La dominación de la economía de un país por una potencia extranjera a través de sus capitales, préstamos usureros, acuerdos comerciales leoninos, y la imposición desde afuera de sus políticas o incluso de sus regímenes de gobierno, elementos claves de lo que es el imperialismo, no han dejado de estar presentes en la historia de la Venezuela contemporánea. En sus formas más diversas y políticas directas el imperialismo estadounidense selló su impronta en el país desde finales del siglo XIX, y más arraigada e incisiva a partir del período de entre guerras y post segunda guerra mundial, para configurar un país que le fuese, básicamente, un gran abastecedor de petróleo seguro y barato para sus necesidades como potencia mundial en ascenso. Aunque el uso de las bayonetas no le fue necesario como en otros países de América Central y del Caribe. Para ello contó con los grupos de poder económicos y políticos locales dominantes que actuaron como cabeceras de playa para imponer regímenes políticos dóciles, golpes de Estado mediante cuando la situación lo ameritaba.
En ese marco, el país ha tenido ocasiones en que incluso ha sido en territorio estadounidense y bajo su tutela cómo se han diseñado pactos de poder para establecer nuevos regímenes de dominio político. Así fue, por ejemplo, como se prefiguró en Nueva York el Pacto de Punto Fijo en la década del 50 del siglo pasado, la misma ciudad donde también se establecían los planes de los grandes trusts sobre nuestro país. La firma final de tal pacto en tierras venezolanas apenas obedecía a cuestiones de formalidades y siempre bajo el ojo norteamericano. Previo a ese pacto que diseña el “régimen democrático” post-dictatorial, el propio gobierno estadounidense había avalado la dictadura perezjimenista, llegando a condecorar al dictador, quien otorgó nuevas concesiones petroleras a las compañías yanquis y colaboró estrechamente con los EE.UU. en el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. Más atrás, los intereses de los pulpos petroleros habían jugado su rol en el derrocamiento de Medina Angarita.
Esto solo grafica cómo el imperialismo incidía en los rumbos del país, buscando tener a merced las principales riquezas energéticas, así como también develaban los trazos que definen una clase social dominante criolla que se ha extendido por décadas hasta el presente siempre en el plano servil.
Para el año 1938 León Trotsky escribía un texto titulado La política de Roosevelt en América Latina, en el que señalaba que “la Doctrina Monroe […] a fines del siglo XIX fue uniformemente interpretada por todas las administraciones de Washington como el derecho del imperialismo norteamericano a dominar los países los países latinoamericanos, como una etapa hacia el papel de explotador exclusivo”. En el mismo también señalaba que:
"En los países centroamericanos, del Caribe y del norte de América del Sur, en particular, esto ha significado la reducción de los pueblos al estado de colonias o semicolonias oprimidas del imperialismo yanqui, y a la imposición, a menudo mediante el uso más descarado de la fuerza, de gobiernos que son simplemente títeres en manos de Wall Street, respaldados por la intervención diplomática y militar directa de los Estados Unidos" [1].
Para algunos estas afirmaciones de tantas décadas atrás pueden parecer cosas del pasado que poco tienen que ver con el presente. Pero basta observar la rebelión reciente en la colonia de Puerto Rico, los países con bases militares en sus territorios como Panamá entre otros tantos, o la existencia de gobiernos tan dóciles a los designios de Washington que se extienden por nuestro continente.
Aunque obviamente en los tiempos que corren, “el papel de explotador exclusivo” se ha visto modificado para Estados Unidos por la presencia de otras potencias en la región, particularmente con China en lo referido a los grandes negocios, o de Rusia con intereses más bien geopolíticos. Esto no ha significado que Washington haya sido relegado de su papel preponderante en América Latina. Si en la primera década del siglo XXI, algunos países aprovecharon que los ojos de atención de Estados Unidos se concentraban en otras regiones como el Medio Oriente, así como del boom de las materias primas en los mercados internacionales que permitió, entre otras cosas, menos dependencia de los préstamos del FMI, para establecer gobiernos que buscaron tener ciertos márgenes de maniobra, esto apenas constituyó un corto período, para entrar en crisis los mismos y una vuelta a gobiernos más dóciles, aunque débiles. En Venezuela, en su objetivo de recuperar el tiempo perdido, la ofensiva estadounidense ha adquirido una actuación más agresiva, para la cual ha contado con un sector criollo como fiel aliado jugando su papel abiertamente vasallo.
