahí les inician las actuaciones correspondientes y las envían a la Fiscalía provincial, es decir a la justicia ordinaria.
¿Cómo actúa La Ciega frente a estos casos?
Nosotros estamos representando legalmente a los chicos senegaleses que tienen causas penales y venimos desarrollando estrategias de defensa fundamentalmente en las que tienen avances significativos, es decir aquellas en las cuales los fiscales han impulsado la acción penal. Existen también causas que llegan a la Fiscalía y a la larga se terminan archivando porque el fiscal considera que directamente no existió el delito o no puede probarse la existencia de un delito o no imputa a nadie formalmente y termina archivándose.
¿Los senagaleses hicieron denuncias de los atropellos que sufren y las causas armadas?
En la justicia penal provincial hay radicadas denuncias de los chicos, tanto en el mes de enero y febrero como también en los últimos meses. Ellos tomaron la iniciativa de denunciar a agentes de Control Urbano y agentes de la Policía de la provincia por el robo de su mercadería.
¿Y qué pasa con esas causas?
Generalmente esas causas no son para nada tenidas en cuenta por la justicia. Así de rápido como funciona para imputarlos y llamarlos a indagatoria y para hacer que avancen este tipo de causas, cuando los chicos son los que denuncian enseguida las causas son archivadas, incluso con prueba pendiente de producirse. Esto nos muestra como actúa la justicia y en función de qué intereses.
Al día de hoy los operativos contra los manteros y la violencia policial continúan, pese a estar en trámite amparos y demás instancias legales que consideran que se están vulnerando derechos elementales. De resolverse favorablemente el amparo colectivo presentado por la comunidad y les abogades que la representan, debería cesar la confiscación de mercadería y el hostigamiento que sufren en la calle cotidianamente. Aunque muy probablemente la violencia y el racismo policial hacia los migrantes senegaleses continúe por otros medios.
Las decisiones políticas de los agentes del Estado burgués impiden el ejercicio del derecho elemental a trabajar de muchas familias, en un contexto donde la pobreza alcanza a más de un tercio de la población del país y todos los políticos propatronales y la Iglesia se golpean el pecho y llenan la boca hablando del “hambre”. | 
