La catástrofe económica y social que atravesamos no ha acontecido sin su correspondiente incremento en la violencia del Estado. La sangrienta represión a las protestas, tanto de la derecha política como las de carácter popular, el surgimiento de políticas de “terrorismo de Estado” contra los más pobres, y una mayor arbitrariedad y descomposición dentro del aparato represivo, son rasgos sobresalientes y distintivos de esta etapa del régimen chavista. En la Venezuela de hoy, donde las fuerzas represivas del Estado son autores directos de más de 5000 homicidios anuales [1], la violación rutinaria de los derechos humanos es una preocupación sentida, que la derecha aprovecha demagógicamente.
Demagogia, pues la misma derecha que dice defender los derechos humanos, no solo es heredera de la represión puntofijista (en algunos casos incluso partícipe directa, como AD y Copei), sino que hoy le pide a los propios encargados de la represión dentro de las FANB y el Sebin que sean ellos los que saquen a Maduro, pasándose a sus filas. A su vez el chavismo llega al poder en 1999 abanderando un discurso de defensa de los derechos humanos contra la represión y torturas empleadas sistemáticamente en la “Cuarta República”.
En este artículo buscamos dar cuenta de un aparato represivo que a pesar de los cambios de regímenes de dominio ejerce la violencia estatal contra el pueblo y sus luchas.
DD.HH. y las libertades democráticas hoy
Para lidiar con la pérdida de apoyo, el gobierno de Maduro se ha sostenido cada vez más en los aparatos represivos. Las dos oleadas de protestas de 2014 y 2017 dirigidas por la derecha y protagonizadas mayormente por la clase media fueron sofocadas con un saldo de decenas de muertos y detenidos. También ha sido dura la represión a las acciones de los sectores populares que en determinadas ciudades han desembocado en saqueos estos años. El sometimiento de civiles a juicios militares, es otra de las respuestas del gobierno, así como la utilización de grupos armados paraestatales, los mal llamados “colectivos”, para amedrentar a manifestantes y trabajadores que luchan.
A raíz de la denuncia del intento de magnicidio de 2018 y la ofensiva golpista de 2019 se encarceló a varios diputados y dirigentes opositores, tanto de la derecha como del chavismo disidente –en algunos casos sin siquiera algún procedimiento legal o juicio– (otros fueron empujados al exilio). Pero también la protesta popular, por alimentación o servicios, ha sido reprimida de forma sangrienta, donde el caso más reciente y de gran relevancia mediática ha sido el de Rufo Chacón, un joven de 15 años al que la policía le quitó la vista con disparos de goma en la cara en una protesta por la falta de gas. A partir de 2015, el gobierno despliega una política brutalmente represiva en los sectores populares, primero con operativos de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) y más tarde con la creación de cuerpos específicos como las FAES, que realizan allanamientos de hogares, robo de pertenencias y ejecuciones extrajudiciales en las zonas populares, implantando estados de sitios y terror entre la gente de los barrios.
El saldo de la política represiva y de la descomposición social, con cientos de bandas delincuenciales operando en conexión con el propio aparato policial, arroja más de 11.000 homicidios a manos de la policía de 2017 a 2019, 6.800 de estos solo en 2018 y 2019. Cofavic maneja la cifra de 9.500 ejecuciones extrajudiciales en el período 2012-2019.
A esto se le suma la situación dentro de los centros de reclusión, con la aplicación de tortura, que en algunos casos ha desembocado en muertes, tales son los casos del concejal Fernando Albán o el capitán de fragata Acosta Arévalo. Una situación que expresa la descomposición del aparato represivo, con unos cuerpos policiales y militares (Sebin y Dgcim) que no liberan a reclusos aún contando éstos con boletas de excarcelación emitidas por jueces. Los servicios de inteligencia y las diversas divisiones de la policía han reforzado su papel y adquiriendo grandes niveles de autonomía, de una manera cada vez más degradada y criminal.
Es frente a este estado de cosas que coge vuelo la demagogia democrática de la derecha, quienes intentan hacer pasar la violación de DD.HH. y las políticas represivas de Maduro como algo novedoso en el país, algo que empezaría con el “populismo” de Chávez. Toca refrescar la memoria para demostrar que ese pasado idílico de democracia y respeto por los derechos humanos del pueblo no existe por ninguna parte.