Entreguismos como pocos
Ya en el apogeo del chavismo, cuando contaba con gran respaldo popular, el imperialismo hizo gala de cuán poco le importaban la soberanía nacional y popular, organizando y aupando intentos de derrocamiento de Chávez. Para esto contó como aliados a los sectores tradicionalmente hegemónicos de la clase dominante y sus partidos. El golpe militar de 2002 con el fugaz intento dictatorial del empresario Pedro Carmona, el criminal saboteo a Pdvsa, el corazón de la economía nacional, acompañado de un lockout patronal de dos meses, son algunos de estos momentos.
Ya en los tiempos que transcurren, sacando partida de la debacle del chavismo, en un país sumergido en la más grande las catástrofes que haya conocido desde el siglo XX, hemos observado cómo éstos grupos locales han llegado a tomar o avalar decisiones de las más abiertamente entreguistas. El hecho de apoyar e incentivar que estén bajo la jurisdicción directa de Estados Unidos importantes activos de la nación venezolana, así como llamados a la invasión militar directa, no son más que expresiones aberrantes de lo que, sin temor alguno a exagerar, llamamos su propuesta vasalla.
No son muchos los casos así en América Latina, donde incluso burguesías entreguistas cuidaban al menos las formas, a no ser aquellas más directamente dominadas al estilo de los Batista, Trujillo o los Somoza en las viejas décadas del siglo pasado. Todo esto en función de su cruzada por provocar la caída del régimen de Maduro, con intereses que nada tienen que ver con los del pueblo que sufre los más grandes agobios de la catástrofe producto de este mismo gobierno, e imponer una administración a imagen y semejanza de Estados Unidos. Hagamos un breve repaso.
Para el 15 de enero del año en curso, antes de la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, la oposición aprobaba en la Asamblea Nacional un acuerdo político pidiendo “a 46 países del mundo proteger los activos de Venezuela ante la usurpación del poder” de Maduro. En el mismo se solicitaba también a los países a que “instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en esos países”, a fin, supuestamente, de "garantizar la protección" de los fondos en vista de "no contar" Venezuela "con representación legal ante los entes regulatorios". También les requerían que “se prohíba el manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras”, es decir, la banca privada.
Se trataba de una decisión de un organismo de Estado, la Asamblea Nacional, con la petición expresa a países extranjeros, sobre todo potencias, de asumir el control de activos de la nación. Esta resolución pudo haber pasado como parte de la politiquería de la oposición, pero no, tenía un contenido real de poner esos bienes del país a merced de manos extranjeras, en el afán de presionar la caída del gobierno para su vuelta al poder. Tal era el contenido miserable de esta decisión que incluso muchos países hicieron caso omiso del llamado, y prácticamente solo fue Estados Unidos quien atendió al “apelo” de los opositores criollos. En verdad, tal decisión era encaminada para avalar medidas que ya estaban preparadas en la Casa Blanca, no era otro el objetivo, y siempre con el frontispicio de ser una decisión “soberana” de un país que era atendida.
No por casualidad el 28 de enero el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciada una orden ejecutiva con respecto a PDVSA en la que establecía que todos los bienes e intereses en propiedad de la empresa petrolera que se hallen sujetos a la jurisdicción estadounidense, quedaban bloqueados. El propio asesor de seguridad nacional John Bolton afirmaba: "esperamos que las medidas de este lunes bloqueen U$S 7.000 millones en activos además de más de U$S 11.000 millones por exportaciones perdidas a lo largo del próximo año". Una decisión de esta magnitud, donde un país confisca por vía de la fuerza activos de otra nación, solamente puede ser interpretada prácticamente como un acto de guerra.
Es que EE.UU. trataba de hacerse con el control de uno de los principales activos de Venezuela, Citgo Petroleum: hablamos de tres grandes refinerías de petróleo en Corpus Christi, Texas; Lake Charles, Luisiana; y Lemont, Illinois, además de oleoductos y gasoductos en todo el país y terminales de almacenamiento y distribución, con unas 8.000 estaciones de venta de gasolina [2]. El objetivo no era solamente hacer colapsar la economía venezolana para provocar la caída del gobierno de Maduro, sino tener un manejo directo de este importante activo venezolano, para garantizar que puedan quedársela los buitres acreedores de la deuda externa venezolana en caso de reclamación por falta de pagos, y al mismo tiempo prevenir que no acceda al 49% de la misma la rusa Rosfnet, a quien Maduro le empeñó ese porcentaje de acciones. El antecedente reciente de Libia, donde se tomaron medidas semejantes y aún tras la caída de Muhamar el Gadafi, todas las potencias que se hicieron parte de los activos y cuentas líquidas de este país se los terminaron apropiando para siempre, es elocuente sobre la gravedad del asunto.
