La sesión legislativa donde se votó la ampliación de los aportes privados a las campañas electorales de la provincia dejó mucho que hablar. El comentario de los empleados legislativos era que por fin después de varios años se daba una sesión “caliente” con debates apasionados. Claro, se daba una pelea por el financiamiento estatal y privado de las campañas electorales.
Utilizando cínicamente las inundaciones de Febrero como excusa, el oficialismo limitó el aporte estatal y multiplicó por cinco la posibilidad de aportes privados. Para completarlo eliminaron los pocos controles y auditorías que existían sobre el financiamiento de las campañas.
En una sesión repleta de medias verdades, cruzadas por chicanas entre el oficialismo y la oposición burguesa, la intervención de Laura Vilches se destacó por un planteo de conjunto sobre mínimos elementos para una reforma del Código electoral (Ley 9571) que sea un poco más democrática.
Tras despejar que la actual ley fue parida como reforma política en 2008, para legitimar nuevamente el sistema electoral cordobés que había quedado maleherido luego de las denuncias de fraude en las elecciones de 2007, el planteo del Frente de Izquierda fue sencillo pero revulsivo a la vez.
Se presentó un despacho en disidencia cuyos principales puntos eran: 1- incluir en el padrón a los mayores de 16 años y los inmigrantes domiciliados en la provincia. 2- La eliminación completa de los aportes privados. 3-El reparto igualitario de los fondos estatales y los espacios publicitarios entre todas las listas y que los espacios publicitarios en los medios sean cedidos por los mismos. 4- La eliminación del casillero de “Voto Lista Completa” en la Boleta Única de Sufragio. Este despacho, claro está, no fue acompañada por ningún bloque opositor.
La sesión fue una lección concentrada de politiquería burguesa: al notar que estaban ausentes algunos legisladores oficialistas, la oposición patronal comenzó a especular que si se retiraban, se terminaba el quórum en la Cámara y no se podía votar la reforma. Ante esta posibilidad, los bloques mayoritarios de la oposición empezaron a deliberar permanentemente entre ellos.
La disyuntiva era que, de asestarle una derrota política enorme al oficialismo dos meses antes de las elecciones, implicaba quedarse sin la posibilidad de aportes privados (recordemos que el PRO recaudo en una cena 120 millones de pesos). El jefe de la bancada oficialista tomó el guante al desafío y redobló la apuesta; les planteó a los opositores que hicieran un compromiso público ya que si rechazaban las modificaciones sería coherente que renunciaran a la posibilidad de aportes privados. Ante el silencio de todos los bloques patronales el Frente de Izquierda rechazó lo que es obvio, ningún empresario financiaría la campaña del FIT.