Un aparato nacido al calor de la dominación imperialista: de Gómez al 23 de Enero
Para la mayoría de los historiadores, es con la larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1936) que se consolida el Estado-nación moderno en Venezuela, con él se cierra finalmente la extensa etapa del caudillismo y pequeñas “guerras civiles” periódicas. Esta transformación solo fue posible bajo el enorme influjo de ingresos hacia el Estado por el aluvión de inversiones extranjeras que llegaban el país desde las potencias europeas y los EE.UU. para explotar el petróleo recién descubierto en nuestras tierras, de modo que es también ese período el del surgimiento de la Venezuela rentista petrolera que reemplazó a la agraria. A partir de entonces el país es convertido en una plataforma de extracción de petróleo para las naciones imperialistas. No olvidemos además que venimos del bombardeo a nuestros puertos y el bloqueo naval para cobrarse la deuda que reclamaban las potencias. El de Gómez es un régimen adaptado totalmente a ese estatus subordinado, garantiza, con mano de hierro, la estabilidad nacional y modernización del Estado que requerían la nueva etapa, garantiza la incursión a placer de los capitales imperialistas y recibe en cuanto Estado importantes ingresos fiscales, además del respaldo político del gran vecino del norte.
Esta situación fue la que hizo posible que el Estado se elevara por encima de los muchos hacendados, generales y caudillos del país para disciplinarlos dentro de la autoridad del “Benemérito” (como se titulaba al dictador). Aquellos ingresos extraordinarios se emplearon para financiar una infraestructura básica de carreteras, ferrocarriles y algunas escuelas y hospitales, acorde con las necesidades de la extracción petrolera. Pero principalmente fueron utilizados para ampliar, fortalecer, instruir y modernizar el Ejército Nacional, además de crear la primera policía política del país en 1915: “La Sagrada”, un aparato todavía muy rudimentario y primitivo de inteligencia y represión de la disidencia, el primero de muchos por venir [2].
De la dictadura de Gómez son bien conocidas las condiciones insalubres de sus cárceles y los trabajos forzados, sin embargo, a pesar de toda la penetración petrolera, seguimos hablando de la dictadura de un país eminentemente campesino. El terror de dicho aparato represivo todavía no había adquirido las dimensiones y la técnica que tendrían los próximos regímenes, de una Venezuela más urbana y con más presencia de la clase trabajadora y una juventud universitaria más extendida.
En 1936, con la muerte de Gómez, asume el general López Contreras, el país se sacude por la conmoción, surgen protestas callejeras y se persigue a los familiares y allegados del dictador, abriéndose cauce a un movimiento de amplias aspiraciones democráticas. El nuevo jefe de Estado busca darle a su gobierno una imagen de ruptura con el gomecismo y de inicio de una lenta transición a las formas democráticas, decretando leyes que relajan la censura y conceden mayores libertades políticas. Pero mientras esto sucedía, se prohibían por ley las ideas revolucionarias, que ponían en cuestión la propiedad privada o de la lucha de clases. Se limitaba y se regimentaba la huelga y la protesta social [3]. También es aquí cuando se reorganizan las varias policías locales, se crea la Guardia Nacional y la Brigada de Investigación Política y Social, antecedente de la futura Seguridad Nacional, pilar del perezjimenismo. Esto obedecía a la necesidad de consolidar las relaciones capitalistas dependientes en el territorio, cosa que se expresó con la violenta represión militar a la huelga petrolera de 1936, la más grande huelga obrera de la historia de nuestro país, que contó con más de 20.000 obreros petroleros que enfrentaban directamente al capital transnacional, quien los mantenía en condiciones deplorables de superexplotación y cruda precariedad.
El gobierno de su sucesor, el general Medina Angarita, transcurrió en la misma línea de reformas. Permite el regreso de exiliados políticos al país, realiza una reforma agraria e incluso se permite una semi-legalización del Partido Comunista [4], hasta que es derribado (en octubre de 1945) por un golpe de Estado de la joven oficialidad de las FF.AA. en confabulación con Acción Democrática, que llega así al poder. Este corto período de tres años (1945-1948) estuvo marcado por un aún mayor auge en la movilización de las masas y reformas políticas y sociales democratizantes. AD organiza a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y a sus muchos sindicatos dentro de la misma, organiza al campesinado y realiza campañas de alfabetización y salud pública. Aunque el golpe contra Medina tuvo dentro de sus objetivos la celebración de una Asamblea Constituyente y por primera vez elecciones libres, universales y secretas, la conspiración había sido llevada adelante en conjunto con la logia militar de Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbaud, conectados y educados por aparatos de inteligencia y represión extranjeros de América Latina y EE.UU., cuya principal motivación era modernizar y fortalecer aún más al Ejército. Son estos mismos militares los que ponen fin a la corta experiencia democrática, derrocando al recién electo Rómulo Gallegos e instaurando una Junta Militar, dando inicio a una férrea dictadura que duraría 10 años.
