Con el 98,42 % de los votos computados, Evo Morales ganaría por un punto en primera vuelta. En Conferencia de Prensa reafirmó su triunfo. La oposición creó la "Coordinadora de Defensa de la Democracia" con Carlos Mesa a la cabeza. Ante esto hechos, desde la Liga Obrera Revolucionaria LOR-CI manifestamos en el siguiente balance nacional y declaración política, nuestra posición por un salida independiente de la clase trabajadora y sectores populares ante esta crisis nacional.
En Bolivia se ha abierto una situación de crisis política tras los pasados comicios presidenciales del 20 de octubre, en los que después de una jornada calificada como “normal” se visibilizaron una serie de irregularidades en los plazos y conteo de votos de parte del Órgano Electoral Plurinacional. El reclamo se centra en “la defensa del voto”, “la defensa de la democracia” y la exigencia de la segunda vuelta entre el ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, y Evo Morales. En este escenario de crisis política ambos candidatos se acusan mutuamente de ser responsables de los enfrentamientos que se vienen desatando en el país.
Esta crisis guarda enormes diferencias con las abiertas recientemente en otros países de la región, como Ecuador o Chile, donde el vehículo es fundamentalmente económico y donde se abrieron procesos de rebelión de gran magnitud, con una composición popular, con trabajadores, estudiantes y el movimiento indígena en las calles, a diferencia de la crisis política boliviana.
Durante los últimos años Evo Morales se ha ubicado como garante de los negocios empresariales en el país, con crecientes acercamientos a la derecha regional como fue con Bolsonaro, su silencio ante el levantamiento del Ecuador o las jornadas revolucionarias en Chile. La actual crisis política plantea severas contradicciones para los negocios capitalistas y las clases dominantes ya que como afirmó Morales en su conferencia de prensa este jueves 24 de octubre, la situación económica boliviana es “inmejorable”, y que una escalada en la crisis política podría poner en cuestión la paz social y los buenos negocios que Evo ha garantizado la ultima década. No otra cosa expresan la cuidadosa neutralidad de las cámaras empresariales y financieras en la actual crisis política. La resolución de la crisis mediante auditoria de los organismos internacionales de todo el proceso electoral aceptando un eventual cuarto mandato de Evo Morales solo podrá significar un gobierno mucho más condicionado por la presión de los organismos internacionales como la OEA, con un problema de legitimidad de origen que se remonta al desconocimiento del referéndum del 21F (en el que Evo había sido derrotado al buscar poder presentarse para una reelección este año) y ahora condicionado al inicio del gobierno por la derecha parlamentaria que logró arrebatarle los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un cuarto mandato con estas condicionantes, cuando el fin de la bonanza económica se acelera por la crisis regional solo podrá significar una profundización del rumbo pragmático y a derecha, lo que lo pondrá ante la opción de pasar de ser el garante de los buenos negocios que hasta hoy se han desplegado a tener que ser el que garantice los ajustes que eventualmente intenten imponer las clases dominantes.
Los hechos: la Resolución del Tribunal Supremo Electoral detona la crisis
La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de suspender el conteo y la transmisión de los resultados electorales el domingo en la noche por más de 15 horas, es un incidente inédito en la historia electoral de los últimos 30 años. La reanudación del conteo y transmisión de resultados el lunes por la tarde, con el sorprendente fenómeno de un cambio drástico de las tendencias, agravaron la susceptibilidad y la desconfianza de importantes sectores de la población y de la oposición política que empezaron a movilizarse en vigilia en las sedes de los tribunales departamentales y en el TSE.
Mientras al momento de la suspensión del conteo de votos los datos indicaban que se iría a una segunda vuelta de forma irreversible, al reanudarse el mismo, la tendencia se invirtió de tal manera que alrededor de las 20:00 hs se anunció que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) tendía a mostrar un triunfo de Evo Morales en primera vuelta, detonando movilizaciones masivas espontaneas que culminaron con la quema de papeletas electorales y ánforas. Los tribunales electorales departamentales de Potosí y Sucre fueron incendiados por los manifestantes mientras denunciaban un “descomunal fraude electoral” y exigían el respeto al voto popular que habría determinado una segunda vuelta que pondría en serios riesgos un posible cuarto mandato de Evo Morales y García Linera. En algunas ciudades como Tarija, Sucre y Potosí se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes hasta altas horas de la madrugada.
