Pese a ser una de las universidades más importantes de América Latina muchos académicos y estudiantes han denunciado que la UNAM conserva estructuras altamente verticales y antidemocráticas. El Tribunal Universitario, la junta de Gobierno y la Rectoría constituyen en la UNAM un verdadero “virreinato”, con prácticas medievales heredadas de cuando aún era nombrada “Real y Pontificia”.
Sobre el Tribunal Universitario
El Tribunal Universitario se creó en 1945 como un órgano encargado de “vigilar la disciplina en la Universidad” y ser garante de “la legalidad en los conflictos entre cualquier integrante de la comunidad universitario”. En la práctica, el Tribunal Universitario se ha encargado de repartir sanciones, que van desde extrañamientos hasta expulsiones definitivas. En el Tribunal Universitario las autoridades “acusan, juzgan y sentencian”, es decir, son juez y parte.
De acuerdo con el artículo 99 del Estatuto General de la UNAM, el Tribunal Universitario estará integrado, para todos los casos, por un presidente (el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho), un vocal permanente (el investigador de mayor antigüedad del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas), un vocal académico (el profesor o investigador más antiguo del Consejo Técnico o Interno de la entidad de que se trate el asunto) y un secretario (el abogado general de la Universidad). Si el acusado es estudiante, se agregarán además los dos consejeros técnicos alumnos del plantel al que pertenece el inculpado.
Según un informe de Contralínea publicado el 30 de junio del 2013, el número de casos que concluyeron en sanciones representan el 97% de las denuncias ejercidas. Sin embargo, se ha criticado que la efectividad de este organismo radica en el nulo derecho de réplica que otorga a los acusados.
Críticas al actuar del Tribunal Universitario
Algunos casos emblemáticos de su actuar han quedado registrados como casos de represalia institucional hacia activistas de izquierda y sectores organizados en la Universidad. Como es el caso de cuatro estudiantes suspendidos durante 3 años por defender las prácticas de campo en la licenciatura de la Ingeniería Agrícola en el año 1986.
Al caso anterior se suman las 500 expulsiones de estudiantes que participaron en el movimiento universitario de 1999 que defendió la gratuidad de la Universidad frente al reglamento general de pagos que quería imponer el rector Francisco Barnés. El 23 de abril del 2013, también se hizo pública la suspensión de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan que se manifestaron junto a sus compañeros en contra de la reforma al plan de estudios de los CCH. Además, recientemente se han hecho conocidas los despidos unilaterales de profesores críticos y que se organizan para defender sus condiciones laborales.
Las críticas a este órgano no solo han venido de sectores de estudiantes organizados sino de académicos. Es el caso del profesor Eduardo López Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho, quien, cuando pertenecía al Consejo Universitario declaró que el Tribunal Universitario está “hecho a modo para servir a la autoridad, para que se cumplan sus deseos, lo que lo hace carente de legalidad y autoridad moral”. Otro académico que se ha sumado a las críticas a este órgano es José Enrique González, quien fuera docente de la UNAM durante 30 años y quien declaró que el Tribunal “es más un órgano de punición y represión que un órgano de justicia”.
Un órgano al que hay que desaparecer
El actuar del Tribunal es históricamente conocido y se han presentado varias iniciativas que han pretendido reformarlo o disolverlo. Durante el Congreso Universitario celebrado en 1990, que sería el encargado de reformar la Universidad, de entre los casi 400 acuerdos uno de ellos refiere a la desaparición del Tribunal Universitario, el cual sería sustituido por comisiones jurisdiccionales.
Es un hecho pues, que el Tribunal no defiende los intereses del conjunto de la comunidad universitaria. Por el contrario, defiende los intereses de un pequeño grupo de la burocracia universitaria. O como señala la profesora María Esther Navarro Lara: “Todos los miembros del Tribunal Universitario son autoridades porque son consejeros, de modo que es la autoridad la que acusa. Esa misma autoridad juzga; y esa autoridad expulsa o aplica ‘la pena de muerte en lo académico’ a los estudiantes que se le oponen”.
El Tribunal está al servicio de las mismas autoridades que garantizan que los planes de estudio estén acoplados a las exigencias de la OCDE. Autoridades que hacen que los intereses del mercado se apliquen al interior de la UNAM, y que cuando hay “austeridad republicana” que recorta el presupuesto a la UNAM, siguen percibiendo salarios millonarios. No hay que olvidar que son las autoridades quienes mandan a golpear y reprimir a los jóvenes que se manifiestan, como el pasado 3 de septiembre del 2018 en el que grupos porriles atacaron a estudiantes justo enfrente de la Rectoría, otro órgano antidemocrático y medieval.
La lucha contra la antidemocracia en la UNAM
El Tribunal Universitario es una de tantas estructuras verticales y antidemocráticas que imperan en la UNAM. Sólo es una expresión de la nula participación de estudiantes, académicos y trabajadores para incidir en la vida de la Universidad. Esto se concreta en la imposibilidad, siquiera, de elegir a directores y autoridades de los planteles, mucho menos de elegir al rector o poder incidir en las decisiones del Consejo Universitario, donde el voto de los alumnos es consultivo y el Rector tiene voto plenipotenciario.
Los estudiantes que impulsamos la Agrupación Juvenil Anticapitalista en la UNAM nos posicionamos por la desaparición de este organismo, y estamos por la construcción de comisiones independientes formadas por estudiantes, trabajadores y académicos, y en su caso defensores de derechos humanos, que investiguen las denuncias. Todo ello en perspectiva de poner en pie un gobierno tripartito (formado por los tres sectores) el cual pueda transformar de manera radical la estructura anquilosada de la UNAM. Para de verdad poner nuestros conocimientos al servicio de las grandes mayorías de la sociedad que somos quienes mantienen en pie esta casa de estudios.
En ese sentido, invitamos a todos los estudiantes, académicos y trabajadores a participar de la consulta que se estará impulsando en las escuelas, colegios y facultades de la UNAM, del 4 al 9 de noviembre. Una consulta donde se exprese una voz independiente de las autoridades y que sea un primer punto de encuentro para decidir en conjunto el rumbo de nuestra universidad.
| 