La dictadura policíaca de la Junta y, luego, directamente de Pérez Jiménez, se amparaba en la Seguridad Nacional (SN), que perseguía, torturaba y asesinaba a opositores. Una de sus primeras acciones fue desarticular a las principales organizaciones sindicales y perseguir al movimiento obrero. Por ello no extraña que los EE.UU. hayan condecorado a Pérez Jiménez por su “labor en la lucha contra el comunismo”. A pesar de algunos aspectos propios del nacionalismo militar, en lo fundamental este fue un régimen bajo el cual se profundizó el control imperialista sobre el petróleo venezolano (con nuevas concesiones) y crecieron generosamente las ganancias de los diferentes sectores de la burguesía venezolana que, además, le facilitó directamente personal para formar gobierno [5].
Como señala Óscar Bataglini, este régimen representaba “el Estado de seguridad absoluta que el capital requería (…) todo lo cual se logra a cambio de la imposición a los trabajadores de una desigual y cada vez más regresiva distribución del ingreso nacional, de la conculcación de todos los derechos democráticos (…) y del bloqueo, mediante la más cruel de las represiones políticas, del auge organizativo de masas que venía ocurriendo en la sociedad venezolana desde la realización de las jornada democrático-populares del año ‘36” [6].
El aparato represivo estaba al servicio de esos objetivos. Y no deja de ser ilustrativo que, esa temida Seguridad Nacional, fue creada precisamente por la “democrática” AD durante el trienio, con el propio personal de los aparatos de seguridad de los gobiernos previos [7].
El 23 de enero de 1958 la dictadura es derrocada por la acción conjunta de la huelga general preparada por la Junta Patriótica (frente único impulsado por el PCV junto a AD –específicamente el sector que seguía en el país y su juventud– y URD) y la rebelión de un sector clave de las FF.AA. El nuevo "régimen democrático", sin embargo, no significó el fin de la persecución política ni de ese aparato de tortura y asesinato. Al contrario, la burguesía venezolana encontraría la manera de reacomodarse y suprimir las masivas fuerzas obreras y populares que se habían desatado.
La “democracia” puntofijista, una república bañada en sangre
A pesar de la combinación cívico-militar que se opera en la recta final de la dictadura para hacerla caer, el movimiento desde abajo era clave: en la resistencia clandestina se habían conformado milicias de los partidos que, a la huida del dictador, asaltan el cuartel central de la SN y liberan a los presos políticos; en las calles las manifestaciones populares ocupan la escena; en el campo cobran fuerza los sectores que venían protagonizando acciones para ocupar las tierras; en las principales ciudades y en el movimiento obrero se renueva el vigor a la actividad sindical y hace crecer las filas de los partidos, es particularmente veloz y fuerte el crecimiento en militancia de la izquierda (expresa en el PCV).
La caída de la dictadura y los primeros años de “la democracia” estuvieron atravesados por una fuerte crisis económica, el naciente régimen aplica un “Plan de Emergencia” para atender temporalmente las cuestiones salariales y de desempleo, al tiempo que garantiza una “tregua” en las luchas del movimiento obrero mediante el tristemente célebre “Pacto de avenimiento obrero-patronal”: los capitalistas nacionales –como parte de la “unidad nacional” post-dictadura– venían exigiendo la “paz social”, Betancourt a su vez, ya desde el “trienio adeco” (’45-’48) insistía en un “pacto social” entre empresarios y trabajadores [8], de manera que en medio de la crisis, atan de manos al movimiento obrero firmando el pacto de colaboración de clases, cuyo objetivo expreso es “decretar el cese de la lucha de clases en beneficio de la Unidad Nacional”, con el argumento de evitar el retorno de las fuerzas dictatoriales. El Partido Comunista y su ala sindical participan de semejante trampa que permitió el reacomodo y preparación de la burguesía y su gobierno para el ataque.
Firman el “Pacto de Punto Fijo” entre AD, COPEI y URD, excluyendo al PCV, gana Betancourt las elecciones y, tan pronto como en 1959 se acaba la ficción de democracia: por medio de un decreto (Ley Habilitante) Betancourt pone fin al Plan de Emergencia, devalúa la moneda y reduce en un 10% el salario de los empleados públicos, en respuesta se da una protesta de obreros y desempleados (en la Plaza La Concordia) que es reprimida a balazos, resultando cuatro muertos y decenas de heridos. Era el preludio de una política de terror y muerte. La mayor parte del primer gobierno “democrático” transcurrió con las garantías constitucionales suspendidas.
Con Betancourt el aparato represivo de los regímenes anteriores no se destruye sino que cambia de forma, se perfecciona y se tecnifica. Muchos de los torturadores de la SN perezjimenista pasan a las filas de AD, mientras se exilia solo a los más notorios. Se organizan la policía criminalística (PTJ) y la policía política (DIGEPOL) como instancias separadas.