Mientras se ordenó el acuartelamiento al conjunto de fuerzas policiales del país, en la ciudad de Sucre un sector de la policía que se encontraba conteniendo las manifestaciones, se sumó a las protestas poniendo en evidencia la magnitud de la crisis en curso.
La OEA manifestó su extrañeza y preocupación por el inexplicable y abrupto cambio de tendencia de los resultados electorales luego de la suspensión resuelta por los vocales del TSE. Al mismo tiempo, el Gobierno de EE. UU. -con el apoyo de los gobiernos de Canadá, Colombia y Costa Rica- reclamó la inmediata reanudación del conteo y transmisión de votos. El presidente Evo Morales convocó el martes al medio día a una reunión con las delegaciones diplomáticas presentes y con los observadores internacionales de los comicios, reunión en que los representantes de la OEA solo reconocerían los resultados siempre que estos estén sujetos a una auditoria pero con carácter vinculante. Sin embargo, la OEA un día después, cerca del mediodía, emitió una declaración “recomendando” la segunda vuelta aún en caso que finalizado el conteo oficial Evo Morales obtuviera más del 10 % de diferencia. De conjunto las expresiones tanto norteamericanas como de la OEA, expresan una injerencia abierta en la política interna del país.
Un vocal del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca presentó su renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por sus “convicciones democráticas”, sin especificar nada más. Otro vocal del mismo organismo se declaró en la clandestinidad por la violencia sucedida horas antes en Sucre y finalmente el martes 22 de octubre, Antonio Costas, vicepresidente del TSE presentó su renuncia ante la ALP señalando que fue “desafortunada” la decisión por parte de los vocales de haber suspendido el conteo que provocó la susceptibilidad actual.
Organizaciones sociales, sindicales y campesinas como la CONALCAM (Coordinadora Nacional para el Cambio), la COB (Central Obrera Boliviana), la COR (Central Obrera Regional de El Alto), entre otras, y militantes afines al partido de Gobierno, también se movilizaron argumentando que la oposición pretende desconocer el voto campesino e indígena, el cual sería el motivo del cambio de tendencia en el conteo de votos. De esta manera, convocaron a una gran concentración el miércoles 23 de octubre en defensa del voto y para defender el supuesto triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Evo Morales brindó una conferencia de prensa en horas de la mañana del mismo día, en la que reafirmó su triunfo electoral adjudicándolo a los resultados del sistema TREP y llamó a esperar los resultados oficiales finales así como convocó a las organizaciones sociales a estar alertas ante lo que calificó como un “intento de golpe de Estado” por parte de las movilizaciones realizadas por la oposición.
Al tiempo que se producían estos incidentes, y ambos candidatos se acusaban mutuamente de ser responsables de los enfrentamientos que se vienen desatando en el país, se fueron emitiendo resultados parciales del conteo oficial de votos que restablecían la posibilidad de una segunda vuelta, al achicarse la diferencia entre Mesa y Morales, prolongando la tensión social y política hasta que se conozca el resultado final del conteo. Las vigilias y concentraciones convocadas por la oposición contra el eventual fraude se mantienen y en algunas regiones se ha pasado el miércoles 23 al paro indefinido con bloqueo de caminos cuyo epicentro es el departamento de Santa Cruz.
La “democracia” que hoy defienden y los acuerdos antidemocráticos con los que pactaron la Constitución
La actual crisis política pone en cuestión los acuerdos alcanzados el 21 de octubre del 2008 entre el MAS, los cívicos y casi todo el arcoíris opositor, para dar curso a la aprobación de la Constitución Política del Estado a espaldas de las enormes masas de trabajadores, campesinos e indígenas que dieron lugar a los procesos del 2000, del 2003 y a la propia Asamblea Constituyente ¿algo más antidemocrático que eso?.
