La “transición ordenada” -que festejan Macri, Alberto Fernández y los grandes medios de comunicación- se está convirtiendo en un caos para la población trabajadora del país.
Este jueves se conoció un aumento del 5 % en el precio de los combustibles. La suba llega cuando aún rige formalmente el congelamiento dispuesto por el gobierno nacional luego de las PASO. Esto quiere decir que, con seguridad, habrá nuevas alzas a partir del 13 de noviembre.
No es la única mala noticia. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires ya saben que en enero sufrirán un nuevo tarifazo en la electricidad. Será del 25 %. En un marco de crisis social, las privatizadas siguen haciendo enormes negociosa a costa de la población.
Axel Kicillof le pidió a Vidal que suspenda el aumento. La gobernadora rechazó el pedido. El futuro gobernador no dijo si lo cancelará cuando asuma. Como antecedente, hay que recordar que en doce años de kirchnerismo no se tocó el esquema de privatizaciones.
Los celulares serán otro de los rubros que verán subir sus precios. Las prepagas, como ya ocurrió muchas veces, también. Los golpes en el bolsillo se sienten más duramente en productos esenciales. La carne, el pan o las verduras no paran de escalar en cuanto a sus valores.
La inflación no sale de la nada. Los formadores de precios, responsables de la remarcación constante, se pueden encontrar entre las multinacionales alimenticias, las grandes cerealeras, las cadenas de comercialización y los grandes supermercados.
Es urgente imponer límites a estos golpes contra el nivel de vida. Una medida elemental es conformar comités de trabajadores y usuarios populares para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta. Hay que extender ese control a los stocks, para evitar que las empresas extorsionen con el desabastecimiento. Además, hay que exigir la apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que dicen estar obligadas a ajustar sus precios.
El salario no puede perder en la carrera contra los precios. Hay que imponer un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales. Además los sueldos deben estar indexados acorde a la inflación.
Despidos, suspensiones y tregua
Con un gobierno que va “de salida” y otro que aún no asume, los empresarios creen tener terreno libre para avanzar contra los trabajadores.
Este viernes, los operarios de la metalúrgica Motomel se enteraron de la suspensión masiva en la planta de San Nicolás. Les pagarán el 50 % del salario. La conducción de la UOM, como siempre, justificó a la patronal.
En la ciudad de Córdoba, el restaurant Rancho Grande cerró dejando a 19 trabajadores en la calle. La patronal no envió los telegramas de despido y simplemente abandonó el lugar.
Se trata de apenas dos ejemplos del accionar de los empresarios. Aprovechando la enorme tregua que garantizan las conducciones burocráticas de los gremios, intentan avanzar sobre la clase trabajadora.
Las patronales buscan también imponer mayor precarización laboral. Este jueves, los trabajadores de la Línea 60 fueron al paro total en defensa de sus puestos de trabajo, rechazando la división de cabeceras, quitar ramales y reducir el servicio.
Este mismo viernes, los trabajadores ferroviarios fueron al paro por cuatro horas para reclamar por sus salarios. La amenaza de una nueva medida de fuerza ya se hizo pública.
A pesar de estos ataques al salario y a las condiciones laborales, la conducción de la CGT y el resto de las centrales sindicales se mantiene en la más absoluta pasividad. Como lo hicieron en estos cuatro años de macrismo, garantizan una tregua que solo favorece a los empresarios.
Si antes decían que había que esperar a 2019, ahora parece que están demasiado "ocupados" negociando cargos y lugares de poder hacia el gobierno que viene. Lo que nunca hacen es defender los intereses del conjunto de la clase obrera.
Al mismo tiempo, ya empiezan a prepararse para la eventual firma de un pacto o acuerdo social. Mientras los empresarios aumentan los precios o reclaman por menos impuestos, la dirigencia sindical peronista-kirchnerista va de reunión en reunión, sin convocar a ninguna medida de lucha.
Esa fue la exigencia que hizo este viernes Nicolás del Caño. El ex candidato presidencial insistió con la denuncia y el llamado a que la CGT y demás conducciones rompan la tregua y enfrenten los ataques patronales.
Al mismo tiempo, es preciso plantear medidas urgentes para impedir que esta crisis se siga descargando sobre la clase trabajadora.
Hay que imponer la prohibición inmediata de despidos y suspensiones. Además, hay que tomar y poner a producir toda empresa que cierre. Las familias trabajadoras no pueden pagar las consecuencias de los malos negocios capitalistas.
La desocupación ya supera el 10 % y en la juventud alcanza porcentajes mucho más altos. Hay que terminar con una situación que hunde a las mayorías trabajadores en la miseria. Es preciso imponer el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, garantizando un salario igual a la canasta familiar.
Durante la campaña electoral, el Frente de Izquierda Unidad fue el único espacio que planteó la necesidad de que la crisis deje de recaer sobre las mayorías populares. En los años de macrismo no todos perdieron. Por el contrario, hubo claros ganadores. Entre ellos hay que contar a los grandes bancos, las privatizadas, los terratenientes y los especuladores financieros, entre otros.
En ese marco general, se impone la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa. El endeudamiento externo es, realmente, la "madre de todas las batallas". Las mayorías populares están condenadas a un mayor ajuste y empobrecimiento, sino se pone freno a ese saqueo. | 