El hecho mismo de la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado”, fue organizado por el gobierno de Trump, con sus funcionarios reuniéndose clandestinamente con enviados de gobiernos de la derecha de la región y el propio Guaidó, tal como lo reconocieron abiertamente. Es evidente para cualquier observador que el soporte fundamental de la “presidencia interina” de Guaidó es, desde el principio, todo el apoyo diplomático, político y económicos de la potencia del norte, que busca así colocar en Miraflores un gobierno títere, que no ahorró en el intento las más variadas amenazas de agresión militar. Es lo que llamamos en su momento la entrega de la “soberanía popular” de los venezolanos a Washington, por parte de la derecha local.
Una actuación más aberrante veremos más adelante: en una entrevista publicada el 7 de febrero en el diario El País de Uruguay, Guaidó afirmó que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución de la República de Venezuela)”. En la misma agregaba que “queda de parte de la comunidad internacional, y de actores como Colombia, Brasil y EE.UU. definir si en el escenario de que se prolongue la crisis y la ayuda humanitaria resulte inefectiva o insuficiente, adoptarán una posición de tolerancia ante estos hechos”. El pedido de la intervención militar del territorio nacional por una potencia como Estados Unidos, bien al estilo de República Dominicana en la década del 60, de Grenada en 1982 o Panamá en 1989, constituye la más clara expresión del peor de los vasallajes. Un llamado incluso que otros países de la derecha continental no vieron con buenos ojos por sus implicancias, y que el imperialismo norteamericano al final terminó descartando.
En ese frenesí entreguista, fuimos testigos de cómo avalaron las operaciones de confiscación llevadas a cabo por el Deutsche Bank, Citibank y Bank of England con respecto al oro venezolano, como parte de cobros compulsivos de deuda, incluso quedándose con el conjunto de los montantes recibidos que superaban la deuda misma. Decisiones que son más usuales cuando un país es derrotado en una guerra y se le obliga a cumplir compensaciones económicas que se llevan a cabo por confiscaciones de facto.
Luego vimos el proceder de pagos de deuda por concepto de bonos comprometiendo recursos de activos de la nación, siempre acorde a lo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizaba, y con el argumento que estaban “defendiendo” Citgo, que está bajo la órbita completa de Trump, el propio patrocinador de su “gobierno paralelo”. Cumpliendo bien su papel, a mediados de julio pasaron a emitir resoluciones de la Asamblea Nacional donde se establecía la defensa de los intereses norteamericanos en el país expresados en la petrolera Chevron, frente al supuesto “peligro de que, al vencerse la licencia para seguir operando en el país por una resolución del propio Estados Unidos, el gobierno de Maduro tomara los activos de la corporación.
Entre tantos hechos escandalosos, trascendió a la luz pública que el “Procurador” de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, había sigo quien sugirió previamente a la transnacional Crystallex arrebatarle Citgo a Venezuela. Es que este individuo fue quien, en 2017, trabajando para Crystallex, le había propuesto cobrarse con activos de Citgo la deuda que ésta le reclamaba a Venezuela, puesto que esa empresa era como “un alter ego de la República”. Y estamos hablando del Procurador, es decir, el abogado que designa Guaidó para velar por los intereses del Estado venezolano, siendo que venía de estar al servicio de una transnacional hostil al país.
De igual manera ha colocado al frente de Citgo a Carlos Jordá, quien desde 2006 se desempeñaba como director de Delek US Holding de intereses israelíes, una refinería de petróleo con sede en Tennessee, y asesor de la consultora Gaffney, Cline & Associates. Esto es solo una muestra para observar cómo el personal de Guaidó está compuesto por doquier de tecnócratas que encuentran particular atractivo en esa “puerta giratoria” tan común en muchos gobiernos burgueses, gracias a la cual pasan tranquilamente del rol de empleados (o directivos) al servicio del capital privado al rol de funcionarios “al servicio del Estado”, y así sucesivamente de acuerdo a sus conveniencias particulares. De hecho, Juan Ignacio Hernández es también abogado en una de las firmas que representa a Polar, el principal monopolio privado de alimentos del país.
