Alberto Fernández viene insistiendo en sus discursos con la necesidad de “cuidar el medioambiente” frente al cambio climático. Mientras tanto, sus aliados son los promotores de la megaminería y la Barrick Gold como Uñac y Gioja en San Juan, o del uso de agrotóxicos como Bordet en Entre Ríos. ¿En qué quedamos?
Cierra la campaña. Comienza la cuenta regresiva de cara al domingo. El experimento del país atendido por sus propios dueños llega a su fin y Macri se va, como ya lo adelantaron los resultados de las PASO.
Pero a pesar de las expectativas por el recambio presidencial se quedan la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron cómplices de este Gobierno. Y detrás de los slogans y frases de campaña que buscan cierta épica progresista, se reafirma un modelo de saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales que tiene a sus principales promotores entre los (ahora) aliados de Alberto Fernández.
“Minería sustentable” ¿de la mano de la Barrick?
En una de sus últimas visitas a la provincia de San Juan, el candidato a presidente del Frente de Todos brindó una conferencia de prensa junto al gobernador Sergio Uñac y a su antecesor José Luis Gioja, ahora presidente del PJ Nacional. En esa oportunidad, Fernández aseguró: “Sé que para provincias como Catamarca o San Juan el tema de la minería es muy importante. Y San Juan ha logrado desarrollar la minería de un modo sustentable, con el acuerdo social. Me parece que es un modelo a seguir porque la minería es una fuente de riquezas para provincias como Catamarca y como San Juan”.
El modelo a seguir que propone Fernández tiene un protagonista excluyente en la provincia sanjuanina: Barrick Gold, la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto.
Llegada a la Argentina durante el menemismo en 1993, opera en la mina Veladero desde 2005 en San Juan y es propietaria del proyecto Pascua-Lama en la frontera con Chile. Actualmente obtiene ganancias multimillonarias que remite al exterior, mientras nos deja a cambio la contaminación de nuestros ríos y una legislación cada vez más permisiva para seguir avanzando en el saqueo de nuestros recursos.
El poder del lobby de la Barrick pudo verse apenas a los dos meses de que Cambiemos llegara a la presidencia. El 12 de febrero de 2016 Macri anunció por decreto la eliminación de las retenciones al sector minero, una modificación que significó que el Estado deje de percibir más de 220 millones de dólares. El anuncio fue realizado en la provincia de San Juan, festejado por el gobernador Uñac y por los representantes de Barrick Argentina y de la Cámara Minera.
Pero no era la primera vez que la Barrick lograba el favor de una decisión presidencial. En el año 2008 la minera logró torcer el destino de la Ley de Glaciares, aprobada por unanimidad en Diputados y por amplia mayoría en el Senado. Sin embargo, logró que Cristina Fernández de Kirchner la vetara tan sólo tres semanas después de su aprobación. La razón de ese veto puede rastrearse en lo que era el proyecto de Pascua-Lama, al punto tal que fue bautizado por muchos como el “veto Barrick”.
Unos meses después, en mayo de 2009, el periodista Darío Aranda aseguraba en Página 12: “El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de la minera Barrick Gold, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Dos semanas después, el 30 de abril, los gobiernos de Chile y Argentina dieron luz verde a Pascua-Lama: firmaron el acuerdo tributario para definir las regalías de cada país, la última traba que tenía el proyecto.
Y completaba citando un estudio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en el que se aseguraba: “Pascua-Lama, señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Todo en zona de alta montaña, de glaciares. ‘No existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas, industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre las mismas’.
La construcción de Pascua-Lama sólo era posible vetando la Ley de Glaciares, algo que fue concedido de inmediato y sin chistar.
Voceros de las mineras
Finalmente en 2010 se terminó aprobando una nueva ley, aunque con algunos cambios que fueron muy criticados por sectores ambientalistas y que dejaban las manos libres de la Barrick para avanzar con el proyecto. A pesar de eso, la minera volvió a cargar contra el proyecto y al día de hoy, incluso, continúa insistiendo con su derogación. ¿Quién es su principal aliado en esa cruzada? La respuesta no sorprende: el gobernador Uñac.
