“Tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta de que el mundo cambió, el clima cambió”. Estas fueron las palabras de Sebastián Piñera en la presentación de una mesa transversal para enfrentar la crisis de la sequía que afecta a varias zonas del país.
La mesa por la crisis hídrica es la moneda de oro del gobierno para enfrentar la escasez que ha cobrado más de diez mil animales y tiene a 380 mil personas recibiendo agua de camiones aljibes, junto con la inversión de cinco mil millones.
Está conformada por 27 personas, ministros, dirigentes gremiales de Chile Vamos, FA y la ex NM, como los senadores Guido Girardi (PPD) e Isabel Allende (PS), y los diputados Matías Walker (DC), José Pérez (PR) y René Alinco (indep.).
El objetivo de esta mesa, es generar planes a mediano y largo plazo para enfrentar el impacto de la crisis hídrica, que aparentemente están en las prioridades del gobierno debido a que las consecuencias de la escasez de recursos hídricos se podían comparar a las de eventos extremos como los terremotos.
La meta de la mesa está en entregar un informe con posibles soluciones en un plazo de 60 días. La intención del gobierno es llegar a la COP 25 con avances, en esta ofensiva Piñera llevó este tema al encuentro de la ONU, en Nueva York. ¿Pero de qué se trata esto realmente?
Con la escasez de agua que está en uno de sus peores momentos, no solo se pone en juego el agronegocio sino que peligra la producción minera, parte importante de la economía chilena. En este sentido la pregunta que surge al conocer la preocupación del gobierno sobre los conflictos medioambientales es si se van a tratar de medidas que beneficien a los empresarios o a los trabajadores y sus comunidades.
En esta tónica se devela el debate más profundo ¿quienes pueden darle una salida al avance de la crisis hídrica? Los empresarios quieren superarla para seguir acumulando riquezas mientras que los trabajadores y las comunidades la necesitan superarla para seguir viviendo.
Hoy día la expresión más grande de la crisis climática en Chile es la escasez de recursos hídricos, que tiene pronósticos bastante desoladores. En este debate distintos intereses chocan, expresando la profundidad del problema. La crisis climática y sus consecuencias no dejan indiferente a nadie.
En un nivel, la crisis hídrica implica una nueva forma de distribuir el recurso natural, tanto para que las comunidades puedan seguir viviendo como para que el agronegocio y la minería sigan funcionando, es “una realidad que llegó para quedarse” como dijo El Mercurio hace un par de días.
Los primero elementos que saltan al debate son la mantención del suministro de agua, el cual tanto el gobierno como los empresarios agrícolas han salido a decir que están garantizados y que los sacrificios que sean necesarios, serán llevados a cabo: “Si tenemos que sacrificar cultivos para abastecer de agua a comunidades que lo requieran, lo vamos a hacer”, expresó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, durante la XV versión del Encuentro Nacional del Agro 2019 (Enagro).
En un segundo nivel, si la escasez de agua significa una nueva planificación del uso de los recursos hídricos no significa ¿cuestionar el saqueo del agua por parte de los privados y en específico del negocio minero y agrícola?
Es aquí donde el FA y el PC - de manera muy acertada - piden el fin al Código de Aguas creado en Dictadura y el cese del lobby parlamentario que busca derrocar la protección de los glaciares, para que estos recursos dejen de estar en manos de los privados apoyados por la Constitución.
Sin embargo, lo catastrófico del cambio climático es que necesita medidas que resistan lo impactos de la crisis, pero también medidas que la hagan retroceder, es decir que restauren las zonas afectadas por el saqueo y la contaminación de los capitalistas, lo que implica apostar a dar vuelta el sistema, apostar a no solo cambiar la constitución, sino arrebatarles el control a los empresarios, para que el sistema deje de funcionar a la medida de sus ganancias.
Es en sentido que la única forma de darle una vuelta de tuerca al cambio climático es acabar con la producción irracional de los empresarios, que va dejando cadáveres de comunidades con las zonas de sacrificio, como lo es Petorca y como lo pueden ser las ciudades del norte a causa de las minerías y termoeléctricas.
Volviendo a lo anterior, es un paso - muy sentido - acabar con el Código de Aguas, pero es necesario que las grandes fortunas como los Luksic, los Matte y los dueños de Chile pongan a disposición de los trabajadores y las comunidades los recursos necesarios para restaurar las zonas afectadas por la escasez. Además las empresas agrícolas y mineras deben pasar a estar gestionadas por sus trabajadores y las comunidades con el objetivo de ser reconvertidas o cambiar los ritmos de producción en base a los objetivos de restauración y las necesidades de las zonas.
En esta línea la salida a la escasez de agua no puede estar pensada solo por los partidos del régimen y los empresarios, por eso el Frente Amplio y el Partido Comunista que dirigen los principales organismos representativos de estudiantes y trabajadores como la ConfeCh, el Colegio de Profesores y la CUT deberían organizar coordinadoras en conjunto con las comunidades donde se discutan las medidas necesarias para superar la crisis hídrica a la vez que nos organizamos para arrebatarles los recursos naturales a los empresarios. |