Para instalar su gobierno para las cámaras empresariales, bajo la dominación política y económica de EE.UU., necesitan cercenar al movimiento obrero y popular que había derribado a la dictadura y seguía luchando y creciendo. La CTV, manejada por los adecos, expulsa a los sindicatos conducidos por la izquierda, dejándolos fuera de la legalidad y persiguiendo a sus dirigentes, juzgándolos en tribunales militares por “subversivos”. Los tribunales militares pasan por encima del Congreso para retirar su escaño de diputado a los partidos del PCV y MIR, ilegalizados en 1962.
Con la excusa de los frentes guerrilleros –a los que por cierto se suman un pequeño sector de mandos medios de las FF.AA.–, se implantaron zonas de excepción conocidas como “Teatros de Operaciones” (TO) a lo largo del territorio nacional, donde se ejercía un verdadero terrorismo de Estado contra la población, con detenciones sin debido proceso, torturas, violaciones y desapariciones. Como el bastante conocido destino de Fabricio Ojeda, miembro histórico de la Junta Patriótica, que abandonó su banca en el Congreso para ir a la lucha armada, “suicidado” en su celda, o Alberto Lovera, dirigente del PCV, atrozmente torturado y arrojado al mar con un pico y una cadena atados al cuello. Así, muchos otros dirigentes, estudiantes, obreros y campesinos torturados y asesinados de las formas más crueles.
Esta política se extendió bastante más de lo que duró la insurgencia guerrillera de los 60’s. Luego de la “pacificación” de Caldera, que libera presos políticos y reincorpora a la legalidad a partidos que tomaron parte de la insurgencia, la DIGEPOL y el SIFA cambiaron de nombre a DISIP y DIM, pero las masacres, asesinatos y detenciones se mantuvieron. Miles de desaparecidos, no bajo dictaduras militares sino en gobiernos civiles y “democráticos”, es un nefasto récord que obtuvo el puntofijismo.
En su primer año de gobierno (1969) Caldera allana la Universidad Central con más de 3.000 efectivos militares y policiales, tanquetas y demás, para poner fin al movimiento estudiantil en curso –la “Renovación Académica”– e imponer una ley que cercenaba aspectos de la autonomía universitaria, el saldo fueron diez estudiantes muertos, cientos de heridos y detenidos, y el cierre de las principales universidades del país durante dos años.
Más adelante se darían masacres donde se exterminaba a pequeños grupos guerrilleros que quedaban (Cantaura), incluyendo el asesinato de capturados vivos, se simulaban enfrentamientos con gente no estaba armada (Yumare), o simplemente se asesinaban campesinos (El Amparo y los “amparitos”) haciéndolos pasar por “guerrilleros”, para justificar la existencia del aparato represivo.
El imperialismo norteamericano asistió a los gobiernos en esta tarea, formando a miles de militares en la infame Escuela de las Américas, en técnicas de tortura, desapariciones y combate contra la insurgencia popular. Es así como se formó a generaciones de oficiales que han plagado a América Latina entera de tortura, terror y muerte, en el afán de mantener los negocios de los capitales imperialistas incrustados en la región, y los de una minoría propietaria de los latifundios, las fábricas y los bancos, a salvo de la fuerza revolucionaria de los explotados organizados.
El aparato policial venezolano recibió a numerosos “asesores” de la CIA, exiliados cubanos como Posada Carriles y Orlando Bosch, que usaron a Venezuela como plataforma para planificar atentados terroristas, como el derribo de un avión de pasajeros cubano en 1976, con un saldo de 73 muertos, entre otros crímenes contra funcionarios y población civil de gobiernos objetivos de EE.UU. como Cuba o el Chile de Salvador Allende.
A finales de los 80’s y en los 90’s, en plena etapa de crisis económica y política, la represión policial se cebó con saña particular con la juventud y el movimiento estudiantil, allanamientos de liceos, represiones constantes a las marchas universitarias (donde concurrían también empleados, obreros y profesores) y asesinatos de estudiantes, fueron una constante. Decenas de estudiantes cayeron bajo las balas asesinas de la policía de la época.
El saldo total de esta política entre 1958 y 1998 es de más de 10.000 víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre torturados, asesinados y desaparecidos, según cifras oficiales de la Fiscalía. Conteo similar realizan ONG’s independientes como Provea.
