Este viernes se conoció la imputación contra la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich. La investigación es sobre como actuó el Gobierno en el “conflicto” entre las comunidades mapuches y propietarios formales de tierras en el sur del país.
Fue en defensa de estos últimos que Patricia Bullrich utilizó el poder de fuego del Estado para atacar el legítimo reclamo de la comunidad mapuche, que defiende sus tierras. El crimen de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, perpetrados por gendarmes y prefectos respectivamente, tuvieron el objetivo de aplastar los derechos ancestrales de estas comunidades.
En el sur del país, en la Patagonia Argentina, los pueblos originarios sufrieron múltiples represiones. También realizaron sobre ellos espionaje ilegal. Por este motivo el fiscal Picardi solicita que se investigue si sobre estas comunidades se efectuó inteligencia ilegal “en coordinación con Carabineros de la República de Chile, a los fines de involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas así como a construir en la figura del R.A.M. una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de los derechos constitucionales que la asisten".
Por esto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció en la justicia a la ministra Bullrich; al exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Cané; al secretario de Seguridad, Gerardo Milman y a Pablo Noceti (exjefe de gabinete y uno des responsables de dirigir la represión que terminó con la vida de Maldonado).
La denuncia es por ser autores de un plan criminal contra las comunidades mapuches.
La comunidad mapuche fue sistemáticamente atacada por el gobierno de Cambiemos. Patricia Bullrich, desde el ministerio que conduce, fue la portavoz de esa política. La construcción de un enemigo (tanto la comunidad mapuche como el pueblo pobre), le permitió al Gobierno endurecer las políticas represivas. En ese marco llegó a “legalizar” el gatillo fácil, bajo la doctrina Chocobar.
Antes de esto, el crimen de Santiago Maldonado, mostró la impunidad con las que se manejaban desde el Ministerio de Seguridad. Pablo Noceti, por entonces segundo de Patricia Bullrich, un día antes de la desaparición de Maldonado reunía a los jefes de las fuerzas represivas de la zona de Río Negro y Chubut, para aplastar los reclamos de la comunidad mapuche. Así lo hicieron.
A pesar que la desaparición de Santiago -que durante 78 días y que provocó la movilizaciones en todo el país pidiendo justicia- Patricia Bullrich continuó defendiendo a la Gendarmería, la fuerza represiva que actuó contra la comunidad mapuche.
Luego de dos años algo se comienza a mover en las causas contra estos crímenes. El 6 de septiembre se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut), que ordenó reabrir la causa penal por desaparición forzada de Santiago Maldonado (donde está implicada directamente la Gendarmería nacional) que a fines de noviembre de 2018 había cerrado el juez federal de Rawson Gustavo Lleral.
En un pasaje del fallo, la Cámara afirma que “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.
Finalmente el comunicado agrega que “la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado”.
La lucha contra la impunidad continua. Bullrich y el gobierno de Cambiemos, junto a las fuerzas represivas que intervinieron en estos crímenes deben ser juzgados.
| 