Ese acuerdo que viabilizó la nueva Constitución y otorgó gobernabilidad al MAS sobre la base de una paz social aceitada mediante la estabilidad y el crecimiento económico, fue alcanzada mediante la reforma de casi una centena de artículos del texto constitucional, en los que se incluía la no reelección por más de dos mandatos.
Ante la imposibilidad de presentarse a un nuevo mandato, Morales convocó a un
referéndum del 21 de febrero (21F) del 2016 que terminó perdiendo. Ese resultado se vió vulnerado por una sentencia constitucional que lo habilitó para presentarse a las elecciones. A esto hoy se suma la convicción de estar en presencia de una nueva vulneración a las reglas y normas de la democracia liberal, lo que pone en riesgo este acuerdo antidemocrático y antipopular alcanzado una década atrás, polarizando la situación política y reabriendo eventualmente una crisis del régimen político cuya garantía estaba dada por la Constitución Política del Estado.
Como se ha mencionado, la apertura de la presente crisis, ha desempolvado los discursos racistas y federalistas en diversas regiones del país, particularmente en Santa Cruz y en franjas importantes de clases medias, donde las banderas de la legitimidad democrática van de la mano de los discursos excluyentes, racistas y conservadores.
Desde la LOR-CI consideramos que lo que está en crisis en este momento es aquel pacto contrarrevolucionario firmado a espaldas de los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y demás sectores populares que vieron como la Constitución Política del Estado fue reescrita entre cuatro diputados (dos del oficialismo y dos de la oposición) y firmada por Evo Morales y García Linera por un lado y por otro lado los Comités Cívicos y el conjunto de la oposición política de derecha.
Este pacto entra en crisis por las veleidades de un gobierno autoritario y personalista que Evo Morales vino desplegando los últimos años y que adquieren un peso enorme en la disputa actual por los resultados electorales. Si la oposición de derecha ha podido levantar cabeza y hoy se encuentra con suficiente fuerza para buscar su retorno al poder del Estado, ha sido posible en primer lugar gracias al MAS y Evo Morales quiénes primero conciliaron y pactaron contra la movilización de masas el 2008 y luego, con el desarrollo de las tendencias bonapartistas del gobierno de Evo, que le entregó banderas democráticas a la oposición pro-imperialista. Recordemos que luego de la firma del pacto constitucional del 2008, el MAS pasó a ser el sujeto central en la reconstrucción del régimen político y del sistema de partidos que había quedado prácticamente disuelto, producto de los levantamientos nacionales que desde la guerra del agua en abril del 2000 hasta la insurrección popular de octubre del 2003, demolieron la institucionalidad neoliberal.
El papel central del MAS en la reconstrucción de un orden estatal e institucional fue alimentando las tendencias a la concentración del conjunto del poder político y potenciando las tendencias autoritarias y bonapartistas de su gobierno. Las mismas se expresaron no solo en el desconocimiento del referéndum del 21F, sino también en la judicialización de la protesta social como las decenas de trabajadores asalariados procesados de los sindicatos del aeropuerto, de la hidroeléctrica Yanacachi, de los mineros de la Chojlla, trabajadores fabriles a los que se les desconoce los fueros sindicales así como sectores cocaleros del norte de La Paz, donde ya suman más de 200 campesinos procesados penalmente, además del encarcelamiento “preventivo” de sus principales dirigentes.