De los requerimientos de una sociedad de masas dividida en clases, sostenida sobre la explotación, la expoliación del país y la pobreza de amplias franjas, surgió la necesidad de ampliar el aparato policial no solo para la persecución política sino como azote habitual sobre las masas populares. Las detenciones arbitrarias, los ajusticiamientos, así como los allanamientos en barrios y zonas pobres son parte de esta política de control. La justificación es que “combatiendo el delito” sirven a la comunidad, pero cualquiera sabe que esto es una completa farsa. El crimen organizado funciona en estrecha colaboración con las policías y el aparato de “justicia”. El aparato represivo le suministra armas, le encubre, le protege y muchos funcionarios son cabezas del crimen organizado. Así, en la sociedad capitalista los funcionarios para la represión trabajan también para agencias privadas, y mientras mayor es la descomposición, también para el crimen organizado y el narcotráfico. La “inseguridad”, de hecho, es un gran negocio. En la actualidad esto no ha hecho sino agudizarse, para 2009, el 20% de los delitos implicaban a algún funcionario policial.
La muestra más cruda de la violencia estatal de la democracia representativa contra sus representados se dio con la brutal masacre que siguió a la revuelta popular del 27-28F del ’89, el Caracazo. Luego de no poder sofocar la protesta con la habitual represión de la policía y la Guardia Nacional, sacaron al ejército a la calle, fusiles y tanques contra las masas, los barrios y las casas: ¡en unos pocos días se cobraron cientos o miles de muertos y desaparecidos [9], muchos lanzados a fosas comunes clandestinas!
La oposición actual, que se pretende derechohumanista y democrática, es heredera de esa época: AD y COPEI perviven y forman filas allí; dirigentes responsables de la represión de entonces, como Ledezma o Ramos Allup, son referentes de esta oposición; sus otros partidos de peso son desprendimientos de los primeros; y además, de conjunto, reivindican ese pasado “democrático”, sin ningún cuestionamiento a sus atrocidades represivas.
La trampa de la “unión cívico-militar”
Es frente a esa profunda decadencia el puntofijismo y enorme descontento que surge el movimiento político que lleva dos décadas gobernando, un movimiento surgido desde esas mismas Fuerzas Armadas, que hace alianza, entre otros sectores, con buena parte de la izquierda que otrora había participado de la insurgencia.
Las contradicciones del país semicolonial, subordinado a los EE.UU. y a una economía que a pesar de sus “progresos” mantenía en la pobreza a gran parte del país, se agudizaron con la “crisis estructural” que se desarrolla desde el ’79. En las Fuerzas Armadas jóvenes soldados de bajo rango forman logias y conspiraciones, es así como surge el MBR-200 en 1982. Con el desarrollo a escala mayor de la crisis en esa década, Caracazo de por medio y escándalos de corrupción por doquier, se hace sentir más en el propio aparato represivo la descomposición del régimen y su falta de autoridad. Cobran más fuerza las conspiraciones militares y, en la principal policía, la Metropolitana, grupos enteros como el Comando Especial Táctico de Apoyo (CETA), dirigido por Freddy Bernal, hoy director de las FAES, se suman a las asonadas.
La rebelión popular del Caracazo separó por un baño de sangre al pueblo de las FF.AA., sin embargo, los intentos de golpe del ’92, que se levantan desde el seno de esas mismas FF.AA contra el gobierno hambreador y asesino, y enarbolan una retórica “bolivariana” y anticorrupción, van a marcar la posibilidad de una (futura) “reconciliación” de los gobernados con ese aparato, ante la ausencia de fuerzas genuinamente revolucionarias entre la clase trabajadora y el pueblo que encausaran el profundo descontento social. La última década del puntofjismo fue su deriva neoliberal, privatizadora y de represión más cotidiana, la población detestaba a unos cuerpos policiales que ejercían la violencia para defender los intereses de la minoría, así como lo hizo también el ejército en febrero y marzo del ’89.
Chávez vino a enarbolar un “ideal bolivariano” de “unión cívico-militar”. Parte de la “refundación del país” implicaba dejar atrás la Doctrina de Seguridad Nacional del puntofijismo, de sello imperialista, para dar paso a un esquema donde las Fuerzas Armadas serían pilar de la “unión cívico-militar” que forjaría la “Quinta República” y la resolución de los problemas que aquejaban al país. Los militares, se dijo, nunca más “volverían las armas” contra su pueblo.
A un mes de asumir la presidencia, Chávez lanza su primer plan asistencial, exactamente el 27-F del ’99, conmemorándose una década del Caracazo, el “Plan Bolívar 2000”, que consistía precisamente en que la Fuerza Armada realizaba operativos de distribución de alimentos, vacunación, donación de implementos, etc., en las zonas más pobres y abandonadas. El objetivo claro era enviar el mensaje de que los militares dejarían de ser un mero brazo represivo, al servicio de los intereses económicos de los poderosos, para adquirir un rol más abarcador en la sociedad, como parte de la “unión cívico-militar”. Se trataba de lavarle la cara a las FFAA. Así también, las instalaciones y recursos castrenses se abrieron a la población civil, como es el caso de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) y los hospitales militares, por ejemplo. Se buscaba difuminar la línea de separación entre la corporación militar y la sociedad.
