A través de una encuesta elaborada durante octubre por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc), el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), se sondearon las opiniones de 1033 personas sobre la crisis política y social que atraviesa el país. Considerando participantes desde los 15 años, los resultados mostraron gran apoyo a las movilizaciones y a la necesidad de cambiar la Constitución heredada de la Dictadura Cívico Militar.
En relación al nivel de acuerdo con respecto a cambiar la actual Constitución, un 83,9% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que se cambie. Al contrario, solo un 6,3% estaría en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Al indagar sobre el mecanismo para llevar a cabo esto, más tres cuartos (75,7%) de las personas indican que el mecanismo debiera ser una "Asamblea Constituyente electa por los ciudadanos".Sólo un 14,7% delegaría la responsabilidad a un grupo de expertos y un insignificante 3,4% cree que le corresponde al Parlamento.
A la hora de ver qué piensan sobre les actores que están dispuestos a tomar decisiones que resuelvan el conflicto, al rededor del 65% cree que ni el Presidente ni el Parlamento lo harán.
En resumen se ratifica el hastío con la desigualdad e injusticia que implica la actual constitución y que la salida a este problema no lo ven en las instituciones del Estado. Por esto es que desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios estamos por organizarnos en coordinadoras, comités o asambleas territoriales para que, mediante la autoorganización le demos la base social a una Asamblea Constituyente, pero Libre y Soberana, donde lo spoderes del Presidente y el Parlamento no estén más por sobre la desición del conjunto de la clase trabajadora, estudiantes y los pobladores.
Además ante el actuar de la Derecha insistimos en que las organizaciones sindicales y estudiantiles, así como los partidos que dirigen ahí debemos llevar adelante una Huelga General, efectiva e indefinida, como herramienta de la clase para acabar con Piñera y su Gobierno y definir las bases de una sociedad más justa por medio de la deliberación organizada de la población con representantes legitimados en estos espacios y con posibilidad de revocarlos en caso de no cumplir el mandato de las mayorías
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