Aunque muchos balances equivocados expresen lo contrario y declaran al MAS un “cadáver”, este continúa siendo una fuerza política hegemónica, con fuerte peso en sectores del movimiento campesino pero también de importantes sectores obreros particularmente mineros y fracciones de fabriles. Las organizaciones sociales y sindicatos dirigidos por una burocracia sindical crecientemente estatizada actúan como correa de transmisión y de control por parte del oficialismo de los principales destacamentos obreros y de trabajadores, estableciendo un disciplinado control de los sindicatos y las bases. Sobre la base de este bloque constituido por sectores populares, franjas del empresariado y también sectores de una nueva clase media, el MAS pudo desplegar una política de corte neodesarrollista que amplió la participación del Estado en la economía hasta cerca de un 30%, así como alentó el consumo de franjas de la población sobre la base de un tipo de cambio fijo y la bolivianización de los ahorros y del conjunto de la economía. La clave de su política fue esencialmente pragmática acomodándose a los cambios que se fueron produciendo en la región, siendo absolutamente cuidadoso con las nacionalizaciones que no sobrepasaron de treinta a diferencia de Venezuela que sobrepasaron las mil, o los guiños a Jair Bolsonaro en Brasil con la entrega de Cesare Battisti buscando por la justicia italiana. Así mismo, con el pacto constitucional del 2008, se llegó a constitucionalizar el latifundio preservando la gran propiedad agraria y pasivizando al movimiento indígena y campesino mediante la dotación de tierras fiscales sin tocar las relaciones de explotación y opresión que son base de la estructura agraria del país.
Este pragmatismo alentó la concentración del poder no solo en su partido sino fundamentalmente en la persona de Evo Morales, que no solo no ha podido forjar un sucesor o sucesora sino que incluso depende de él mismo para poder ganar una elección. Pese a concesiones democrático formales que se hicieron durante sus gestiones de gobierno, la estructura dependiente del país no ha cambiado. Los dueños de la Bolivia neodesarrollista de hoy siguen siendo los mismos dueños de la Bolivia neoliberal de ayer.
Por otro lado el bloque opositor, encabezado ahora por Carlos Mesa, que hoy al igual que el MAS enarbola las banderas de la defensa de la democracia, es sostenido por los comités cívicos regionales, organismos que históricamente fueron la expresión de los intereses de las burguesías regionales; la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que es un organismo formado por la Universidad Mayor de San Andrés y la Asamblea Permanente de DD.HH), plataformas ciudadanas, diversas organizaciones de las clases medias urbanas y algunos ex burócratas sindicales que tomaron distancia del oficialismo los últimos años. La composición heterogénea del bloque opositor no puede ocultar la fuerte presencia de grupos de derecha como la Unión Juvenil Cruceñista, las reaccionarias ´”plataformas por la vida”, las iglesias evangélicas, cristianas entre otras que alientan un discurso xenófobo, homofóbico y anti derechos como los expresados por el candidato Chi (el Bolsonaro boliviano) del Partido Demócrata Cristiano (PDC) o el catarista Víctor Hugo Cárdenas (el segundo Bolsonaro boliviano) de la Unión Cívica Solidaridad (UCS), el empresario del cemento, Samuel Doria Medina, y un prominente representante de los intereses agroindustriales y ex funcionario de la CAINCO (Cámara Agropecuaria del Oriente), Oscar Ortiz; personajes todos ellos que ya manifestaron su apoyo a Carlos Mesa en una eventual segunda vuelta. Así también, en las últimas horas, ha recibido el respaldo oficial de organismos imperialistas como la OEA y la Unión Europea.
La cuidadosa "neutralidad" de los organismos empresariales
Ante la escalada de la polarización y agravamiento de la crisis política dada por el enfrentamiento de estos dos bloques políticos, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) el 23 de octubre emitió un cuidadoso pronunciamiento, sin hablar ni de fraude ni de golpe, sino más bien convocando a la continuidad de las normalidad de la vida económica y al respeto de la institucionalidad de país contra los ataques a las instituciones púbicas suscitados los últimos días. Así en su comunicado afirman que:
"La Cámara Nacional de Industrias (CNI), entidad que representa y promueve el desarrollo del sector industrial manufacturero de Bolivia en el marco de la institucionalidad y el estado de derecho vigente en el país y ante la actual coyuntura post-electoral que vive Bolivia:
• Exhorta al Órgano Electoral Plurinacional a respetar y cumplir estrictamente la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral para concluir transparentemente el proceso electoral y generar un clima de confianza y tranquilidad de la población en sujeción plena al voto del soberano.