Tras los intentos por derrocar a Chávez llevados a cabo por el imperialismo estadounidense, junto a la principal cámara empresarial del país, la burocracia sindical adeca de la CTV, la iglesia católica y los partidos de la derecha (tanto los del puntofijismo desplazado como la nueva derecha), fue consolidándose la ruptura del tutelaje que sobre las FF.AA. del país ejercían los EE.UU.: la misión norteamericana sería expulsada del país, significandoun distanciamiento de la órbita militar norteamericana, el ala más conservadora y aliada a la reacción fue puesta al margen paulatinamente, no como plan de Chávez sino como respuesta defensiva elemental a los recurrentes intentos golpistas de estos. En la derrota de los intentos golpistas jugaron un papel importante, junto a la movilización popular y la acción obrera, la postura leal al gobierno de fracciones de las FF.AA. A ojos de las masas se les mostraba que la “unión cívico-militar” parecía estar funcionando.
Asociado a la doble necesidad de hacer frente a la hostilidad estadounidense y de reconciliar a la corporación militar con el pueblo, se operaron cambios en la doctrina militar, introduciéndose elementos de la “guerra de todo el pueblo” y la “guerra de cuarta generación”, y se incorporaron componentes nuevos a las FANB, como la “Milicia Bolivariana” y los “Cuerpos Combatientes”, civiles y trabajadores entrenados y dirigidos por los militares. Fueron parte de esa ampliación de las fronteras del Estado (burgués) hacia la “sociedad civil”, tal como hemos explicado en un artículo anterior de este suplemento.
Sin embargo, la corporación militar y las policías bajo el chavismo, aunque llamadas “bolivarianas” y “populares”, y aunque jugaran un papel frente a las tentativas golpistas del imperialismo, no dejaron de ser el aparato de contención y represión de las luchas del pueblo cuando estas iban más allá de lo tolerado por el gobierno que gestionaba el capitalismo dependiente y rentístico. Una labor puntual y poco recurrente mientras el gobierno contó con apoyo mayoritario de masas y condiciones económicas favorables. Aún en esas condiciones, varios fueron los hechos de dura represión, donde destacan las varias represiones a la lucha de los trabajadores sidoristas por el contrato colectivo, contra la tercerización y por la renacionalización; la represión a los obreros de Sanitarios Maracay que mantenían la empresa bajo un verdadero control obrero; la represión policial asesina en la Mitsibushi de Anzoátegui que se cobró la vida de dos obreros; el violento desalojo de las trabajadoras de Petrocasa de Guacara; las amenazas directas de Chávez a los trabajadores de las empresas básicas con lanzarles toda la fuerza del Estado si hacían huelga; entre muchos otros casos de trabajadores reprimidos o coaccionados.
De hecho, a esta etapa de “baja represión” dadas la amplia popularidad de Chávez y condiciones económicas favorables, le correspondió el desarrollo de un entramado legal que criminalizaba métodos de lucha obrera y popular. Con mayoría absoluta en el parlamento [10], el chavismo reformó y amplió las leyes restrictivas del derecho a huelga, los paros, asambleas, ocupaciones de tierra y cierre de calles. Gracias a ese entramado reaccionario, cientos de trabajadores y campesinos fueron judicializados, yendo a la cárcel en varios casos. Esta política de coacción comenzó a ser acompañada por la presencia cada vez más directa de órganos represivos y de inteligencia dentro de empresas donde los trabajadores se organizaban o luchaban.
En las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia del chavismo siguieron formando filas los responsables de las violaciones de derechos humanos y los crímenes del puntofijismo. A pesar de toda la retórica reivindicativa de la revuelta popular, nunca fueron juzgados ni pagaron por su actuación los responsables de teñir las calles con la sangre del pueblo durante el Caracazo. A pesar de elaborar un informe con las violaciones de DD.HH. del período anterior, el chavismo garantizó una impunidad casi total a los militares, policías y políticos responsables de estos hechos. La continuidad del personal represivo que se expresó en otros cambios de regímenes, también se dio en buena medida en el paso del puntofijismo al chavismo. Al extremo en que algunos incluso incursionaron en política de la mano del chavismo, alcanzando altos cargos: los casos más escandalosos son los de Rodríguez Chacín, uno de los involucrados en masacres como la de El Amparo y los amparitos, quien fue ministro de Chávez, gobernador y alto dirigente del partido de gobierno, y Roger Cordero Lara, piloto de uno de los aviones que bombardearon en Cantaura, fue diputado del PSUV y justificado en su accionar por el gobierno porque “seguía órdenes”. Militares formados en la Escuela de las Américas han permanecido en sus cargos, siendo el propio Vladimir Padrino López el caso más conocido.
