La propuesta del gobierno boliviano de resolver la crisis política mediante una auditoria vinculante, propuesta que fue aceptada por la OEA, Donald Trump, y gobiernos de la región como Perú, México, Brasil, fue rechazada por importantes sectores de la oposición de derecha. Carlos Mesa, acaba de sumarse a esta posición.
Ayer martes en horas de la tarde, la senadora electa por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, fue la primera en aceptar la auditoria vinculante. Declaración que provocó el inmediato rechazo de los sectores endurecidos y radicalizados del comité cívico de Santa Cruz, que señaló que los Cabildos determinaron exigir ya no una segunda vuelta sino la anulación de las elecciones, y calificaron las gestiones de la OEA como favorables al gobierno de Evo Morales. Un elemento detrás de estas posiciones es que consideran que el secretario general de este organismo, Luis Almagro, no gozaría de imparcialidad ni credibilidad dado que fue quien respaldó –meses atrás- lo que califican la candidatura ilegal del binomio Evo Morales-García Linera.
Carlos Mesa, luego de haber afirmado en un multitudinario cabildo el lunes 28, de que luego de este movimiento “o iba preso o terminaba como presidente”, se manifestó favorable a la auditoria vinculante, aislando a los sectores radicalizados, aunque llamó a mantener la movilización hasta que la OEA emita el veredicto de que "hubo fraude". Sin embargo, como parte de sus declaraciones también aseguró que el objetivo de su alianza política es “sacar a Evo Morales” de la presidencia el 22 de enero de 2020 y hace minutos vuelve a cambiar de posición, pateando el tablero, al anunciar en conferencia de prensa que Comunidad Ciudadana "no acepta la auditoria en los actuales términos pactados unilateralmente entre el MAS y la OEA".
Previo a este hecho, en horas de la mañana de este miércoles el canciller, Diego Pary, en conferencia de prensa señaló los elementos con los que se instalará la “auditoria integral vinculante” que inicia oficialmente mañana. El convenio establece que Bolivia garantizará todas las facilidades. La comisión tendrá acceso al cómputo oficial de votos así como a la verificación de las actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia, esto en el marco y en "conformidad con las normas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia". Señaló también que se brindará a los expertos internacionales pleno acceso a las instalaciones e información que consideren necesaria. La auditoría se concentrará en “la jornada de votación del 20 de octubre y las fases posteriores”. Así mismo afirmó que el “resultado de la auditoria es vinculante para las dos partes”.
Ayer martes, también en conferencia de prensa, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, al tiempo de convocar a la oposición a que abandone su rechazo a la auditoria y se sume a la misma manifestó: “No hay mejor salida que recurrir a un árbitro internacional que nos aclare qué tal están los votos del domingo 20. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular que se expresó el domingo", y ratificó lo que ya venían declarando tanto Evo Morales como el vicepresidente García Linera de que “si se prueba el supuesto fraude, eso determina una segunda vuelta. Desde luego que es vinculante, nada más vinculante que ello”. Se estima que la auditoria tendría una duración entre dos semanas y un mes.
Esta auditoria se da luego de 8 días de paro con bloqueo de caminos y un aumento de la violencia y de los enfrentamientos entre sectores de la heterogénea oposición de derecha y el oficialismo. Esta heterogénea oposición de derecha va desde el comité cívico pro Santa Cruz; los comités cívicos del Sur (Sucre, Tarija, Potosí, Cochabamba y Oruro); pasando por la centro-derecha de Comunidad Ciudadana (CC); la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia que es un organismo formado por la Universidad Mayor de San Andrés y la Asamblea Permanente de DD.HH); plataformas ciudadanas y la recientemente formada “Coordinadora de Defensa de la Democracia” (impulsada por Carlos Mesa, además del alcalde de La Paz, Luis Revilla; el gobernador de Tarija, Adrian Oliva; el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín; el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Pumari; así como el empresario del cemento y ex candidato presidencial del partido Unidad Nacional, Samuel Doria Medina); y hasta el POR (Partido Obrero Revolucionario).
Luis Fernando Camacho (llamado estos últimos días como el “macho Camacho”), presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y que reivindica un proyecto federalista de país, apoyado por la juventud cruceñista quiénes se dedicaron a agredir a personas que consideran indígenas y kollas en la ciudad de Santa Cruz, adelantó su desacuerdo con la auditoria impulsada por el gobierno y afirmó la continuidad de las movilizaciones y bloqueos hasta que sea declarada la nulidad del proceso electoral. Así también, los comités cívicos del Sur, durante una conferencia de prensa ayer martes realizada en la Casa Social del Maestro en la ciudad de La Paz, declararon a través del presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echalar (militante del POR), “que la única salida a los conflictos y la convulsión social en que se vive en el país es la expulsión del presidente Evo Morales del poder y convocaron a radicalizar las medidas de presión en todo el territorio nacional”.