• Invoca a la ciudadanía en general a preservar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y guardar sujeción al estado de derecho evitando la transgresión al orden público o la generación de brotes de violencia que solo conducen a la disminución del bien común y atentan contra la convivencia pacífica que es la base del desarrollo de un país."
Este cuidadoso posicionamiento en la crisis actual obedece a lo que líneas arriba mencionamos de cómo el gobierno de Evo Morales aparece como el garante de la paz social y la estabilidad macroeconómica de los últimos años, buscando evitar, por parte del empresariado, una tendencia destituyente como apuesta la oposición política, sino buscando condicionar cada vez más al gobierno, sobre la base de su desgaste y una legitimidad política limitada, al ser considerado un gobierno ilegítimo por la mitad de la población. Esta tendencia a la deslegitimidad agravada por la presente crisis política y por los compromisos con los organismos internacionales, condicionará mucho más a derecha al eventual cuarta mandato del gobierno.
Por otro lado, un eventual gobierno de Mesa contaría con la misma deslegitimidad de la otra mitad del país, agravada porque tendría en la oposición a sectores sociales “peligrosos” como la clase obrera y el movimiento campesino e indígena. Situaciones estas que explican el cuidadoso posicionamiento del empresariado nacional.
En su lucha por el poder del Estado, los campos enfrentados usan la democracia como bandera
Los dos campos enfrentados, en su lucha por el control del poder del Estado, en la actual crisis política sostienen demagógicamente un mismo discurso democrático, que en el caso de la oposición sirve para encubrir la injerencia imperialista, y el avance de fuerzas derechistas y reaccionarias. Para Evo Morales, la instrumentalización del discurso democrático está al servicio de fortalecer su propio papel de Bonaparte en la dirección del Estado, que como ya lo han mostrado otras experiencias semi-bonapartistas en la región, son incapaces de construir y dejar un sucesor con fuerza y legitimidad. En esta disputa por el control del Estado los eslóganes de “defensa del voto” y de “defensa de la democracia”, tienen un carácter meramente instrumental y demagógico. Mesa lo usa contra el eventual fraude y Morales contra el eventual golpe de Estado que ya ha anunciado. Mesa se apoya en el discurso democrático de defensa del voto ciudadano que le habría dado la segunda vuelta y Evo lo usa en defensa del voto indígena y campesino que le habría otorgado la victoria en la primera vuelta. Para el oficialismo la democracia ha quedado reducida a garantizar el cuarto mandato de Evo Morales al frente de la gestión del Estado, mientras que para la oposición la democracia ha quedado reducida a la alternancia en la gestión y el respeto a los procedimientos normativos e institucionales de la democracia liberal.
El carácter demagógico del discurso democrático se hace evidente cuando quedan excluidos importantes problemas democráticos que quedaron fuera de los pactos constitucionales del 2008 y que son cotidianamente ignorados tanto por el oficialismo como por la oposición. Hablamos por ejemplo de las demandas del movimiento de mujeres por el derecho al aborto, los derechos civiles de las diversidades sexuales que importantes sectores de la oposición exigen prohibir y penalizar, los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas y campesinos vulnerados como en el TIPNIS, El Bala y El Chepete, Tariquía o Rositas entre otros; la exigencia de la Agenda de Octubre del 2003 que luego sectores populares intentaron elevar a la Asamblea Constituyente, por la expulsión de las transnacionales y por la expropiación, desechadas gracias al pacto del MAS con la derecha tradicional. En la visión de la democracia que hoy se disputa en el TSE y también tendencialmente en las calles está ausente la discusión democrática sobre el futuro de los territorios, de la tierra, del papel de las trasnacionales mineras y petroleras en el país o incluso los derechos laborales vulnerados como sucede con el Estatuto del Funcionario Público que prohíbe y penaliza la organización sindical y el derecho a la protesta.