Una de las maneras en que operó la verdadera “difuminación” de la frontera entre la corporación militar y la sociedad, vino dada por el enorme espacio que pasaron a ocupar en la administración del Estado, de sus instituciones y empresas, militares y exmilitares participantes de los fallidos golpes de Estado del ’92. Conformándose en pocos años, al calor de la administración de la cuantiosa renta petrolera, en una verdadera casta corrupta y autoritaria, con intereses propios dentro del Estado y la sociedad. Particular rol han cumplido los militares que están al frente de empresas públicas y servicios, en reforzar la coacción y represión contra los trabajadores que, creyendo la retórica oficial, querían ejercer realmente control obrero en las mismas, o sencillamente defender derechos laborales elementales: decenas de trabajadores despedidos, intimidados con el Sebin, CICPC, GNB, o directamente encarcelados por organizarse o luchar, es parte del saldo [11].
Así como con la catástrofe económica y la crisis política pasó a ser más extendida y común la represión que en el período anterior era más focalizada y ocasional, en esta nueva fase los militares reforzaron el control administrativo en sectores clave de la economía, en la distribución de los bienes escasos y en control de la población. Creación de nuevas empresas militares en las áreas de minería, petróleo, alimentos, etc. [12], que en muchos casos están formalmente fuera del control administrativo del gobierno, incluso llegando a la dirección de PDVSA en 2017. La asociación de militares con civiles en empresas es parte del cuadro [13], lo que adquiere características depredadoras y homicidas cuando hablamos de las ndustrias extractivas: en la minería las FANB y grupos armados controlan territorios para el negocio, en el Arco Minero, en Bolívar, se comportan como verdaderos “señores de la guerra”, asesinando pobladores a diestra y siniestra: solo en Tumeremo familiares denuncian más de 400 desapariciones en los últimos tres años por acción de militares. En el campo, sectores de las FANB asisten a los latifundistas en atacar con métodos de guerra civil a los campesinos (e indígenas) que luchan por la tierra de su tierra, tarea criminal que arroja el saldo de 300 asesinados en los últimos 20 años, en casi total impunidad.
El giro bruscamente represivo operado bajo el gobierno de Maduro, ha mostrado al Sebin y la Dgcim como fieles herederos de las prácticas represivas de sus antecesores. La particularidad de que el de Maduro es un gobierno asediado por el imperialismo que, desde su misma elección en 2013, lo que querido sacar, sin ahorrar intentos de fuerza y golpistas, no opaca le hecho de que la represión de estos organismos de inteligencia policial y militar se descargan tanto contra la oposición proimperialista como también contra los trabajadores que luchan y las disidencias del chavismo por izquierda. De hecho, tienen en su haber la desaparición forzada de Alcedo Mora (y los hermanos Vergel), un militante de izquierda que denunciaba hechos de corrupción en Pdvsa.
Conclusiones y una perspectiva revolucionaria
Bajo el chavismo la tal “unidad cívico-militar” no fue más que una ilusión tras la cual se mantuvo y relegitimó el aparato represivo de etapas previas, que aunque reconfigurado por las particularidades del régimen (enfrentamiento a la hostilidad imperialista, apoyo durante muchos años en la movilización popular), siguió siendo el aparato para poner a raya las aspiraciones populares y defender los negocios de una minoría. Cuando la crisis económica explotó, la faz represiva pasó a primer plano para hacer que la pagara el pueblo trabajador, garantizando en primer lugar el pago de la deuda externa, la impunidad y continuidad de la fuga de capitales, y la caída veloz de las condiciones de vida del pueblo. El autoritarismo ha estado al servicio también del desconocimiento casi total de las conquistas laborales de la clase obrera y contener su lucha salarial.
El asunto es que, aun siendo regímenes políticos con marcadas diferencias, la continuidad que hemos visto en este recuento histórico en rol jugado por el aparato represivo contra las masas y sus luchas, tiene que ver con que han compartido un mismo carácter de clase: el Estado venezolano no ha dejado de ser el aparato de dominación de un país capitalista y dependiente. Como señalara Federico Engels:
“Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida (…) y el moderno Estado representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado” .
