En estos cuatro años, la gestión de Mauricio Macri acentuó el modelo de agronegocio atado al uso de plaguicidas y semillas transgénicas –OGMs, en la jerga– consolidado durante el kirchnerismo. Con el detalle de que el oficialismo asumió una defensa manifiesta de los intereses de las corporaciones de los agrotóxicos y las organizaciones del campo que promueven ese sistema de producción.
El macrismo aprobó 26 transgénicos con la particularidad de que los últimos 19 fueron habilitados en el transcurso de apenas 22 meses. Coincide con el lapso de gestión de Luis Miguel Etchevehere al frente de la cartera de Agroindustria. En concreto, el funcionario lanzó casi un organismo genéticamente modificado por mes.
En cuanto a las variedades habilitadas, el maíz resultó predominante con 11 aprobaciones, seguidos por la soja con 8 semillas. También en esta gestión vieron la luz transgénicos de papa, alfalfa y cártamo. Y quedaron a un paso de la aprobación manipulaciones genéticas en trigo y caña de azúcar.
Todo esto para seguir sosteniendo el negocio de colocación de agrotóxicos, que a lo largo de esta gestión nunca estuvo por debajo de los 300 millones de litros de plaguicidas vendidos al año. Y que sólo en lo que va de 2019 ya evidencia un alza del 30 por ciento respecto del período anterior. De mantener ese rango, este año cerrará con una comercialización del orden de los 400 millones de litros y ganancias para las empresas del rubro cercanas a los 3.000 millones de dólares.
A la par del uso del cancerígeno glifosato, en estos cuatro años se profundizó el desarrollo de transgénicos que resisten al glufosinato de amonio, un herbicida que según distintos estudios científicos causa daño en el sistema neurotransmisor para inducir desde la pérdida de memoria hasta convulsiones en humanos. En animales, la exposición prolongada al agrotóxico provoca muerte celular en el cerebro y malformaciones.
De los 26 transgénicos lanzados en estos 4 años, 15 presentan justamente resistencia a glufosinato de amonio.
En lo que hace a la política inherente a los agrotóxicos, el macrismo concluye este período sin haber fijado ningún tipo de marco nacional que regule la utilización de estas sustancias peligrosas. A la par, el oficialismo desoyó por completo el dictamen de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ligada a la Organización Mundial de la Salud, que expuso que existen pruebas para vincular a esa enfermedad con el uso del herbicida glifosato.
Desde organismos como el SENASA se insistió en considerar al glifosato como un producto inocuo. Y las sucesivas condenas multimillonarias contra Bayer Monsanto en Estados Unidos apenas resultaron interpretadas como meras acciones judiciales de un particular contra una compañía privada.
Pero en su blindaje del agronegocio atado al uso de agrotóxicos y transgénicos la gestión de Mauricio Macri fue más allá: hizo propio el discurso de las multinacionales de los plaguicidas y sus organizaciones afines. En julio de 2017, por ejemplo, un panel integrado por los titulares de Salud, Ciencia, Agroindustria y Medio Ambiente dio origen a un documento que niega la evidencia científica nacional e internacional respecto de la peligrosidad de los plaguicidas.
Basado en informes y bibliografía aportados por entidades y cámaras vinculadas a la producción de agrotóxicos, el documento cuestiona criterios como la instauración de zonas libres de aplicaciones en torno a puntos habitados, y entiende a las situaciones de contaminación como "casos de mala praxis".
A los ojos de estas carteras, los pesticidas no implican riesgo para la salud si son aplicados en la cantidad que indican las empresas que los comercializan.
Durante el macrismo apenas hubo un puñado de prohibiciones aplicadas a plaguicidas, aunque todas con extensiones de uso para que los productores agoten sus respectivos stocks. Los insecticidas diclorvos y carbofurano, este último utilizado como veneno incluso en femicidios, y una formulación del herbicida cancerígeno 2,4-D, fueron ejemplos de estos vetos con determinados permitidos.
En la Argentina de estos días, informes de organizaciones como la Red de Acción de Plaguicidas de América latina confirman que se siguen utilizando más de 100 productos prohibidos en otros países. Entre ellos el herbicida paraquat, vetado hasta en Suiza, su territorio de origen.
El mandato de Mauricio Macri concluye con sucesivos intentos por aprobar una Ley de Semillas acorde a los intereses de las multinacionales del rubro y las entidades agropecuarias que nuclean a los grandes productores. El proyecto que más respaldó el oficialismo establece la propiedad privada del insumo, desarticula el uso propio gratuito -a partir de esto fija el pago de un canon extendido en años- y habilita requisas y controles compulsivos a pedido de los dueños de los transgénicos.
La predilección por los transgénicos y el respaldo a la aplicación de agrotóxicos tuvo su correlación con un incremento en la superficie explotada por el agronegocio. Así, de fines de 2015 a 2019, el área cultivada pasó de los 31,4 millones de hectáreas a los actuales 34 millones de la misma unidad, según la Bolsa de Cereales. La frontera productiva, dados estos guarismos, se incrementó en torno al 8 por ciento siempre en estos 4 años.
Esta expansión, por supuesto, va de la mano con un nivel de desmonte que se ha mantenido firme a lo largo del macrismo. En estos cuatro años, la superficie deforestada, la pérdida de bosques y pastizales nativos para la posterior siembra de transgénicos de soja y maíz en mayor medida, se acercó al medio millón de hectáreas, de acuerdo a reportes de organizaciones como Greenpeace.
Bajo la gestión macrista, tanto la soja como el maíz transgénico producidos mantuvieron su destino de forraje para engordar sobre todo cerdos y pollos fuera de la Argentina. Ambas manipulaciones genéticas también ganaron presencia como ingredientes en las fórmulas de miles de ultraprocesados que hoy se comercializan en los supermercados del país.
Por otra parte, la promoción de los biocombustibles incentivó aún más el uso de superficies para el cultivo de transgénicos. En estos cuatro años, según la Secretaría de Energía, la producción de biodiesel basado en aceite de soja transgénica –bañada con miles y miles de litros de agrotóxicos como el glifosato– evidenció un incremento del 25 por ciento.
La generación de bioetanol a partir de maíz genéticamente modificado –también, ultra fumigado– trepó otro 25 por ciento en el mismo período. Hoy ostenta un volumen anual del orden de los 600 millones de litros y tiene en Córdoba a su epicentro de elaboración.
Cada vez que se promociona un incremento en el corte de biocombustibles en las naftas, como ocurrió en abril de 2016 con la suba de 10 a 12 por ciento en lo que hace a presencia de etanol, de forma automática se auspicia una nueva expansión de áreas productivas ocupadas con cultivos OGMs.
En resumen, Cambiemos llega al final de estos cuatro años con el siguiente comportamiento hecho política de Estado:
•Apoyo manifiesto a la aplicación a mansalva de agrotóxicos.
•Lanzamiento compulsivo de semillas transgénicas que alientan el uso de más venenos.
•Expansión de la frontera agropecuaria para la exportación de granos con destino de forraje en un país en emergencia alimentaria.
•Negación total de la evidencia científica que devela un daño sanitario y ambiental expandido.
Mauricio Macri cierra una gestión presidencial signada por la defensa férrea de prácticas y métodos agrícolas que devastan la calidad de vida de los argentinos y vienen provocando daños de naturaleza irreparable en gran parte de nuestro territorio.
*El autor publicó Envenenados y Agrotóxico sobre el agromodelo contaminante en Argentina. | 