En este escenario y mientras ambos bandos en disputa - el oficialismo y la oposición- se responsabilizan mutuamente de incitar a la violencia, se produjeron enfrentamientos que fueron más violentos dejando heridos en distintas ciudades del país como es el caso de Cochabamba donde incluso hubieron heridos de bala. En las ciudades de Santa Cruz y La Paz también se denunciaron heridos.
A horas de que se inicie la auditoria de la OEA, los sectores en disputa mantienen sus medidas de presión. Los bloqueos de la oposición persisten mientras ayer en la noche se instalaba una gran vigilia de sectores sociales en apoyo a Evo, en los alrededores de la plaza Murillo que es el centro político de La Paz.
La derecha pro imperialista a la ofensiva
El desarrollo del paro cívico con bloqueo de caminos iniciado por Comunidad Ciudadana, con el respaldo de todos los partidos de la oposición de derecha, plataformas ciudadanas, universidades así como los comités cívicos arriba descritos, con las brutales manifestaciones de racismo, homofobia que se expresaron en múltiples puntos de bloqueo es el resultado de las permanentes concesiones que Evo Morales y el gobierno del MAS han venido realizando en favor de los sectores financieros y bancarios, empresariales y de la agroindustria, durante los últimos años. Incluso al detonarse la crisis sobre la base de la acusación de fraude por parte de la oposición, el gobierno del MAS hizo suya la salida de la OEA de auditoria vinculante e integral acallando las voces de algunos de sus propios funcionarios como la presidenta de la cámara de Senadores, Adriana Salvatierra o desde la Defensoría del Pueblo, que en un primer momento habrían denunciado la injerencia imperialista en la política interna del país.
El recurso de la auditoria mediante la OEA adoptado por Evo Morales, embellece a este organismo al servicio del imperialismo como si fuera el garante de la democracia en la región olvidándose que el mismo avaló la ofensiva reaccionaria de Guaidó y Trump en Venezuela.
El reverdecer de la derecha radical en el país, hoy aglutinada bajo el ala del ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, también se ha visto acrecentado por una política crecientemente autoritaria y semi-bonapartista del gobierno de Evo que le ha entregado a este sector reaccionario banderas democráticas que sirven de tapa rabo de la movilización racista. Esta situación se explica también por un proceso acumulativo de desgaste del gobierno frente a la derrota del referéndum del 21 de febrero de 2016 -que por un diferencia mínima dijo NO a una nueva reelección de Evo- y que derivó en subsecuentes maniobras judiciales y legales para desconocer el resultado electoral del 21F imponiendo su candidatura con el apoyo incluso del propio Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
La sorprendente e irregular suspensión del conteo de votos a través del sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del domingo 20 de octubre, alimentó las denuncias y la ofensiva de la derecha dando paso a la crisis actual.
Lamentablemente algunas organizaciones sindicales como el Magisterio Urbano de La Paz y Cochabamba y organizaciones de izquierda como el POR, han utilizado las banderas de “defensa del voto” y “contra el fraude” para sumarse activamente a las movilizaciones organizadas por la derecha pro imperialista cubriendo esta vergonzosa orientación con su participación como “bloque independiente”. Desde la LOR-CI hemos denunciado esta ubicación y esta política que contribuye a cubrir el flanco izquierdo del paro cívico reaccionario, de la misma manera que hemos denunciado la injerencia de la OEA que hoy Evo convierte en garantía democrática. Consideramos que la única manera de derrotar y arrinconar a la derecha reaccionaria es sobre la base de la movilización independiente y revolucionaria de las y los trabajadores de la ciudad y el campo, de las mujeres, de las diversidades sexuales y de las comunidades indígenas y campesinas que rechazan verse envueltas en una polarización que excluye la discusión y ampliación de múltiples derechos y libertadas democráticas ninguneados en el acuerdo constitucional –pactado por el MAS y la oposición- el 2008.
En este escenario, es probable que el gobierno termine imponiéndose pero mucho más condicionado ya que iniciaría su cuarto mandato con una fuerte deslegitimación política de la mitad de la población pero reteniendo el apoyo de los sectores obreros campesinos y diversos movimientos sociales. Cabe señalar también, que Evo Morales sigue siendo visto por parte de los organismos internacionales como una garantía de la “paz social” y de los negocios capitalistas como lo evidencia el sostenido crecimiento económico que contrasta con las tendencias regionales que le ha merecido al gobierno de Evo Morales un tratamiento distinto al de su par venezolano.
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