Por más que luego de años en el poder Chávez adoptara un discurso “socialista”, dejó en claro que no se proponía en modo alguno abolir la propiedad privada capitalista y nunca pasó de ser una apuesta a una “Venezuela productiva” con empresarios “patriotas y productivos” en alianza con el Estado y capitales transnacionales “amigos”, es decir, una promesa de desarrollo burgués.
Siendo el pilar del aparato de control de una sociedad dividida en clases, y de un país con inserción subordinada en los circuitos del capitalismo imperialista, la tal “unidad” entre los militares y el pueblo no podía ser más que una farsa.
La derecha, por su parte, posa de democrática reivindicando el regreso a un aparato militar subordinado al “poder civil”, en realidad, sería subordinado al gran capital nacional e internacional, y los dictados del FMI, tal como se desprende claramente de sus programa, expresado en parte en el “Plan País”: un plan para la recolonización del país, con mayor desnacionalización de la economía (entregándola a capitales foráneos), someter cada vez más los recursos nacionales al pago de intereses de deuda con el capital financiero internacional, en desmedro de las necesidades urgentes del pueblo. Políticas que solo podrán sostenerse con base a la represión, tal como la masacre del Caracazo, impuesta para aplastar el descontento con los planes de ajuste dictador por el FMI, y como sucede hoy actualmente en Ecuador. No por casualidad, esta misma oposición “demócrata” no cuestiona en modo alguno las represiones del puntofijismo y, explícitamente, hoy apoya al gobierno ajustador y represivo de Lenin Moreno.
La superficialidad totalmente engañosa de que la conquista de una sociedad democrática y sin represión vendrá por la vía de esa vuelta a “un poder militar subordinado al poder civil”, se expresa no solo en esa continuidad del plan económico de la derecha con los aplicados en el pasado a fuerza de represión, sino además con el hecho incontestable de que para acceder el poder hoy busca por todas las vías servirse de personeros del propio aparato estatal y militar que ha garantizado recientemente las políticas represivas. Cristopher Figuera, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá o Luisa Ortega Díaz, sin apenas algunos nombres claves. Cuando elementos de lo podrido y descompuesto del chavismo se pasan al bando de la derecha digitada por el imperialismo, pasan a ser “buenos” (“Sebin bueno”, diría Lilián Tintori).
No por casualidad, entre los mecanismos usados para que las FF.AA. le quiten el apoyo al gobierno actual, está el ofrecimiento de una “amnistía” para quienes se pasen de bando. De hecho, todo el esfuerzo de este año ha estado dirigido a lograr un golpe de Estado militar o una transición con las FF.AA. como árbitro. Así mismo, teniendo el control de la Asamblea Nacional, la oposición no ha modificado el entramado de leyes del chavismo que criminalizan las luchas obreras y populares. ¿Por qué? Es claro que esta oposición de apresta a gobierno con este mismo aparato represivo. Tras el discurso “democrático”, en lo concreto lo que habrá será un reciclaje de los represores y los matones del sistema, cuestión nada novedosa y que se rastrea a los orígenes de la “tradición republicana”.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo poner fin a los abusos, al pisoteo de las garantías más elementales y a las masacres? La historia demuestra cómo el autoritarismo estatal tuvo siempre como objetivo a la clase trabajadora y el conjunto de los explotados. Creemos que es la clase trabajadora, en alianza con los sectores populares, las mujeres y la juventud, la única que puede romper efectivamente esas cadenas, levantando banderas genuinamente de defensa de los derechos democráticos de manera independiente de cualquiera de los bandos actuales en pugna.
Ante la pugna de poder entre la camarilla militar y la oposición pro-imperialista, cualquiera de los dos que se imponga, habrá continuidad de las fuerzas de represión antiobreras y antipopulares. Por eso la única garantía de nuestras libertades democráticas es la lucha con nuestros propios métodos, peleándolas cada tanto, pulso a pulso, contra los gobiernos capitalistas. Contra el Estado de excepción y todas las leyes que criminalizan las luchas, por la disolución de la GNB, las FAES y los cuerpos represivos asesinos, por el derecho a huelga y a la protesta, por la libertad de los presos por luchar, por la anulación de los juicios a trabajadores y campesinos por luchar, por el derecho de la juventud a manifestar en las calles, por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las violaciones de DD.HH.
Si el objetivo es dar vuelta a la historia, acabar con esta tradición de reciclaje de cuerpos represivos y continuidad del aparato de violencia estatal contra las mayorías populares, estas luchas deben darse en la perspectiva estratégica de conquistar un gobierno propio de los trabajadores. Solo un gobierno así puede destruir realmente esos aparatos represivos y reorganizar el poder político en función de los intereses de las mayorías del país. |