Por todas estas razones, desde la LOR-CI afirmamos que el rechazo a las tendencias autoritarias y bonapartistas de Evo, no significan de ningún modo un apoyo a la oposición de derecha, que hoy, abanderada con la legitimidad democrática de “respeto del voto”, pretende hacer pasar todo un programa racista, regionalista y pro norteamericano en el país. Lamentablemente, en medio de este escenario, algunas organizaciones de la izquierda que se reclaman revolucionarias como el POR, se han sumado a las movilizaciones contra el "fraude", embelleciendo en los hechos, bajo un baño de fraseología de "gobierno obrero y campesino", las acciones y el programa de la oposición por derecha. Así también lo han hecho referentes académicos de izquierda y hasta mucha de la intelectualidad autodenominada anarquista.
Hoy no hay salida progresiva a la crisis actual reduciendo el conflicto a una primera o segunda vuelta, ya que salidas de este tipo no solo que pueden mantener abierta la crisis avanzando a una “venezolanización” -es decir, una orientación “destituyente” de la oposición política-, de las disputas políticas, sino excluyendo de la agenda las legítimas demandas democráticas de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, movimiento de mujeres y otros.
Ni con Evo ni con Mesa, ¡Por una salida política independiente! ¡Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana!
Desde la LOR-CI consideramos que para alcanzar una salida progresiva de la actual crisis política y al servicio de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras del país, es urgente recuperar la demanda de los levantamientos nacionales de la década pasada impulsando la lucha por una democracia que no se reduzca a la alternancia como propone la oposición o a un cuarto mandato como sostiene el oficialismo. La necesidad de impulsar la pelea por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que retome de manera integral la discusión sobre la propiedad de la tierra y de los territorios indígena-campesinos, que se plantee la expulsión del imperialismo, de las trasnacionales mineras y petroleras es clave en este momento.
Es urgente la lucha por una Asamblea Constituyente que a diferencia de la organizada por Evo Morales y Tuto Quiroga en el parlamento del 2006 y sobre la base de la constitución neoliberal de 1994, discuta lo que el pacto del 21 de octubre del 2008 impidió, como es las demandas de los sectores obreros, indígenas y campesinos, sobre la propiedad y soberanía sobre los recursos naturales y la problemática de la tierra; los derechos y demandas del movimiento de mujeres como el derecho al aborto libre seguro y gratuito, los derechos civiles de las comunidades sexo diversa, los derechos laborales vulnerados por leyes y normas de carácter neoliberal que el actual gobierno ha preservado.
Para que esta Asamblea Constituyente no esté condicionada como la constituyente del 2008 es urgente impulsar la más amplia organización y movilización de los trabajadores del campo y la ciudad, estableciendo una circunscripción electoral única en el conjunto del territorio nacional, terminando con la manipulación de la representación mediante circunscripción locales y regionales. Esta asamblea para ser libre y soberana, no sujeta a ningún poder constituido debe tener funciones legislativas y ejecutivas, terminando con la figura casi monárquica del poder ejecutivo y eliminando la conservadora cámara de senadores que solo tiene la función de moderar las resoluciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Desde la LOR-CI, que luchamos por una revolución socialista, es decir por un gobierno de obreros y campesinos, que lleve adelante una profunda transformación de las relaciones sociales de la ciudad y el campo impulsando un gran movimiento anticapitalista de los trabajadores, por lo que también luchamos por la construcción de una organización propia de la clase trabajadora junto a todos los sectores oprimidos, que pueda llevar adelante esta tarea. Consideramos que la lucha por una Asamblea Constituyente de estas características no solo que puede abrir un horizonte para una salida progresiva a la crisis, sino que al facilitar la lucha por la profundización de la democracia, puede permitir acercar a los trabajadores a la conclusión de que la efectivización del conjunto de las demandas democráticas de los sectores explotados y oprimidos, solo puede resolverse efectiva e integralmente mediante un gobierno de estas características que inicie la lucha por la construcción de una sociedad socialista. |
