La sentencia del Tribunal Supremo a los líderes soberanistas presos es un punto de inflexión en la ofensiva judicial y policial contra el movimiento independentista catalán. Es también una vulneración aberrante de las libertades democráticas. El Régimen monárquico del 78 busca liquidar definitivamente las aspiraciones democráticas de millones de personas y manda un mensaje a todos aquellos que se atrevan a movilizarse en las calles para expresar su descontento.
El golpe institucional en Catalunya iniciado con la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y el respaldo de la Monarquía como principal garante de la unidad territorial, toma una nueva dimensión. Tras un juicio político que desde su inicio se demostró como una farsa, las sentencias aplicadas a los exconsellers, la ex presidenta del Parlament de Catalunya y los líderes de ANC y Òmnium buscan ser ejemplarizantes.
La sentencia establece que la declaración de independencia fue “simbólica e ineficaz” y los jueces sostienen que el referéndum fue "un levantamiento tumultuario alentado para convertir en papel mojado unas decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Es decir, que una vez que reconocen que no hubo violencia alguna y se trató de una movilización masiva, condenan un acto que consideran que fue “simbólico” sin mayores consecuencias, con penas de hasta 13 años de prisión. Hoy muchos se preguntan, no sólo en Catalunya sino en todo el Estado español, qué puede esperarles a los trabajadores que ocupen fábricas, a los estudiantes que corten autopistas, a las mujeres que salgan a las calles contra las violencias machistas o a los vecinos que impidan desahucios de aquí en adelante, una vez que se normalice esta aplicación de la “doctrina penal del enemigo” a un movimiento democrático como el catalán.
Desde la celebración del Referéndum de autodeterminación del 1-O y, más todavía, después del discurso del “a por ellos” de Felipe VI el 3 de octubre del 2017, la ofensiva represiva del Régimen del 78 se ha entendido en todos los ámbitos de la sociedad catalana. Golpeando con más dureza a la izquierda independentista como se ha visto durante la “operación judas” y la detención de activistas de los CDR. Un Estado que criminaliza mediante la Ley mordaza o la Ley antiterrorista de forma intencionada a la juventud catalana y vasca, como hemos visto también con el caso Altsasu.
El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se ha puesto a la cabeza de esta cruzada represiva contra el movimiento independentista tras declaraciones en las que “advertía” de que “no le temblará el pulso” si en las próximas semanas tenía que aplicar un nuevo 155 en Catalunya. Unas horas después de conocida la sentencia compareció ante la prensa asegurando que este “fue un proceso judicial que se desarrolló con plenas garantías y absoluta transparencia”. Mentiras. Esto ha sido cuestionado por numerosos juristas que sostienen que se ha vulnerado el derecho a la defensa, se ha construido una causa funcional a la condena que se quería resolver, y que las motivaciones son políticas.
El gobierno de Sánchez quiere aprovechar esta sentencia infame para reafirmarse como el partido de Estado y pilar del régimen que siempre ha sido, intentando buscar también apoyo a su investidura desde la derecha del arco político.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, publicaba esta mañana un mensaje llamando a “asumir” y “acatar” la ley y esta infame sentencia, que condena no solo a los presos políticos, no solo al pueblo catalán y su derecho a decidir, sino que es un ataque a las libertades democráticas de todos los trabajadores y los pueblos del Estado español. Por eso es inaudito que una organización como Podemos ampare, avale y llame a “asumir” semejante ataque. Aunque no sorprende a nadie, ya que es el destino de una formación que se ha integrado plenamente al régimen monárquico como su "pata izquierda". Durante las negociaciones con el PSOE para un gobierno de coalición, Podemos aseguraba ya hace algunos meses que aceptaría la aplicación de un nuevo 155 en Catalunya “aceptando la posición de liderazgo del PSOE” en temas de Estado.
Impulsemos asambleas antirepresivas en los centros de estudio y trabajo. Construyamos un gran movimiento de solidaridad en todo el Estado
Frente a la sentencia del Tribunal Supremo y la actual ofensiva de criminalización y represión en Catalunya, resulta imprescindible potenciar la movilización social del movimiento independentista de forma independiente a los partidos soberanistas y su hoja de ruta encaminada a la vuelta al autonomismo.
La plataforma Tsunamic Democratic, así como la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, junto a numerosas organizaciones sociales y políticas, han convocado acciones y marchas que han comenzado en Catalunya en la mañana de este lunes. Los estudiantes han paralizado las clases y se han movilizado masivamente. Por su parte, los sindicatos de izquierda IAC y la Intersindical CSC han convocado una jornada de huelga general para el viernes 18 de octubre y los CDR llaman también a la movilización. Decenas de miles de personas ya se están movilizando. Para extender el movimiento, será necesario dotarlo de una organización democrática desde las bases, para que sean los trabajadores, estudiantes y todo el pueblo catalán los que puedan decidir las acciones a seguir y el rumbo político.
En el resto del Estado español, a su vez, están convocadas concentraciones en diferentes ciudades, comenzando este mismo lunes. Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, junto a las agrupaciones juveniles que impulsamos, nos sumamos decididamente a todas estas iniciativas. Pero creemos que, ante la actual situación, se torna urgente levantar un plan de lucha que tenga continuidad más allá de esta semana, y que se encamine hacia una movilización permanente como respuesta a la ofensiva del Régimen contra el pueblo catalán, poniendo en pie un gran movimiento democrático en todo el Estado para exigir la amnistía inmediata para los presos políticos.
Esto es algo totalmente alejado de las pretensiones de las direcciones soberanistas que, temerosas a que se puedan desbordar las calles como pasó el 3O, confían en la intervención de la ANC, Òmnium y Tsunami Democràtic como forma de canalizar las protestas masivas, así como de los partidos del Régimen, que buscan encauzar todo rápidamente hacia las elecciones del 10N.
Ante ello, es necesario que la izquierda independentista y la izquierda sindical se pongan al frente de exigir a los sindicatos mayoritarios la convocatoria de una huelga general e impulsar asambleas y paros en todos los centros de trabajo y en las aulas de los centros educativos que desborden Catalunya durante la jornada del 18 y los días posteriores. Algo a lo que vienen oponiéndose desde el principio tanto UGT como CCOO.
Para responder de forma organizada contra la sentencia y la represión es vital ampliar la base social del movimiento independentista y que la clase trabajadora se ponga en el centro de la lucha, como así lo entendieron numerosos sectores de trabajadores el 3 de octubre tras la represión del 1O. Para eso, resulta necesario vincular la lucha democrática por el derecho a decidir con la lucha por un programa para resolver los demás problemas sociales como son el paro, la precariedad, las pensiones o servicios públicos.
De la misma forma, es necesario que esta oleada represiva hacia el pueblo catalán impacte en el resto del Estado. La sentencia y la criminalización del movimiento independentista no es sino la antesala para un salto autoritario del Régimen del 78 contra los derechos y libertades democráticas en el conjunto del Estado.
¡Amnistía para los presos políticos!
¡Basta de represión y criminalización!
¡Por una huelga general en Catalunya!
¡Por un gran movimiento en todo el Estado contra el Régimen del 78 y por el derecho a decidir! | 