Recientemente, el gobierno de Trump anunció la decisión de otorgarle a Guaidó y los suyos casi 100 millones de dólares para financiar sus actividades, suma que se agrega a todo lo que les han facilitado en lo que va de año. El poderoso vecino del norte muestra que financia a velas desplegadas a quienes quiere imponer como gobierno suyo en Venezuela. La hipoteca que va acumulando la oposición venezolana, en especial Guaidó y Voluntad Popular, con sus mecenas imperialistas, es enorme.
Las implicaciones antinacionales de la propuesta vasalla
Las condiciones catastróficas en que ha terminado sumida Venezuela en las manos del chavismo, con una crisis en todos los órdenes como nunca se había visto en la historia contemporánea del país, y toda la propuesta vasalla de la oposición de derecha, tiene inmensas consecuencias para la nación, pues se está ante las puertas no de un simple cambio de gobierno, de la salida de un personal político de grupos dominantes por otro, sino de transformaciones de las condiciones del Estado venezolano. Esta es una situación que se pierde de vista en la actual vorágine de los acontecimientos políticos, como los que acontecieron en el primer cuatrimestre del año en curso, que puede terminar transformando la reconfiguración del Estado, al estar expuesto a una recolonización por parte del capital imperialista y sus gobiernos.
¿Qué tipo de Estado “soberano” va a ser el que surja de un cambio de régimen impuesto desde el exterior por la fuerza del estrangulamiento económico y el chantaje de una agresión militar? Más aún, en concordancia con eso, la propuesta opositora implica entregar la economía nacional al mando del capital imperialista: bien mediante privatizaciones masivas, bien mediante la nueva hipoteca con el FMI y demás entidades. Con semejante plan, la soberanía nacional será una ficción, con las verdaderas decisiones sobre sus recursos siendo tomadas en las oficinas del gran capital internacional.
Si los grandes estudiosos de la historia venezolana debatieron en las primeras décadas del siglo XX sobre los rumbos que estaba tomando Venezuela incluyendo las transformaciones económicas y sociales, tanto en lo que decía respecto a los regímenes de dominio como en las formas que iba adquiriendo el Estado venezolano, en un mundo signado por las reconfiguraciones con la emergencia de Estados Unidos como potencia mundial y su supremacía en el continente, hoy no es menor lo que se proyecta para Venezuela. No se trata de situaciones políticas ocasionales como se pueden haber vivido en otros momentos en el interregno en las últimas dos décadas.
Hoy en un mundo de crisis económica a nivel mundial, con la acentuación de guerras comerciales como las que observamos entre Estados Unidos y China, la tendencia a la vuelta a los nacionalismos en las grandes potencias a nivel mundial como las que expresa más claramente Donald Trump, así como la vuelta al tablero internacional de Rusia con sus intenciones geopolíticas que no solo se expresa en su vieja área de influencia o en regiones como Medio Oriente, sino incluso en lugares tan lejano de su centro político como Venezuela, ponen a la vista las consecuencias tanto en lo que encarna la oposición de derecha como la del propio gobierno de Maduro.
Actualmente el país está en una debacle de dimensiones históricas, donde todo el arco político nacional en punga coincide en que toda salvación viene de afuera, amarradas a países imperialistas unos, o a potencias extranjeras otros. Por un lado, la oposición de derecha con una política arrasadora y de la mano del imperialismo, de las grandes corporaciones multilaterales como el FMI y sus planes de “salvataje” que hoy enfrentan pueblos como los de Ecuador, transformándose ellos mismos en el personal político para llevar adelante los planes de Washington. Por otro lado, el gobierno de Maduro que, cobijándose en potencias como Rusia y China, con supuestas “ayudas” de estos países, abre al mismo tiempo los recursos también en un entreguismo descarado, como con la nueva ley de inversiones extranjeras y el Arco Minero, los préstamos de “aliados” en condiciones leoninas, e insistiendo también en nuevas hipotecas con el capital financiero, lo que sin embargo no puede concretar por impedimentos del imperialismo producto de las sanciones. Un esquema donde su gobierno y las FF.AA. se mantienen como administradores de esa entrega por partes y conservando, por ahora, espacios de control estatal en la economía, todo lo cual no deja de conducir al país a estar bajo la dependencia del capital extranjero involucrado y las potencias en cuestión.
