El 60% de la población de Puerto Octay equivalente a aproximadamente 2.800 habitantes pasaron 20 días sin agua potable, corte que duró más que las emergencias sanitarias de Osorno, Chiguayante y Los Ángeles.
El corte fue provocado por la presencia de hidrocarburo en el agua : “Creemos que el agua venía con algún líquido que no correspondía, en este caso podemos decir petróleo o bencina. No tenemos claridad de lo que realmente era” dijo Maria Elena Ojeda, alcaldesa de la comuna. Luego de un sumario interno se determinó que el problema se ocasionó en el sistema de clorificación del agua, donde se encontraron residuos de combustible.
Los habitantes de la zona afectada pasaron 20 días sin agua - incluyendo las fiestas patrias - y vivieron el aumento del casi 60% de los gastos derivados del consumo del agua, pero ¿quienes son los responsables? ¿existirán reparaciones por los daños ocurridos?.
Pese al sumario, los responsables de los hechos aún no son identificados, pero más allá de las particularidades, con cada crisis sanitaria, donde los habitantes se ven privados de agua potable, se devela que problema de fondo es el negocio de las empresas sanitarias, las que, con poca inversión en sus negocios, logra acumular millonarias ganancias gracias a el decreto con Fuerza de Ley N° 70, firmado por Augusto Pinochet y sus ministros de Obras Públicas en dictadura. Expresión de esto mismo fue la reciente crisis sanitaria en Osorno, provocada por la pésima calidad de las instalaciones.
Los municipios al lado de los empresarios
Luego de que se repusiera el suministro de agua las boletas emitidas para la fecha no acreditaban el corte, por lo que los afectados no recibieron ningún tipo de compensación, lo que es bastante problemático por las consecuencias económicas de la falta de agua y también por que el sistema sanitario en Chile es uno de los más caros de Latinoamérica.
Pese a esto las autoridades del gobierno dicen que el municipio no es una corporación privada con derecho publico, por lo que no cuenta con el rol de ingreso para responder de acuerdo a la ley del consumidor. Es decir que a pesar de vender el agua, no son considerados una empresa que pueda funcionar en base a ciertas leyes del comercio.
Por su parte la alcaldesa Maria Elena Ojeda, quien además es militante de la UDI, defendió esta posición argumentando que debido a los trabajos realizados para reponer el suministro, el municipio cuenta con una deuda que ronda los 14 millones de pesos, sumándole a esto el 70% de personas que no pagan sus boletas.
Como vemos, los intereses de los empresarios están cubiertos por sus políticos que usan la legalidad de este sistema para hacer negocios con las necesidades básicas. En este sentido las palabras de la alcaldesa solo defienden el juego de los empresarios con las necesidades vitales, haciendo oídos sordos de las consecuencias que pueda tener en la vida cotidiana de miles de personas.
La crisis de las sanitarias es la otra cara de las crisis hídrica. Se trata de los estragos que provocan los empresarios en la vida de miles al tener el control de los recursos naturales, que, no bastando con mercantilizarlos, los venden a altos precios mientras buscan reducir los costos productivos al máximo, lo que deriva en trabajos precarizados y en accidentes como los que hemos visto los últimos meses.
Ante este escenario, con una crisis hídrica en desarrollo y con accidentes cada vez más recurrentes en el servicio sanitario, es imperante que los trabajadores en conjunto con las comunidades, mujeres y la juventud se organicen para arrebatarles a los empresarios el control sobre el agua heredado en la dictadura. Juntos tenemos que echar abajo las herencias de la dictadura que mantienen a los empresarios acumulando ganancias a costa de las necesidades vitales de miles. | 
