Las demandas se escuchan en cada uno de los rincones del país, un malestar que recorre millones de almas, que viven con un sueldo mínimo, más del 70% de los trabajadores gana un sueldo inferior a $350.000 mensuales, más de 5 millones de familias endeudadas, el 91% de los jubilados reciben pensiones que no superan los 150 mil pesos y que incluso unos 400.000 reciben 86 mil pesos, una cesantía que no baja del 7%, 40.541 familias viviendo en campamentos, el alza de los servicios básico como la luz, el agua y el transporte y jornadas laborales extenuantes, donde en promedio se trabaja entre 10 y 12 horas diarias.
Esto mientras que el 1% más rico acumula el 33% de las riquezas gracias al saqueo de los recursos del país, y es que las masivas privatizaciones, en dictadura y democracia, entregaron el país a grandes empresas transnacionales y a las 10 familias más poderosas del país, los Luksic, Matte, Angelini, y la misma familia Piñera, generando una crisis medio ambiental. Siendo dueños de las AFP, que administran un “fondo previsional” de más de 200.000 millones de dólares, esto es, cerca del 70% del producto nacional, acumulando los últimos 25 años, más de $90 "billones" y se han gastado en pensiones sólo $30 "billones".
Es este el legado de la dictadura, que ha sido profundizado en esta “democracia para ricos” por los gobiernos de concertación y de derecha. Protegiendo este legado se muestra Piñera intransigente, haciendo oídos sordos a las demandas del pueblo trabajador y pobre, criminalizando la legítima protesta nacional, declarando “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.
Es esta intransigencia, autoritarismo y criminalización de Piñera, con medidas de la dictadura como el toque de queda y el estado de excepción, y la rabia de millones movilizados en las calles, trabajadores y trabajadoras organizados en sus sindicatos y lugares de trabajo, estudiantes y diversas organizaciones sociales y políticas, lo que hoy pone en jaque a su gobierno de derecha empresarial, situación que deja planteada la necesidad de una Asamblea Constituyente basada en la movilización de los trabajadores y el pueblo pobre.
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