Más aún, si la derecha propone hacer tierra arrasada, desde el propio chavismo Maduro ha dado muestras una y otra vez de buscar negociar y pactar con el imperialismo siempre y cuando se le permita a su personal político continuar en los rumbos del país. Si en esto último no se ha avanzado es sobre todo por los objetivos de Estados Unidos y no por la propia política de Maduro quien, de hecho, frente a tanta embestida de la potencia estadounidense no ha tomado la más mínima medida antiimperialista.
Una digresión necesaria: la influencia de la “propuesta vasalla” en la juventud universitaria y el movimiento obrero
Ante la evidente ruina nacional y deriva autoritaria del chavismo, la oposición que se pone bajo el ala del imperialismo, desarrolla también una activa política para hacerse de base social en la juventud universitaria y los sindicatos. Aprovechando la calamitosa situación de los trabajadores y sus salarios, la decadencia de las universidades y la falta de perspectivas para la juventud, toma banderas o reivindicaciones justas, pero para ponerlas bajo la órbita de su plan recolonizador.
Entre los trabajadores aprovechan básicamente de agitar entre los del sector público, cuyo patrón es directamente el gobierno y que, con sobradas razones, lo enfrentan. Sin embargo, en modo alguno cuestionan a los patronos privados que han hecho añicos también los derechos laborales, mostrando la impostura de su posición “a favor de los trabajadores”. Los justos reclamos salariales, por contrato colectivos y contra las prácticas antisindicales por parte del gobierno, son puestos en el marco general de luchar por el “cambio de gobierno” o “cese de la usurpación”, cuyo contenido concreto es facilitar la implantación de un gobierno totalmente entreguista y aplicador de los planes del FMI, que implican despidos en el sector público, privatizaciones, tarifazos de los servicios públicos y más deuda externa.
En la juventud, una de sus banderas principales es la “democracia”. Es evidente que este gobierno es hostil a los más elementales derechos democráticos de la juventud, pero, como explicamos ampliamente en otro artículo de esta edición, en modo alguno esta oposición representa una superación de las prácticas represivas. En lo que hace al desmantelamiento actual de las universidades (y la educación pública en general), el “Plan País” propone, básicamente, una nueva montaña de deuda con el FMI, que significará más adelante recortes al presupuesto público, incluyendo las universidades y el bienestar estudiantil, sin descartar elementos de semiprivatización. No por casualidad la juventud universitaria en Chile, Colombia y Brasil enfrenta las políticas educativas impuestas en este sentido.
Por esto, cobra primera importancia batallar contra la influencia que en el movimiento obrero y en la juventud ejercen quienes, siendo parte de estos espacios, se proponen poner estas luchas al servicio de ese plan más de conjunto, que poco y nada tiene que ver con los intereses obreros y populares. ¡Ay de aquellos en la izquierda que, con el argumento de hacer “unidad de acción” por demandas específicas, convivan pacíficamente con estos sectores que buscan hacer de los trabajadores y la juventud base social de la propuesta vasalla!
La lucha contra el imperialismo tarea clave en la actual situación
En momentos en que todos ven como “salida” el concurso del imperialismo o de potencias extranjeras, es indispensable plantear una alternativa contra todos estos proyectos que redoblan las cadenas del país o aumentan su dependencia por parte de otras potencias. Esta situación vuelve a plantear las banderas de la lucha por la liberación nacional como parte de las tareas estructurales que la clase trabajadora tiene por delante.
Que el chavismo, ni aún en su época de apogeo, con apoyo de masas y condiciones económicas favorables, fue capaz de avanzar en este sentido, queda como una gran lección. No se podía avanzar hacia la liberación nacional si no se partía de la nacionalización de los grandes medios de producción, implantando el monopolio del comercio exterior y rompiendo con el imperialismo, que implicaba al menos, la nacionalización sin pago –y bajo control de los trabajadores– de los capitales imperialistas y sus transnacionales que operan en el país, el desconocimiento de la deuda externa que había contraído la burguesía y los gobiernos anteriores.
