En su columna para El Mercurio Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales, realizó una reflexión sobre la actual situación social y política que afecta a Chile.
La nota titulada “El debate de estos días” plantea que la demanda por una asamblea constituyente y una nueva constitución política no son medidas que puedan solucionar las demandas que han emanado del movimiento social, por lo que no sería algo “urgente” de atender. Señala que “presentar la cuestión constitucional como la clave del malestar es un simplismo, una utopía halagadora, apenas el sucedáneo de utopías mejores que en estos tiempos ideológicamente flojos brillan por su ausencia”. Agrega que “puede haber razones normativas para cambiar la Constitución, pero esas razones son independientes de las causas que produjeron los acontecimientos de estos días”; “…hoy lo que hay es un fetichismo constitucional por parte de la gente que plantea esta medida”; “Sugerir el arreglo constitucional como si fuera la clave para resolver el malestar es una simple falacia“.
A la reflexión por una asamblea constituyente y una nueva constitución, se sumó la de las causas del problema, el rector plantea que “las nuevas generaciones experimentan una cierta anomia (conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación) que las hace padecer eso que Durkheim llamó “el mal del infinito“ (es decir, una insatisfacción entre sus deseos y la posibilidad cierta de concretarlos). El anhelo de muchas cosas acompañado de un deterioro del principio de realidad. Agrega que “los nuevos grupos medios que han logrado acceder al bienestar” están expuestos y tienen miedo a “la vejez y a la enfermedad”, y que “los tropiezos del crecimiento han deteriorado la expansión del consumo y la promesa del bienestar”, dejando “la herida de la desigualdad al descubierto”.
Las reflexiones del académico exponen un temor que es transversal en la clase política de Chile, ya sea de derecha o de los mal llamados partidos de izquierda: modificar estructuralmente el sistema heredado desde la dictadura y por ende, perder todos los privilegios que estos poseen. Acordamos que desde ese proceso histórico la población tuvo un retroceso en el ámbito de la discusión y producción ideológica, pero aunque el terror hizo muy bien su trabajo no erradicó la consciencia de clase. Las generaciones que nacimos en dictadura y las posteriores sabemos que la verdadera falacia es esa de que la alegría llegaría bajo un modelo económico que lo único que hace es enriquecer a un grupo mínimo de la población, que ayudado por la institucionalidad estatal, no ha hecho más que profundizar su riqueza y su poder a costa del sometimiento de la mayoría bajo el falso principio de la democracia.
Por otro lado, ubica como causas del problema a la juventud y las clases medias, es decir, desvía el origen del problema hacia los explotados dejando al explotador (clase político empresarial) como simple espectador.
Sin duda que la clave del malestar no radica en la cuestión constitucional, sino en la existencia de un modelo económico y político que privatiza derechos sociales y recursos naturales, que obliga a la población a vivir con sueldos que no permiten llegar a fin de mes, que obliga a las familias a endeudarse para poder llevar a sus hijos e hijas a la educación superior, que obliga a pasar más tiempo en el trabajo que con la familia, que obliga a seguir trabajando aunque ya se alcanzara la edad de jubilación. Es decir, en un sistema que perpetua los privilegios de unos por sobre otros y que nos vende la falsa idea de la clase media cuando en realidad un 99% de la población constituye a la clase trabajadora y el otro 1% la clase empresarial que acumula una riqueza inimaginable.
Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios creemos que dentro de los parámetros del capitalismo la opción más democrática para modificar estructuralmente el modelo y avanzar en la concreción de aspiraciones es mediante una Asamblea Constituyente libre y soberana, compuesta por 1 representante cada 20.000 personas, con cargos revocables y elegidos democráticamente; libre, ya que no deben haber restricciones para la discusión y soberana, debido a que no debe haber ningún poder sobre ella.
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