En julio de este año, tras una reunión que Fernández, el gobernador declaraba ante los medios sanjuaninos qué temas eran los que habían tratado: “Le expuse que era muy importante reconsiderar la minería. Hay más de 100.000 millones de dólares esperando inversión, respecto de este tapón que tenemos que es la Ley de Glaciares. Y no hace falta no cuidar el medioambiente para hacer minería. En San Juan hemos demostrado que cuidamos el medioambiente, cuidamos la seguridad de las personas y hacemos minería también”
La militancia de Uñac a favor de los intereses de la Barrick es incondicional, pero hay que reconocer que aprendió de un gran maestro en la materia. En tiempos de la gobernación de José Luis Gioja, su antecesor en el cargo y padrino político, la empresa canadiense protagonizó el desastre ambiental más grande de la historia argentina.
El 12 de septiembre de 2015, cinco millones de litros de agua cianurada fueron derramados en Veladero, contaminando los ríos Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y Blanco. En un primer momento la minera quiso esconder la magnitud de semejante desastre y contó para ello con el aval del propio Gioja, quien hasta salió al cruce de la Universidad de Cuyo por un estudio publicado sobre los efectos del derrame. En el mismo se aseguraba haber encontrado residuos altamente peligrosos catorce veces más de lo permitido en el suministro de agua local de Jáchal. “La intención es dañar a San Juan” respondió enfurecido el gobernador Gioja, quien además calificó el informe como “falso” y “dañino”. Tiempo después las consecuencias del derrame fueron inocultables y al día de hoy varios ex funcionarios atraviesan procesos judiciales por ese motivo. Otra fue la suerte de los directivos de la empresa, que siguen gozando de total impunidad.
Un combo letal
Para “poner de pie” a la Argentina, Alberto Fernández insiste en la necesidad de “generar dólares”. Y para ello insiste con un modelo apoyado en tres pilares: la minería, Vaca muerta y las exportaciones del agro.
Las ficciones del “modelo” de Fernández y los motores con los que sueña su equipo económico ya han sido analizadas por este diario en otra oportunidad, así como las consecuencias que deja a su paso. Pero más aún, las condiciones de saqueo actual parecen no ser suficientes y las multinacionales reclaman mayores beneficios, algo en lo que el candidato del Frente de Todos y su equipo ya se encuentran trabajando.
En varios medios ya fue publicado que Alberto Fernández trabaja sobre un proyecto de ley para “potenciar” Vaca Muerta y tanto él como parte de sus economistas han dicho que esa será una prioridad para su Gobierno. A pesar del discurso “ecofriendly” que ha tomado en las últimas semanas de campaña, el candidato del Frente de Todos busca generar condiciones de “mayor competitividad” para favorecer las inversiones de empresas extranjeras entre las que se encuentran: menor nivel de impuestos, facilidades para remitir dólares al exterior y redefinir la forma en las que se otorgan las concesiones, dándole más lugar a quienes tengan “más capacidad financiera”. Esta última cuestión favorecería a las petroleras más importantes a nivel internacional, siempre dispuestas a llevarse todo.
El otro pilar en el que pretende apoyarse Fernández es el modelo de agronegocios que encuentra a la provincia de Entre Ríos y a su gobernador, Gustavo Bordet, como grandes exponentes. Y para muestra acerca de lo que implica su modelo solo hace falta un botón: por medio de un decreto provincial, Bordet intentó modificar normas que prohiben las fumigaciones terrestres con agrotóxicos a menos de un kilómetro de distancia de las escuelas rurales, reduciéndolas a tan sólo 100 metros. Una medida que sin duda expone a adultos y niños de forma sumamente peligrosa. Sin embargo, la Justicia dejó sin efecto el decreto del gobernador que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos pueden verse en las estadísticas escalofriantes que maneja la provincia: mientras un informe publicado por el Instituto Nacional del Cáncer (INC) en 2017 indicó que Entre Ríos ocupaba el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer con 140 casos cada 100.000 habitantes (la media nacional en ese momento indicaba menos de 120 casos cada 100.000), un relevamiento realizado en febrero del 2018 afirmaba que el 55 % de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones provenían de la provincia mesopotámica.
Sin embargo, a pesar de estas estadísticas, a Alberto Fernández los fallos judiciales que limitaron la fumigación con glifosato le parecieron “desmedidos”.
La experiencia reciente muestra que, detrás de los discursos sobre el cuidado del medioambiente, los (exaliados de Macri y ahora) aliados de Fernández actúan como voceros de las grandes patronales, sean nacionales o multinacionales. Campeones de promover el extractivismo sin reparos en el daño ambiental y en la salud que esto genera.
Si durante todos estos años promovieron este modelo de saqueo y contaminación de nuestros recursos, llegando incluso a adaptar la legislación para favorecer los intereses de unos pocos a costa de la salud de millones: ¿por qué habría que pensar en que a partir de ahora será distinto?