Si el gobierno se jactaba de una soberanía política, y hay que admitirlo, el chavismo obtuvo una cierta independencia relativa del imperialismo, esto jamás fue de ruptura, sino que estaba asentada más bien en el regateo, por tanto, condicionada por las implicancias de un capitalismo semicolonial dependiente y, para colmo de males, asentado en un rentismo petrolero. Chávez no rompió la dependencia sino que la “diversificó” hacia potencias como China y Rusia.
No hay verdadera independencia nacional si el país no puede disponer de sus recursos y decidir su uso soberanamente, lo cual es desde todo punto de vista imposible si se mantienen los múltiples mecanismos por los cuales las potencias capitalistas se apropian de grandes porciones del excedente nacional (deuda externa, ganancias a sus casas matrices, saqueo de recursos naturales), e incluso, tienen en sus manos las decisiones de inversión y uso de los recursos. El chavismo, aún con tanta verborrea antiimperialista, no avanzó en superar esta inserción subordinada del país en los circuitos del capital imperialista.
Por supuesto, semejante tarea histórica no puede llevarse a cabo sin la más amplia y combativa movilización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo pobre, para vencer la feroz resistencia imperialista ante las medidas de liberación nacional, una movilización de masas que, invariablemente, implica el armamento obrero y popular, como ha ocurrido en los países que en el siglo XX llevaron adelante luchas victoriosas en este sentido. Debe quedar claro, como lección histórica, que esa tarea no son capaces de llevarla adelante sectores de la burguesía “nacionalista” o militares “patriotas”, que en vez de potenciar esa dinámica la bloquean.
Si ayer el chavismo no implicó una verdadera ruptura con la dependencia, hoy en su debacle no representa un obstáculo serio contra el imperialismo u otra variante de mayor dominación por las potencias. Con el estado ruinoso en que han dejado la economía y la descomposición del régimen, aislado del apoyo de las masas, aunados a su giro entreguista, han dejado al país expuesto a las apetencias del capital extranjero y sus gobiernos.
La clase trabajadora, por su rol central en la producción y su concentración en los nudos vitales de la economía, la vida social y la política como son las grandes ciudades, es la fuerza social fundamental que puede llevar hasta el final la lucha por la liberación nacional, y al mismo tiempo, encarnar un proyecto social emancipatorio basado en la abolición de las relaciones capitalistas.
A modo de conclusión
La centralidad de las estrategias de la oposición de la derecha, sus vínculos estrechos con el imperialismo, no solo a lo que hace a los momentos ocasionales o de coyuntura política sino las cuestiones de fondo con grandes consecuencias para el país, no es una discusión menor. La frase que tomamos de Trotsky de comienzo del siglo XX no es en vano. Si su hegemonía se ha mantenido invariable en lo que dice respecto a América Central y el Caribe, exceptuando Cuba y parcialmente Nicaragua en un corto período, realizando invasiones militares cuando lo ha considerado necesario, en el llamado triángulo norte de América del Sur (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú) busca recuperar terreno, aprovechándose también de la alta dependencia de estos países. De allí la importancia que le hemos dado en el presente artículo, haciendo referencia a los planes históricos del imperialismo hacia la región y al país en particular, así como un repaso de las propuestas de la oposición en el último año, que han simbolizado un salto en su propuesta vasalla, para avanzar en comprender la real dimensión de las mismas.
Lo hemos cruzado también con los planes del gobierno de Maduro con relación a otras potencias, pero sobre el chavismo hemos escrito con mucho detenimiento en recientes trabajos. Damos relevancia una vez más cómo una de las tareas antiimperialistas como la liberación nacional está más presente que nunca, pero una tarea estructural que, como expresamos en el texto, no pudo ser llevada por el chavismo y alertamos contra aquellos que a cada tanto buscan atajos, cuando no podrá haber una resolución íntegra y efectiva sino se avanza en el camino de la revolución socialista. Así mismo hemos destacado el aspecto clave también de cómo opera esta derecha tanto en la juventud como en el movimiento sindical, para dar cuenta hasta dónde llegan los tentáculos como parte de sus políticas pérfidas para sus objetivos reaccionarios y cómo aquellos que luchamos por las banderas del socialismo debemos combatirlos en esos terrenos y no solo por la vía de sus partidos orgánicos. |
